La decisión quedó oficializada este jueves y permitió encaminar la normalización de la operatoria portuaria en todo el país.
El Gobierno nacional suspendió este jueves la aplicación del Decreto 690/2026 que modificaba el régimen de practicaje y pilotaje en los puertos argentinos, luego de alcanzar un acuerdo con los profesionales del sector que puso fin al paro iniciado a comienzos de la semana.
La decisión quedó oficializada mediante el Decreto 716 publicada en la edición matutina del Boletín Oficial (BORA) y permitió encaminar la normalización de la operatoria portuaria en todo el país.
La medida llegó después de cuatro días de conflicto, durante los cuales quedaron demorados más de un centenar de buques y se vieron afectadas exportaciones agroindustriales, embarques de combustibles y otras operaciones logísticas. El entendimiento incluyó la suspensión transitoria de la normativa, la conformación de una mesa de diálogo y el levantamiento inmediato de la protesta.
Impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el texto buscaba introducir cambios en el servicio de practicaje y pilotaje para reducir costos y ampliar la competencia en la actividad.
La resolución publicada este jueves dejó en suspenso la aplicación del Decreto 690/2026 mientras avanzan las conversaciones entre el Gobierno y los representantes del sector. La medida busca generar un ámbito de negociación para revisar los puntos que originaron el conflicto sin que continúen las interrupciones en la actividad portuaria.
Como parte del entendimiento, los prácticos aceptaron levantar el paro y reducir un 20% sus tarifas, uno de los principales objetivos perseguidos por el Ejecutivo para disminuir los costos logísticos del sistema portuario. A partir de ese compromiso comenzó el proceso de normalización de las operaciones en los puertos y en la hidrovía.
La normativa suspendida modificaba un régimen vigente desde 1991. Entre otros cambios, ampliaba los casos en los que el servicio de practicaje dejaba de ser obligatorio, facilitaba el ingreso de nuevos prestadores, establecía un registro abierto administrado por la Prefectura Naval Argentina y facultaba a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación a fijar tarifas máximas para la actividad. También obligaba a publicar los precios de los servicios con el objetivo de incrementar la competencia.
Federico Sturzenegger había sostenido que la reforma apuntaba a modernizar el sistema y reducir costos para la navegación comercial. En cambio, los prácticos argumentaron que algunos cambios podían afectar la seguridad de las maniobras de ingreso y egreso de los buques en ríos, canales y puertos, lo que motivó la medida de fuerza.
"Para acotar la necesidad de contratar un servicio innecesario también ampliamos las dimensiones de los buques a partir de los cuales es obligatorio contratar práctico y definimos áreas enteramente libres de la necesidad de contratarlos", repasó el funcionario el 31 de julio pasado en redes sociales.
Durante el conflicto, la Prefectura Naval Argentina (PNA) intimó a los profesionales a retomar las tareas y advirtió sobre posibles sanciones ante la interrupción del servicio, mientras el Gobierno defendía la vigencia del decreto. Finalmente, las negociaciones derivaron en la suspensión temporal de la norma y en la apertura de una instancia de diálogo entre ambas partes.
Con el levantamiento del paro, las terminales portuarias comenzaron a recuperar su actividad habitual y los buques demorados iniciaron de manera gradual las maniobras de ingreso y salida, lo que permitirá restablecer el flujo de exportaciones e importaciones afectado durante los últimos días.