A través del Decreto 787/2025 se dio curso a la derogación de la normativa N° 2417 del 19 de noviembre de 1993 que establecía un mecanismo de fijación de precios, autorización y notificación obligatoria.
El Gobierno Nacional oficializó este martes una nueva instancia de desregularización de los aranceles de los colegios privados.
A través del Decreto 787/2025 firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Sandra Pettovello y Luis "Toto" Caputo, se dio curso a la derogación de la normativa N° 2417 del 19 de noviembre de 1993 que establecía un mecanismo de fijación de precios.
"La intervención del Estado en la regulación y financiamiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada, aunque busca garantizar la calidad educativa, ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica", señaló el texto en un tramo del Considerando.
El Decreto 787/2025 oficializado este martes dejó sin efecto el Decreto 2417/93 que complementó la normativa 2542/91, introduciendo regulaciones específicas para los institutos de enseñanza, así como pautas para el manejo de aranceles y la comunicación con los padres o responsables de los alumnos.
Según el nuevo texto, dicho marco presentaba limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país.
"La intervención del Estado, al exigir a los establecimientos la presentación de los montos de las cuotas y de la matrícula con anticipación, limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos", remarcó el Gobierno Nacional.
Es por ello que desde este martes se suprimen los mecanismo de fijación de precios de aranceles educativos, la comunicación obligatoria de los montos de matrículas y cuotas con anticipación considerable de las instituciones a los padres y la obtención de autorización estatal previa para modificar dichos valores.
Además, el artículo 2° instruye al Ministerio de Capital Humano para que, a través de la Secretaría de Educación, proceda a revisar las pautas contenidas en el Decreto N° 2542 del 5 de diciembre de 1991 y a elevar una propuesta de modificación.