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El Senado de Estados Unidos ratificó en la madrugada de este sábado a Todd Blanche, exabogado personal de Donald Trump, como nuevo fiscal general, consolidando el control de un estrecho aliado del presidente al frente del Departamento de Justicia. La confirmación, alcanzada por una ajustada votación, se concretó luego de que el sector más reticente del bloque republicano desestimara sus dudas respecto a una eventual politización del organismo.

"Me siento profundamente honrado por la confianza que el presidente Trump ha depositado en mí para dirigir el Departamento de Justicia", escribió Blanche en una publicación de X cuando se anunció su confirmación.

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El abogado de 51 años, quien ya ejercía como fiscal general interino tras la abrupta salida de Pam Bondi en abril, representó a Trump en varios procesos penales antes de sumarse a la administración.

Los demócratas se opusieron a su nombramiento desde el inicio y denunciaron un intento de Trump por utilizar el Departamento de Justicia como un instrumento político.

En el Senado, la ratificación se logró por un ajustado margen de 50 votos contra 49. El oficialismo hizo valer su ajustada mayoría a pesar de que dos senadoras republicanas, Susan Collins (Maine) y Lisa Murkowski (Alaska), votaron junto al bloque demócrata en rechazo a la postulación.

Las concesiones que destrabaron la confirmación

El camino hacia la confirmación estuvo al borde del colapso durante días debido a las reticencias de un pequeño grupo de senadores republicanos, cuyos votos resultaban indispensables para alcanzar la mayoría.

El principal foco de conflicto radicaba en el polémico "Fondo contra la Armamentización", impulsado bajo la gestión interina de Blanche. Este contemplaba la creación de un fondo de compensación de 1.800 millones de dólares destinado a personas que el gobierno considera víctimas de "persecución o instrumentalización judicial".

Los opositores advirtieron que esta partida presupuestaria estaba diseñada para beneficiar a aliados políticos del presidente, incluidos los manifestantes procesados por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Otro tema polémico fue una propuesta extraordinaria que otorgaba inmunidad a Trump, a sus dos hijos mayores y a la Organización Trump frente a auditorías del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Blanche pudo desactivar la oposición dentro de su propio partido emitiendo un compromiso formal por escrito en el que se comprometía a eliminar el "Fondo contra la Armamentización" de la justicia. Además, aclaró que la protección ante el IRS solo tendrá carácter retroactivo sobre ejercicios fiscales pasados, excluyendo cualquier tipo de blindaje para declaraciones futuras. Esta concesión terminó por inclinar la balanza, asegurando el respaldo decisivo de los senadores que faltaban.

Cuestionamientos demócratas por la "instrumentalización" del Departamento

Desde el inicio del proceso de impugnación, los demócratas se opusieron a la figura de Blanche, acusando a la administración Trump de desmantelar la tradicional independencia que históricamente caracterizó al Departamento de Justicia.

"Se supone que el fiscal general es el abogado del pueblo. El señor Blanche sigue actuando como el abogado personal del presidente, tratando al Departamento de Justicia como un bufete que presta servicios a un solo cliente: el presidente", dijo el martes el senador Dick Durbin, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial del Senado.

Blanche ingresó al Departamento de Justicia el año pasado como subprocuradora general bajo la dirección de Bondi, supervisando las operaciones diarias de la agencia y sirviendo como la cara pública en asuntos de alto perfil y polémicos, como la publicación de millones de archivos de investigación relacionados con Jeffrey Epstein.

En sus meses como fiscal general interino, el abogado fue criticado por los demócratas por acelerar investigaciones contra opositores de Trump, como el exdirector del FBI James Comey, y por implementar una drástica reestructuración interna que resultó en la desvinculación, renuncia o retiro voluntario de miles de empleados de la agencia.

Además, el funcionario recibió cuestionamientos por parte de víctimas de Epstein debido a la forma en que gestionó la publicación de los archivos de la investigación sobre el condenado y hoy fallecido agresor sexual.

En contraposición, los legisladores alineados con la Casa Blanca destacaron los antecedentes de Blanche en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, ponderando su liderazgo en iniciativas orientadas a reducir los índices de delincuencia violenta y reforzar el control fronterizo.

¿Quién es Todd Blanche ?

Blanche estudió Derecho en Brooklyn por las noches mientras trabajaba como asistente legal en la fiscalía federal de Manhattan, y se graduó con honores. Originario de los suburbios de Denver, completó sus estudios de pregrado en la American University en Washington, DC.

Blanche trabajó como asistente legal para los jueces federales Denny Chin y Joseph Bianco, ambos ahora miembros del Segundo Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos, y fue fiscal federal durante ocho años en la misma fiscalía estadounidense donde había comenzado como asistente jurídico.

Durante dos años fue codirector de la unidad de delitos violentos de la fiscalía, supervisando a cerca de dos docenas de fiscales y casos relacionados con asesinatos, secuestros y otros delitos violentos.

Ilustración de Donald Trump durante el juicio por el pago de dinero a la estrella porno Stormy Daniels.

Tras su paso por la función pública, Blanche se incorporó al sector privado en prestigiosas firmas de abogados. En 2019 ganó notoriedad en el fuero penal al lograr la desestimación de un proceso por fraude hipotecario contra Paul Manafort, exjefe de campaña de Trump, alegando vulneración del principio de doble juzgamiento.

En 2023, renunció a su sociedad en el bufete Cadwalader, Wickersham & Taft para asumir de forma exclusiva la representación legal de Donald Trump. Desde esa posición, Blanche se convirtió en el rostro visible de la estrategia de defensa del expresidente en el juicio por los pagos para comprar el silencio de la actriz Stormy Daniels en Nueva York, así como en las dos querellas federales impulsadas por el fiscal especial Jack Smith relativas al manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago y a la supuesta interferencia electoral en las presidenciales de 2020.

La defensa desplegada por Blanche, enfocada en dilatar los plazos procesales hasta la concreción del calendario electoral de 2024, resultó clave. Tras el triunfo de Trump en las elecciones, los cargos federales fueron desestimados, al tiempo que el tribunal neoyorquino dictaminó no imponer penas de prisión.

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