Argentina presentó dos nuevos escritos ante la jueza Loretta Preska en Nueva York para intentar frenar la orden judicial que obliga al Estado a transferir sus acciones en YPF al fondo de inversión británico Burford Capital. Los documentos, presentados por la Procuración del Tesoro de la Nación, buscan suspender el denominado "turnover" (transferencia) de la participación estatal del 51% en la petrolera, mientras se prepara una apelación formal contra la sentencia de USD 16.100 millones.
La disputa judicial se originó tras la expropiación de YPF en 2012, cuando el Estado argentino nacionalizó la empresa que estaba en manos de la española Repsol. Los demandantes Petersen Energía y Eton Park Capital Management, junto al fondo Bainbridge, reclaman compensaciones por las pérdidas sufridas durante ese proceso.
Argumentos centrales de la defensa argentina
En su presentación ante el tribunal neoyorquino, Argentina esgrimió tres argumentos principales para justificar la suspensión de la orden. Según la Procuración del Tesoro, se trata de la "naturaleza excepcional del caso y cuestiones legales sin resolver", ya que "no es una disputa comercial ordinaria, sino un caso sin precedentes con un fallo de USD 16.100 millones, aún apelado, que plantea cuestiones jurídicas complejas, sobre las cuales incluso el gobierno de EEUU discrepa con la decisión del tribunal".
El segundo argumento se centra en el "daño irreparable e imposibilidad legal de cumplimiento", al sostener que "la ejecución de la orden de turnover obligaría a Argentina a violar su propia legislación y perder el control sobre YPF de forma irreversible". En este punto, la defensa hace referencia a la Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, que establece que cualquier transferencia de acciones estatales en YPF requiere aprobación del Congreso Nacional.
El tercer eje argumentativo plantea la "ausencia de perjuicio para los demandantes y fuerte interés público en mantener el statu quo". Desde la Procuración del Tesoro argumentaron que "los demandantes no sufrirían daños por la suspensión, ya que la legislación argentina impide vender acciones de YPF sin aprobación legislativa".
Riesgos para la estructura financiera de YPF
En el escrito dirigido específicamente al fondo Bainbridge, Argentina advirtió sobre las consecuencias que tendría la transferencia de las acciones Clase D de YPF al Bank of New York Mellon, como paso previo a que queden bajo control de Burford Capital. Según la defensa estatal, este cambio de control "activaría cláusulas de deuda contenidas en los instrumentos financieros de YPF, que podrían obligar a pagos anticipados a acreedores".
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Los fondos embargados por la decisión de la jueza estadounidense Preska provienen de garantías vinculadas a los bonos Brady, emitidos por Argentina en los años 90.
El impacto se extendería no solo sobre la compañía y sus accionistas, sino también sobre los más de 23.000 empleados de YPF. Para respaldar esta argumentación, los abogados del Estado citaron el Formulario 20-F del año 2024 presentado por YPF ante la SEC (Securities and Exchange Commission), en el que se alerta sobre los riesgos legales de un cambio accionario forzoso.
La transferencia de las acciones, según Argentina, tendría que realizarse bajo un nuevo contrato de custodia y en una cuenta bajo jurisdicción estadounidense, algo que el Gobierno considera jurídicamente inválido. Además, remarcó que no existe jurisprudencia en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito que habilite ejecutar bienes de un Estado extranjero que no estén físicamente en territorio estadounidense.
Críticas a las declaraciones de Kicillof
Un elemento que complicó la posición argentina fue la incorporación por parte de los demandantes de declaraciones del gobernador bonaerense Axel Kicillof en su oposición al pedido de suspensión. Según la Procuración del Tesoro, el exministro de Economía "continúa entorpeciendo y empeorando la posición argentina" con sus declaraciones públicas sobre el caso.
En la respuesta al fondo Petersen/Eton Park, el equipo jurídico del Estado aclaró que el gobernador no forma parte del Gobierno nacional y que su opinión política no tiene incidencia en la estrategia legal de la actual administración. Esta aclaración busca deslindar la defensa oficial de las posturas que pueda adoptar Kicillof, quien fue uno de los principales impulsores de la estatización de YPF durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
Argentina reiteró que el caso presenta "cuestiones legales de primer impresión", es decir, que no han sido abordadas previamente por los tribunales de apelación, lo que incrementa la probabilidad de que el fallo sea revertido o modificado en instancias superiores. La presentación enfatizó también que el Congreso argentino debe autorizar cualquier transferencia de acciones estatales en YPF, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente.
En paralelo, la defensa argentina se prepara para presentar en los próximos días la apelación formal ante la Corte del Segundo Circuito, con sede en Nueva York, en caso de que Preska no conceda la suspensión de su fallo. Ese recurso incluiría un nuevo pedido de suspensión que dejaría sin efecto la orden de turnover mientras el tribunal de apelaciones analiza la validez del fallo.
