Economistas valoran que se prohíba el financiamiento al Tesoro, pero advierten que la independencia del Banco Central depende más de la práctica que de la ley
El Gobierno envió al Congreso un proyecto para reformar integralmente la Carta Orgánica del Banco Central, con el fin de impedir que la entidad vuelva a financiar al Tesoro y de blindar su independencia. La iniciativa, parte de un paquete que también incluye reformas fiscal, de capitales y de seguros, generó las primeras lecturas de consultoras económicas, que valoran su espíritu pero marcan matices sobre el impacto real.
El proyecto prohíbe de forma absoluta el financiamiento del BCRA al sector público: elimina los adelantos transitorios, veda la compra de títulos públicos en el mercado primario y cierra la vía de emitir Letras Intransferibles a cambio de reservas para pagar deuda del Tesoro. También limita el uso de las utilidades contables generadas por la devaluación del peso, que ya no podrán transferirse libremente al Tesoro salvo que sean realizadas y líquidas. Además, cambia el mandato del Central —de objetivos múltiples a uno único, "preservar el valor de la moneda"— y endurece la remoción de autoridades, que requeriría dos tercios en ambas cámaras.
Para GMA Capital, la reforma busca "reducir la discrecionalidad del Estado y construir un marco más predecible", y recuerda que en gestiones anteriores las Letras Intransferibles y los Adelantos Transitorios llegaron a explicar más de la mitad del activo del Central, comprometiendo su balance. La consultora cree que la aprobación "luce probable" con apoyo de la oposición no kirchnerista, aunque el tono confrontativo del anuncio podría condicionar la negociación.
Por su parte, Invecq enmarca el proyecto como un intento de alinear al BCRA con el estándar de la región y del Banco Central Europeo. Destaca que el stock de Letras Intransferibles, que llegó a rozar el 50% del activo del BCRA a fines de 2015 y volvió a treparse cerca del 35% entre 2020 y 2023, hoy equivale a solo el 6% tras la cancelación parcial de mayo de 2025. Para la consultora, cerrar esa vía busca "no repetir el error de debilitar el balance del BCRA", y valora el refuerzo a la independencia del directorio, que dejaría de removerse por la fórmula abierta de "mala conducta" y perdería la presencia del representante de Economía en sus sesiones.
El exministro de Economía, Domingo Cavallo, también habló del proyecto oficial. "El objetivo excluyente de la política monetaria debe ser la defensa del valor del peso y se prohíbe el financiamiento monetario del déficit fiscal. Es muy importante que este proyecto someta al Código Penal las acciones políticas que vulneran estos dos principios", dice Cavallo.
Luego destaca la denominada “independencia del Banco Central” que, apunta, es un reclamo generalizado de todos los economistas que se dedican a seguir la política monetaria en casi todos los países con economías de mercado.
La mirada más cautelosa es la de LCG Consultores, que califica el cambio como razonable —celebra dejar atrás la reforma de 2012, que a su juicio funcionó "más como una arenga de declaración de principios que otra cosa"— pero plantea tres reparos.
Primero, sostiene que el efecto es "más simbólico que real": este Gobierno logró bajar la inflación con la Carta Orgánica vigente, mientras otras gestiones la dejaron correr aun con un artículo que ya ordenaba preservar el valor de la moneda. Segundo, vincula el anuncio con una estrategia de "blindaje" de cara a un proceso electoral largo y tenso, aunque advierte que esta protección legal es "mucho menos eficaz" que otras herramientas, por tratarse de leyes que podrían revertirse si la sociedad respalda una propuesta más "populista".
Por último, cuestiona el alcance real de la independencia institucional, limitada a endurecer la remoción de directores y sacar al representante del ministro del Directorio, sin tocar el mecanismo de nombramientos. La consultora recuerda que el presidente Javier Milei se atribuyó la decisión de eliminar las LEFIs pese a las dudas del equipo económico, y se pregunta si eso no equivale a un "atropello de la política".
Remarca además que el proyecto nada dice sobre la "dominancia presidencial" ni sobre la errática comunicación cambiaria reciente, con bandas tan amplias que, sostiene, no logran fijar expectativas.
Las tres consultoras coinciden en que prohibir el financiamiento monetario del déficit es positivo para la disciplina fiscal y monetaria. La diferencia está en el peso que le asignan al cambio normativo: mientras GMA e Invecq destacan el ordenamiento institucional que aporta la reforma, LCG insiste en que la letra de la ley importa menos que la voluntad política de sostenerla, y en que la verdadera independencia del Banco Central se juega en las decisiones del día a día, no en su Carta Orgánica.
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