América Latina es la segunda región en adopción cripto. Sólo detrás de APAC (Asia-Pacífico), en 2025 la región experimentó un crecimiento del 63% interanual, según el último informe de Chainalysis. Con un volumen transaccionado que ya alcanza los 1,5 mil millones de dólares, la seguridad jurídica se ha vuelto el factor determinante para el inversor.
En el modelo estándar de las wallets y exchanges, los fondos de los usuarios se depositan en cuentas colectivas —conocidas como cuentas ómnibus— donde el dinero de miles de clientes convive bajo un mismo titular: la empresa.
Si bien los modelos dependen de las diferentes jurisdicciones y sus regulaciones, en países donde las plataformas cripto aún no están reguladas el usuario no es el dueño legal del activo, sino un acreedor de la plataforma. Mientras la app funcione, esa distinción es invisible. Pero ante una quiebra, un hackeo o una intervención regulatoria, los fondos entran en la masa patrimonial de la empresa y quedan sujetos a los procesos legales correspondientes.
Es exactamente lo que ocurrió con FTX, Celsius y otros exchanges que colapsaron entre 2022 y 2023: los usuarios no perdieron acceso a una app, perdieron la titularidad de sus fondos.
En este contexto, Towertrust (la entidad fiduciaria de Towerbank International) que articula con ikigii, una de las primeras apps en América Latina fuera de Brasil que integra banca y cripto, comenzó a incorporar estructuras fiduciarias reguladas como respuesta a esa brecha.
"La pregunta del ahorrista ya no es sólo si la app es rápida, sino quién es el dueño del dinero cuando el teléfono se apaga", explicó Gabriel Campa, Head of Digital Assets de Ikigii en reciente conversación con El Observador, y agregó: "El objetivo es eliminar la discrecionalidad: que la tecnología dé la agilidad, pero la estructura fiduciaria de respaldo ofrezca la certeza legal de que los fondos están protegidos y fuera del balance de la compañía".
IKIGI
Gabriel Campa, Head of Digital Assets de Ikigii
Respaldo fiduciario en el ecosistema cripto
“Los bancos no deberían tener criptomonedas en su balance. La alta volatilidad de activos como Bitcoin hace inviable cumplir con los requisitos regulatorios de capital si su precio se dispara. Bajo este enfoque, la exposición directa se evita”, advirtió Campa.
Según el ejecutivo, el modelo de Towerbank propone que las criptomonedas sigan siendo propiedad del usuario. “El banco, en cambio, actúa como intermediario: facilita la compra, venta o conversión a dólares, e incluso permite utilizarlas como garantía para préstamos, pero sin reutilizarlas ni prestarlas a terceros. Así, se reduce el riesgo sistémico y se protege tanto a la entidad como al cliente”.
La estructura se apoya en un esquema tripartito entre cliente, banco y fiduciaria. Mientras el banco gestiona los fondos en moneda fiat, una entidad especializada custodia los activos digitales y mantiene la relación con exchanges institucionales. Este diseño permite aislar los fondos cripto ante eventuales problemas financieros del banco, bajo un modelo conocido como “bankruptcy remote ”.
Así, el modelo fiduciario permite combinar la operatividad inmediata de cripto con la robustez de la normativa bancaria internacional.
Bitcoin y cripto como respuesta a la crisis financiera internacional
En América Latina, las criptomonedas se posicionan como una alternativa para preservar valor, acceder a financiamiento y sortear restricciones del sistema financiero tradicional. Ya emergen casos de uso concretos, como líneas de crédito respaldadas en Bitcoin o esquemas de financiamiento inmobiliario basados en activos digitales.
“Cripto es importante no sólo para América Latina sino para el mundo entero. Bitcoin nació por un fracaso en el 2008 del sistema financiero americano. ¿Qué hace Bitcoin? Le devuelve el control de sus finanzas al usuario”, sentenció Campa.
Y añadió: “Además, las stablecoins y las criptomonedas en general han quebrado fronteras y obligado a los gobiernos y a los bancos a modernizarse más rápido de lo que hubieran hecho. El mercado cripto tiene costos mucho menores que se trasladan al usuario como un beneficio directo”.
De cara a los próximos años, el ejecutivo adelantó que el desarrollo del sector apunta a una mayor integración: tarjetas, líneas de crédito, más activos y redes, e incluso servicios como staking.
Sin embargo, el eje sigue siendo el mismo: ampliar las capacidades sin comprometer la seguridad.
La regulación avanza en el mundo
Con Estados Unidos como punta de lanza con la promulgación del GENIUS Act en 2025 y el avance del Clarity Act en el Senado durante 2026, los marcos regulatorios cripto avanzan alrededor del mundo priorizando la protección de los usuarios y la salud del mercado y la industria.
En Argentina, el régimen de PSAV entrado en vigencia en enero del 2026, introduce por primera vez una obligación formal de segregación de activos dentro de los exchanges, lo que implica distinguir contablemente entre las criptomonedas propias y las de los clientes.
Sin embargo, esta separación no se traduce en una estructura jurídica equivalente a la del mercado de capitales, donde existen cuentas comitentes individualizadas.
La consecuencia es que, aunque la norma reconoce una diferenciación operativa, no elimina el riesgo patrimonial: en un escenario de quiebra, los fondos de los usuarios podrían quedar expuestos a disputas dentro del proceso concursal.
El Banco Central do Brasil aún no establece con el mismo nivel de detalle una separación patrimonial plena ni un tratamiento concursal específico. La regulación brasileña prioriza el control del sistema y el cumplimiento normativo, pero todavía está en proceso de definir cómo se protegerán efectivamente los fondos de los usuarios frente a eventos de estrés o insolvencia.
En Europa, bajo la normativa MiCA, el enfoque es más robusto desde el punto de vista jurídico.
La segregación no es sólo contable, sino también legal, lo que obliga a los proveedores a mantener los activos de los clientes completamente separados de su propio patrimonio. Este diseño busca garantizar que, ante una insolvencia, los criptoactivos custodiados no formen parte de la masa del exchange, acercando el modelo a estándares más protectivos para el inversor.
En este sentido, la normativa europea reduce significativamente el riesgo estructural que todavía persiste en otras jurisdicciones.
