La iniciativa, presentada en Cadena Nacional, tomará estado parlamentario el lunes en la Cámara de Diputados para luego avanzar con su giro a las comisiones.
El proyecto modifica la Carta Orgánica del Banco Central.
El Gobierno nacional envió este viernes a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La iniciativa, presentada el jueves por el presidente Javier Milei en Cadena Nacional, propone redefinir el rol de la autoridad monetaria, reforzar su independencia respecto del Poder Ejecutivo y prohibir el financiamiento monetario al sector público.
Además, busca actualizar el régimen de utilidades, introducir cambios en la administración de las reservas internacionales y derogar artículos vinculados a la Ley de Convertibilidad.
El texto fue remitido al Congreso mediante el Mensaje N° 226/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego César Santilli, y el ministro de Economía, Luis Andrés Caputo.
En los fundamentos del proyecto, el Poder Ejecutivo sostiene que el objetivo es "dotar al Banco Central de un régimen legal que garantice su independencia funcional y financiera, consagre la preservación del valor de la moneda como su misión primaria y fundamental y elimine los mecanismos de financiamiento monetario del sector público".
En este sentido, la iniciativa se estructura en seis ejes principales.
El primero redefine el mandato del BCRA. El proyecto reemplaza el actual artículo 3° de la Carta Orgánica para establecer que la misión primaria y fundamental del organismo será "preservar el valor de la moneda", dejando atrás el esquema vigente que también le asigna objetivos vinculados con el empleo, el desarrollo económico y la estabilidad financiera.
El segundo eje apunta a fortalecer la independencia institucional. Entre otros cambios, fija nuevas causales taxativas para la remoción de los integrantes del Directorio, elimina la participación del ministro de Economía en las reuniones del organismo y exige la aprobación de ambas cámaras del Congreso, por una mayoría de dos tercios de los miembros presentes, para remover a un director.
El tercer eje propone suprimir todos los mecanismos de financiamiento monetario al sector público. Para ello, deroga el régimen de adelantos transitorios al Tesoro, prohíbe conceder préstamos al Estado nacional, a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios, e impide al Banco Central comprar títulos públicos en el mercado primario. Según el mensaje enviado al Congreso, la emisión para cubrir desequilibrios fiscales fue "la causa dominante de la inflación argentina".
Otro de los ejes de la reforma modifica el régimen de resultados y distribución de utilidades. El proyecto establece que solo podrán distribuirse ganancias realizadas y líquidas, excluyendo aquellas originadas por variaciones del tipo de cambio o por la valuación del oro. Además, las transferencias al Tesoro solo podrán efectuarse una vez cumplidas determinadas condiciones patrimoniales y con el compromiso de destinar esos recursos exclusivamente a la cancelación de deuda pública.
La iniciativa también contempla un mecanismo transitorio para sanear el balance del Banco Central. Mientras subsistan las letras intransferibles y los adelantos transitorios otorgados al Estado nacional, determinados resultados contables deberán destinarse exclusivamente a cancelar esas obligaciones, con el objetivo de reducir la exposición del organismo frente al sector público.
En materia operativa, el proyecto incorpora la inembargabilidad de las reservas internacionales dentro de la propia Carta Orgánica, amplía las herramientas para realizar operaciones financieras y habilita el uso de activos externos como garantía en operaciones propias de banca central. También moderniza el marco regulatorio de los sistemas de pago y las cámaras liquidadoras y compensadoras.
Además, la propuesta deroga los artículos 3° y 6° de la Ley de Convertibilidad y el artículo 61 de la Ley de Administración Financiera. Según el Poder Ejecutivo, esas normas responden a un esquema cambiario que ya no está vigente o generan una participación del Banco Central en decisiones fiscales que el proyecto busca eliminar.
En el tramo final del mensaje, el Gobierno sostiene que las modificaciones buscan adecuar el funcionamiento del Banco Central a las mejores prácticas internacionales y restituir las condiciones institucionales, patrimoniales y operativas necesarias para cumplir su misión de preservar el valor de la moneda.
