La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió iniciar una investigación administrativa para determinar si existieron irregularidades en el accionar de los operadores judiciales vinculados al caso de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años asesinado por su padre. La decisión surge tras el análisis de dos denuncias previas por violencia que involucraban a su entorno familiar.
Según la resolución a la que accedió Búsqueda, el expediente detalla dos episodios registrados en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública.
El primero ocurrió el 22 de abril de 2024, cuando la madre del adolescente denunció a su pareja, Jonathan Calero, por agresión. La mujer declaró haber sido atacada, "resultando lesionada con un corte profundo en la boca", y advirtió que el hombre también había golpeado a su hijo en ocasiones anteriores.
Además, señaló que el agresor se llevó a sus dos hijos —Jonathan, entonces de 13 años, y un niño de 6— "desconociendo hacia dónde se dirigían", lo que aumentó su temor por la integridad de ambos.
Dos días después, solicitó medidas cautelares como tobillera electrónica, aunque sin instancia penal ni custodia policial. La jueza de Familia de 10º turno, María Elena Iriarte, dispuso la prohibición de acercamiento y comunicación en un radio de 500 metros por 180 días.
El caso fue archivado el 11 de noviembre de ese año al no registrarse incumplimientos ni nuevos hechos.
Nueva alerta desde la UTU
El segundo episodio tuvo lugar en noviembre de 2025, cuando la subdirectora de la UTU de Flor de Maroñas alertó a la Policía sobre posibles signos de violencia en el adolescente.
De acuerdo con la jueza Rossana Re Fraschini, el 27 de noviembre recibió la comunicación policial informando que el estudiante había concurrido días antes "con varios moretones en las rodillas", cuya explicación "no coincidía" con la versión posterior de su madre.
La docente sugirió atención médica, pero esto no se concretó. Posteriormente, el adolescente dejó de asistir a clases y su madre informó que el padre "se lo llevó a Neptunia".
Ante estos elementos, la subdirectora dejó constancia de la situación por sospechas de violencia doméstica. La magistrada actuó de oficio y ordenó dar intervención al INAU, comunicar a Fiscalía y solicitar antecedentes.
Sin embargo, al 9 de marzo de este año, "la Policía no había remitido los antecedentes y el INAU no había elaborado ningún informe", según consta en la resolución informada por el consignado medio.
Días atrás se conoció que un error de interpretación en una orden judicial por parte de la Policía pudo derivar en que el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) no interviniera en el caso.
Producto de esto, la SCJ solicitó información al Ministerio del Interior, que aportó tres novedades clave: la denuncia de 2024, la actuación vinculada a la UTU y el homicidio del adolescente.
La investigación estará a cargo de la ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia de Tercer Turno, María Noel Tornarelli.
