Un escándalo político surgió en la municipalidad de 9 de Julio, luego del descubrimiento de pagos millonarios que superan los 1.8 millones de pesos, realizados a supuestos miembros de la fundación Dupuy. La justicia está investigando si los pagos corresponden a servicios legítimos o si se realizaron trabajos sin la autorización legal necesaria, generando sospechas de posible corrupción y mal uso de fondos públicos.
Durante la investigación, se encontró que algunos individuos que habían realizado facturaciones de servicios no tenían las credenciales adecuadas para hacerlo. Uno de los involucrados en el escándalo es Federico Colombo, quien se presentó como psicólogo, pero según los registros, solo poseía una licencia provincial en Tucumán, lo que sugiere que no tenía la autorización necesaria para realizar tales servicios.
Los pagos realizados por la intendencia de 9 de Julio a la fundación Dupuy carecen de autorización legal y no fueron efectuados por profesionales adecuadamente habilitados. En este contexto, el nombre de Colombo vuelve a surgir, después de que se descubrió que se presentó como psicólogo y cobró por servicios relacionados con el apoyo psicológico y moral a menores, aunque solo poseía una licencia provincial en Tucumán, lo que plantea serias dudas sobre su competencia y habilidad para realizar tales servicios.
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La investigación reveló que la licencia de Federico Colombo para ejercer como psicólogo estaba limitada a la provincia de Tucumán, lo que plantea serias inquietudes sobre la legalidad de sus intervenciones en otras jurisdicciones. Además, otro nombre involucrado en la causa es el de Verónica Machuca Juni, quien se ofreció a brindar apoyo psicológico a menores, a pesar de no tener los títulos ni las credenciales necesarias para ejercer la profesión. Esta falta de habilitación profesional cuestiona la capacidad y la competencia de ambos individuos para realizar servicios relacionados con la psicología en particular.
En el contexto de la investigación sobre la fundación Dupuy, se relacionó el caso con Pablo Núñez, un asesor de menores que testificó que muchos de los servicios psicológicos brindados por la fundación no fueron realizados por profesionales con la debida habilitación. Además, la defensa pública expresó su preocupación sobre la realización de reconstrucciones con menores, lo que sugiere una posible vulneración de los derechos y la seguridad de estos niños.
Se revelaron graves violaciones de la integridad y la privacidad de los niños involucrados en las reconstrucciones, que incluían la grabación y exposición pública de estos menores sin el consentimiento ni la formación adecuados. Estas actividades se llevaron a cabo bajo la cobertura de una fundación que carecía de la legalidad y la legitimidad necesarias para realizarlas, lo que sugiere una grave falta de responsabilidad y un abuso de confianza.
La investigación también involucró a Delfina Taborda, una abogada que se presentó como defensora de Camila, prima de Loan, en varias entrevistas y medios de comunicación. Taborda intentó plantear teorías que conectaban el caso con la trata de personas, pero según las revelaciones, estas hipótesis no se alinean con la información objetiva contenida en el expediente judicial.
