PedroSánchez, presidente de España.
Laura García

Laura García

Analista Financiera

Economía y Finanzas > Por Laura García

Fin del alivio energético: Sánchez esquiva pero lo sumó al borrador fiscal para la UE

La agenda impositiva de Pedro Sánchez, anticipada en su discurso de investidura, choca con el plan preliminar que mandó a Bruselas. Cuando el regreso de las metas fiscales exige suspender las medidas extraordinarias y ordenar la economía. España prorrogará la rebaja del IVA a alimentos y ayudas para el transporte. Aumentará la presión sobre los ricos. Pero esquiva la suspensión de las medidas energéticas, las únicas capaces de hacer un aporte a la recaudación.
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29 de noviembre de 2023 a las 19:42

Eran mediados de octubre y sin Ejecutivo electo a la vista, España tenía que mandar de todas formas su plan para explicarle a la Comisión Europea cómo iba a adaptarse a las nuevas metas fiscales, suspendidas y restablecidas ante la necesidad de un poco de disciplina después de un largo período de excepcionalidad y desbarajuste en las cuentas.

Un primer esbozo, una versión preliminar. Un borrador. 

Como presidente en funciones Pedro Sánchez y su Gobierno cumplieron con esa tarea. Y, aunque hace poco España junto a otros países recibieron un tirón de orejas para que hagan el ajuste necesario, el plan enviado pasó la prueba. 

Pero si lo contrastamos con las promesas del discurso de investidura abundan las inconsistencias: hay cosas que no deberían estar (ya que no se contemplaban en el croquis mandado a la UE) y hay cosas que claramente faltan (pese a figurar en el borrador fiscal y que no se mencionan porque el costo político no lo aconseja o quizás porque se desistió de tomar ese camino, vaya a saber).  

Ni la prórroga de la rebaja del IVA sobre los alimentos ni las nuevas ayudas para el transporte fueron consideradas cuando se enviaron los números que buscan reducir el actual déficit cercano al 4%. 

Fueron, sin embargo, parte importante de la narrativa sanchista de la investidura, así como la agenda impositiva que hará pagar a los ricos por ser los que más tienen, otro tópico medular, sobre el que giran desde el Impuesto a las Grandes Fortunas, a las Sociedades, a la Renta (IRPF), a las Energéticas y a los Bancos. 

Brilló por su ausencia, en cambio, cualquier alusión al paquete de medidas de alivio energético, sí incluidas en la “búsqueda del tesoro” fiscal despachada a la UE, que son las que realmente inclinan la balanza. Sólo las ayudas en las facturas de luz y gas significan una recaudación de 5.000 millones de euros anuales. Pero el conjunto de medidas es mucho más amplio. 

Bruselas presiona

Bruselas comienza a pedir más firmemente que se retiren las medidas extraordinarias adoptadas en su momento ante la pandemia y la guerra en Ucrania, que disparó el precio de la energía. 

Según la Autoridad Fiscal, la totalidad de acciones desplegadas en España está valorada en unos 13.000 millones de euros al año, equivalentes a cerca de un 1% del PIB. Con su eliminación, por ende, se conseguiría reducir el déficit presupuestario hasta el 3%, un rojo que representa cerca de 40.000 millones de euros. 

En su vía crucis a la investidura, Sánchez fue, vino y volvió. Pero en lo fiscal está más restringido que en lo político. Desde Europa ya le están pidiendo al nuevo Ejecutivo que actualice el documento y mande el plan definitivo.

El compromiso que se exige (al que se tiende al menos) es un nivel de gasto limitado al 2,6% y una deuda pública que no supere el 60% del PIB (algo que roza lo inverosímil cuando hoy está cerca de 110%).

Pero no será fácil para nadie. Fueron años de gasto descontrolado en general, durante los cuales la Unión Europea hizo la vista gorda. José Carlos Díez, titular de la cátedra Orfín de la Universidad de Alcalá, aporta datos concretos para tomar dimensión de ese descalabro en España.

La pandemia de coronavirus forzó a eliminar las reglas fiscales europeas y desde 2018, con Sánchez en la Moncloa, el gasto público ha subido seis puntos de PIB -explica-, los españoles pagamos cinco puntos más de PIB en impuestos pero no ha sido suficiente, ya que hemos aumentando la deuda pública otros seis puntos de PIB hasta máximos no vistos desde hace un siglo”. 

Un poco más de auxilio

Durante la sesión de investidura, Sánchez anunció que prorrogará por seis meses la rebaja del IVA de los alimentos, lo que supone resignar ingresos públicos por unos 800 millones, algo no contemplado en el plan presentado a la UE.

