Durante décadas, la Oficina del Censo de Estados Unidos fue sinónimo de un tipo de aburrimiento reconfortante: números fríos, metodologías transparentes, funcionarios de carrera que trabajaban lejos del ruido político. Ese aburrimiento se está terminando, asegura el economista Jed Kolko en un análisis publicado por el Peterson Institute for International Economics (PIIE). Y con él, algo mucho más valioso: la confianza ciega en que los datos que mueven mercados, definen distritos electorales y reparten fondos públicos están libres de manipulación. El supuesto culpable: Donald Trump.
Ahora, dos episodios distintos y aparentemente inconexos dentro de la Oficina del Censo encendieron nuevas alarmas sobre una intromisión política inapropiada en un terreno que históricamente pertenecía a técnicos y científicos, no a designados políticos.
Donald Trump contra el censo
El primer caso es el más flagrante. El 18 de agosto, la Oficina del Censo publicó en su plataforma oficial un informe que aseguraba haber determinado, "con alta confianza", que más de 24.000 registros de votantes en la elección de 2020 correspondían a personas no ciudadanas. El documento tenía el formato habitual de los reportes técnicos del Censo, pero con una diferencia inquietante: no llevaba firma. Ningún autor, ningún agradecimiento, ningún contacto.
Según reveló NPR, el análisis no fue elaborado por los funcionarios de carrera de la agencia, sino por un equipo que incluía a personas vinculadas al America First Policy Institute, un think tank alineado con Trump. El propio presidente no tardó en capitalizarlo: horas después de la publicación, citó las cifras en Truth Social y exclamó que había "ganado la elección". Una frase que conecta directamente con un reclamo suyo de enero de 2021, cuando afirmó, sin pruebas, que en Arizona se habían emitido más de 36.000 votos ilegales de no ciudadanos.
Especialistas que dirigieron durante años las áreas de investigación y métodos del Censo salieron rápido a desacreditar el trabajo. John Abowd, exjefe de investigación de la agencia, recordó que estudios previos del propio organismo mostraron tasas de error tan altas en el cruce de bases de datos que buena parte de esos supuestos "votantes no ciudadanos" probablemente sean simples errores de coincidencia de registros, no personas reales.
Amy O'Hara, otra exfuncionaria especializada en registros administrativos, fue más lejos: calificó el informe de carente de rigor metodológico, transparencia y responsabilidad institucional, y pidió que directamente se descartaran sus resultados.
Impacto migratorio
Kolko no discute que cualquier gobierno use datos para respaldar su agenda política; eso ocurre en todas las administraciones. El problema es otro: cuando ese trabajo se disfraza de investigación técnica neutral bajo el logo oficial del Censo, no gana credibilidad, la destruye. Y arrastra con ella la reputación de miles de productos estadísticos que sí cumplen con los estándares habituales.
El segundo episodio es más sutil, pero según Kolko igual de preocupante. En junio, el Departamento de Comercio —del que depende el Censo— emitió una orden administrativa que prohíbe el uso de la llamada "inyección de ruido", una técnica estadística clave para proteger la privacidad de personas, hogares y empresas en los datos publicados. El método consiste en introducir pequeñas alteraciones aleatorias en los valores para que sea imposible identificar a un individuo específico, sin sacrificar demasiada precisión agregada.
La decisión fue presentada por el director interino del Censo, un designado político, como una forma de mejorar la exactitud de las estadísticas. Pero para Kolko hay algo raro en el fondo: la elección de qué herramienta técnica usar para proteger la privacidad —ruido, agrupamiento de categorías o directamente supresión de datos— siempre fue un asunto de expertos de carrera, no una decisión que deba bajar por orden política y sin ningún proceso público de consulta.
La medida ya tuvo un efecto concreto: el Censo debió posponer la publicación de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS), una de las fuentes demográficas más usadas del país, mientras intenta adaptar sus métodos. El resultado probable es que ciertos datos, sobre todo los referidos a grupos pequeños o áreas geográficas específicas, terminen menos detallados o directamente no publicados.
Lo que convierte esto en algo más que un tecnicismo es el contexto. Kolko cita un documento de 2025 del Center for Renewing America —el think tank fundado por Russell Vought, actual director de la Oficina de Gestión y Presupuesto— que describe abiertamente cómo la privacidad diferencial (la versión más sofisticada de la inyección de ruido) puede funcionar como un obstáculo para trazar mapas electorales que excluyan a población no ciudadana. En otras palabras: eliminar el ruido estadístico podría facilitar, en el futuro, un rediseño de distritos basado en el estatus migratorio, algo hoy inviable por la propia protección de privacidad de los datos.
Sin impacto en los mercados
También circuló una propuesta filtrada para eliminar preguntas sobre raza, etnicidad y orientación sexual del censo corto de 2030, lo que, según advierten especialistas citados en la nota, debilitaría aún más la capacidad de impugnar mapas electorales potencialmente discriminatorios.
Por ahora, ni el informe sobre votantes ni el fin del "ruido estadístico" tocan los indicadores macroeconómicos que sacuden a los mercados financieros: empleo, inflación, PBI. Esos números dependen de otras agencias y, según Kolko, siguen siendo confiables. Pero el daño, advierte, es acumulativo y contagioso: cuando la confianza se resquebraja en una esquina del sistema estadístico, todo el edificio empieza a mirarse con sospecha. Ya ocurrió con dos ajustes metodológicos recientes en el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) que, sin evidencia de manipulación política, generaron críticas de analistas por falta de transparencia.
El resultado es una carga extra para agencias que ya vienen debilitadas: menos personal técnico senior, cargos vacantes, funcionarios de carrera que se jubilan o renuncian. Sin ese colchón institucional, la capacidad de resistir presiones políticas se erosiona. Y cuando el sistema pierde credibilidad, también pierde algo más difícil de recuperar: la disposición de hogares y empresas a seguir respondiendo encuestas gubernamentales, la base misma sobre la que se construyen todas esas estadísticas que, hasta ahora, Estados Unidos daba por garantizadas.