El Ministerio de Economía lanzó este viernes la Licitación Pública Nacional e Internacional para la venta y trasferencia del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) de titularidad del Estado Nacional.
La medida, anticipada el jueves por el ministro Luis Caputo prevé una ejecución de etapa múltiple, con estrictos criterios técnicos, financieros, patrimoniales y legales, garantizando un proceso competitivo orientado a obtener las mejores ofertas del mercado, según remarcaron desde la cartera nacional.
"La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos", enfatizó el titular del área en redes sociales.
¿Cómo será el esquema de privatización de AySA y quiénes podrían quedarse con las acciones?
Según se desprende del llamado a Licitación Pública, el Estado nacional venderá el 90% de las acciones que hoy posee en AySA. El 10% restante quedaría en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada (PPP).
Con un valor base estimado en US$ 500 millones, el proceso de transferencia será coordinado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, creada para implementar la reorganización de las compañías estatales.
La operación se desarrollará en dos etapas: la primera consistirá en la venta de al menos el 51% a un “operador estratégico”, mientras que la segunda se realizará mediante la colocación del resto del paquete accionario en el mercado a través de una oferta pública.
El cronograma para la presentación permanecerá abierto hasta el 27 de agosto, fecha en la que también se llevará a cabo la apertura de sobres correspondiente a la cuota inicial. Luego, se continuará con la etapa de precalificación, la evaluación de las propuestas económicas y posterior adjudicación.
El convenio estipula una concesión de 30 años, prorrogable por otros 10, redefiniendo las obligaciones de inversión y estableciendo nuevas reglas tarifarias, con una mayor adecuación a los costos reales y una menor carga de subsidios estatales.
“La incorporación de dicho operador estratégico permitirá fortalecer la capacidad de inversión, asegurar la modernización de la infraestructura y consolidar un esquema sostenible y previsible para la prestación del servicio público de agua potable y saneamiento, garantizando la continuidad, expansión y mejora de la calidad del servicio”, señaló el Ministerio de Economía a través de un comunicado oficial.
AySA forma parte de las ocho empresas que el Gobierno busca privatizar en el marco de la reglamentación de la Ley Bases. Desde el primer semestre de 2024, la compañía atraviesa un fuerte proceso de reordenamiento interno, con reducción de subsidios, aumento de tarifas, recorte de obras y disminución de personal, con el objetivo de concretar su transferencia con superávit.