La medida -vigente desde del 1 de enero- consiste en extender hasta junio de 2024 la aplicación de un IVA del 0% sobre los alimentos frescos y de primera necesidad, normalmente sujetos al tipo superreducido del 4%, y la reducción del 10% al 5% del IVA aplicado a pastas alimenticias y aceites, incluidos los de oliva.

Entre las ayudas anunciadas (y no incluídas en la hoja de ruta fiscal que reclamaba la UE) está también la gratuidad de todo el transporte público colectivo para menores, jóvenes y desempleados. 

El combo energético

Las primeras medidas tendientes a contener la escalada del precio de la energía se diseñaron a mediados de 2021, cuando el gas empezó a encarecerse producto de la reactivación de la demanda post-Covid y los atascos en las cadenas de suministros.

Pero fue la invasión rusa en Ucrania, en febrero de 2022 lo que movilizó al Gobierno a implementar las ayudas más amplias. 

Se bonificó, por ejemplo, al carburante, que ya se eliminó para todos los automovilistas y se está retirando ahora de forma gradual para los profesionales. 

Se redujeron los impuestos de la tarifa eléctrica —que incluye una rebaja del IVA del 21% al 5%, del impuesto especial sobre la electricidad del 5,11% al 0,5% y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. 

Sólo por la restauración del gravamen ordinario en los dos primeros casos y la reactivación del tercero, el Estado recaudaría el año que viene un poco más de 3.100 millones de euros. 

Se disminuyó también el IVA al gas natural, se bajó el IRPF para rentas inferiores a los 21.000 euros y se reforzó el bono social térmico y eléctrico, entre otras cosas. 

En su conjunto, hubo un desembolso de fondos públicos de unos 35.000 millones de euros desde 2021, según los datos del Programa de Estabilidad hasta mayo.

La partida más cuantiosa, con un costo total de 18.000 millones, corresponde a la rebaja de los impuestos energéticos.

Rebote de inflación

Ni las rebajas energéticas ni las ayudas al transporte ni el recorte del IVA a los alimentos. Ninguno verá el 2024.

Así se comunicó a Bruselas pero ya vemos que sería ingenuo tomarlo muy a pecho. La versión europea, el borrador pre-investidura, asevera que sólo se mantendrá la baja del IRPF y la gratuidad de Cercanías. 

Pero en el Gobierno reconocen que hay preocupación sobre el impacto que la decisión pueda tener en el corto plazo sobre los precios. Según el Banco de España, los precios energéticos podrían dispararse un 25% interanual, aunque también incidirán los efectos base (comparación con guarismos muy bajos un año atrás) y el encarecimiento del petróleo. 

De la inflación promedio que la entidad proyecta para 2024 (4,3%), en torno a 1,5 puntos se explicaría por la supresión de la ayuda. Casi un tercio de la suba de precios del año que viene. 

De ahí que muchos conjeturan que el levantamiento de las medidas se termine haciendo en forma gradual o bien se mantenga por un tiempo para los grupos más vulnerables. 

Claro que eso dejará a España un poco más lejos todavía de las desempolvadas y recicladas metas fiscales de la UE.

De hecho, la Comisión ya advirtió que maneja un escenario de déficit de 3,2% para España el año que viene, aún cuando se suspendan todas las medidas excepcionales de asistencia.

Pegarle a los ricos 

Es un clásico sanchista y siempre rinde. La agenda impositiva será feroz con los ricos.

Así, por ejemplo, habrá un ajuste en el Impuesto sobre la Renta, revisando las tasas marginales sobre los salarios luego de haber elevado ya en dos puntos el tramo desde los 300.000 euros en 2021.

Y, ante todo, incrementando la presión fiscal sobre el capital, tras haber creado nuevos tramos de gravamen, al 27% desde los 200.000 euros de rendimiento del ahorro y el 28% a partir de los 300.000 euros.

El Gobierno no espera cambios en los 2.900 millones de euros aportados este ejercicio por los nuevos tributos a la banca y las petroleras. Impuestos creados con un horizonte de dos años y que en los pactos de investidura devinieron permanentes, generando un evidente malestar en ambas industrias. 

Por otro lado, el polémico impuesto a las grandes fortunas que debutó este año como una forma de disciplinar a las autonomías que estaban bonificando el impuesto sobre el patrimonio, no sólo seguirá en pie sino que se espera recaudar unos 21 millones adicionales a los 620 millones aportados este año.

Eso sí, no queda muy claro cómo. Murcia ya cambió los parámetros del impuesto sobre el patrimonio, de modo de volver a cobrarlo pero a partir de un umbral idéntico al de las grandes fortunas, embolsando así lo que iría a las arcas de Sánchez. 

La misma estrategia decidió seguir Madrid, que aporta el 90%, luego de que el Tribunal Constitucional rechazara su recurso. Ahora que el mismo fallo obtuvieron Galicia y Andalucía, como era previsible, Galicia ya está armando el mismo esquema. Sólo es cuestión de tiempo para que se sume Andalucía. 

Finalmente, el tributo aplicado sobre las empresas, el impuesto a las sociedades, también trae cambios (hoy la alícuota general es del 25%). Acumula una recaudación de 2.788 millones de euros hasta junio, prácticamente la mitad de los 5.417 millones que sumaba el año pasado en el primer semestre.  

En las palabras de Yolanda Díaz (Sumar), el plan es "fijar un tipo mínimo del 15% en Sociedades pero sobre los beneficios reales de las empresas, no lo que nos dicen después de la ingeniería fiscal", con el objetivo de acabar elevando la recaudación en 10.000 millones de euros al año.

Yolanda confunde

La vicepresidenta se refería a aplicar ese 15% sobre el beneficio contable, no sobre la base imponible, como se hace desde enero de 2022 en España, pero omitió que realmente se refiere a la tributación mínima del llamado “pilar dos” auspiciada por la OCDE y pactada por unos 150 países. 

Además, ya hay una directiva europea al respecto aprobada el 15 de diciembre de 2022 que España debía adoptar antes de que finalizara 2023, pero que fue imposible por los tiempos electorales. 

La implementación del “pilar dos” consiste en que las multinacionales paguen al menos un 15% por los beneficios obtenidos en todos los territorios en los que operan. La idea es acordar un “mínimo común denominador entre países”.

El objetivo de esta medida es poner fin a las prácticas fiscales de las empresas multinacionales que les permiten trasladar beneficios a países o territorios en los que no están sujetas a imposición o lo están a una imposición baja. 

En cuanto a la estimación de recaudación, lo cierto es que Hacienda no lo tiene calculado. El motivo es que el propio diseño de la tributación depende de si otros países adoptan el tipo mínimo o no, lo que hace muy difícil proyectarlo. 

El problema son los paraísos

Lo recaudado por el tributo aplicado sobre las sociedades se hundió un 48,5% en lo que va del año.

En 2022, en cambio, el impuesto fue el que más creció entre los grandes tributos. Los 32.176 millones de euros recaudados sólo han sido superados en la serie histórica por los ejercicios 2005, 2006 y 2007, en plena burbuja inmobiliaria.

Más allá de argumentos técnicos, el problema de fondo es que en el caso de España el 15,6 % de los ingresos totales del impuesto de sociedades se pierde porque termina alojado en paraísos fiscales, según el Observatorio Europeo de la Fiscalidad. 

Todas las grandes economías sufren este lastre. Las pérdidas representan un 14,4% en Francia, un 11,9% en Estados Unidos y hasta un 25,1% en el Reino Unido y un 26,2% en Alemania.

Suiza es, con holgura, la preferida de los españoles, ya que allí estaban domiciliados diferentes instrumentos financieros equivalentes al 3,9% del PIB del país. Muy cerca le siguen otros países de la UE, con un 3,7%.

No obstante, el atractivo de Suiza declinó con el fin del secreto bancario bajo la presión norteamericana. En 2001, el patrimonio financiero de los españoles era de casi el 10% del PIB.

La otra cara de la moneda

En todo caso, aumentar la recaudación y mejorar los ingresos es sólo una parte de la ecuación. Recortar el gasto puede ser un desafío titánico. Sobre todo porque las causas muchas veces están enraizadas de forma intrincada en la economía. 

La principal causa de déficit -explica Díez- es el sistema de pensiones, que necesita cada año unos 40.000 millones de euros para cubrir sus gastos por encima de las cotizaciones a la Seguridad Social. Necesitamos tres cotizantes para pagar una pensión y sólo hay dos, así que un tercio de las pensiones de nuestros mayores se financian con deuda pública que pagarán nuestros hijos”.

Y añade: “La otra partida de gasto que crece exponencialmente es la sanidad. Cada vez vivimos más años, hay una revolución biotecnológica de nuevos fármacos cada vez más eficaces y también más caros. Ha pasado ya la pandemia, pero todas las comunidades autónomas han aumentado su gasto sobre el PIB, que ya es estructural, pero no han aumentado su deuda, que la ha asumido íntegra la administración central, que también se hace cargo del déficit de la Seguridad Social”.

Esa es la otra cara de la moneda. Hasta aquí, los impuestos que seguirán vigentes, los que subirán y los que deberían reactivarse pero aún no se ha explicitado. 

El riesgo es que las reglas fiscales europeas vuelvan a estar sobre la mesa y a imponer a los socios una “normalización” en un momento en que los acuerdos de investidura a los que tuvo que ceder Sánchez le impidan a España emprender ese camino de regreso a una economía más ordenada. 

 

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