El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció que el Banco Nación comenzará a cerrar sucursales en aquellos municipios que "abusen de las tasas municipales". La medida fue comunicada a través de la cuenta oficial de Caputo en X, donde explicó que el presidente Luis Caputole solicitó avanzar con este plan para contrarrestar lo que describió como prácticas abusivas por parte de algunas intendencias locales. La iniciativa ya tuvo su primer impacto en la provincia de La Pampa, donde se dispuso el cierre de varias sedes bancarias.
En su publicación, Caputo afirmó: “Hoy el Presidente Milei me pidió que cerráramos las sucursales del Banco Nación de aquellos municipios que insisten con abusar de sus vecinos mediante subas de tasas municipales injustificadas, que además esconden en servicios nacionales”. El funcionario expresó su descontento por lo que considera una política local desmedida y contraria a los esfuerzos nacionales: “Estamos todos los argentinos haciendo un esfuerzo enorme por sacar al país adelante, pero hay todavía una buena parte de la política que quiere aferrarse al modelo de 'privilegios para pocos y pobreza para muchos' de los últimos 20 años". Caputo también insistió en que el Gobierno tiene la obligación de cumplir con el mandato de cambio que la ciudadanía expresó en las urnas.
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Medidas concretas en La Pampa
La provincia de La Pampa fue la primera en experimentar los efectos de esta política, ya que la semana pasada el Banco Nación inició el cierre de nueve sucursales en distintos puntos del territorio pampeano. Además, la entidad decidió suprimir la Gerencia Zonal de la provincia, transfiriendo las responsabilidades de esta a la Gerencia Zonal de San Luis. El detonante de esta medida fue la reciente decisión del gobierno provincial de aumentar la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos sobre los créditos, un incremento que, según el Banco Nación, afecta de manera negativa tanto a las familias como a las pequeñas y medianas empresas (pymes).
En un comunicado, la entidad bancaria explicó que “el gobierno pampeano decidió elevar al 15,5% la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos que grava los créditos a las familias y a las pymes”, lo que derivó en la decisión de cierre. El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, respaldó esta determinación al afirmar que el aumento de los tributos locales tiene un impacto significativo en la operación bancaria. Según Tillard, “la incidencia de los impuestos locales duplica el gasto en la nómina salarial del personal, lo cual termina siendo una imposición sobre la presencia territorial”.
Tillard también señaló que estos impuestos no afectan directamente al Banco Nación, sino que "terminan siendo un impuesto a los créditos", lo cual encarece los servicios financieros y afecta a los sectores más vulnerables de la economía provincial. En relación a esto, declaró: "Queremos dejar en claro que estos tributos no gravan al Banco Nación, sino que terminan siendo un impuesto a los créditos. Por tal motivo, resolvimos no mantener ni nuestra (Gerencia) Zonal ni las sucursales en la provincia de La Pampa".
Consecuencias administrativas y futuras acciones
El proceso de cierre de sucursales en La Pampa incluyó también decisiones administrativas vinculadas al personal afectado por estas resoluciones. Según lo informado por el Banco Nación, se facultó a la subgerencia General de Gestión de las Personas y a la subgerencia General de red de Sucursales para gestionar la reubicación o redestino de los empleados que trabajaban en las sucursales que serán cerradas. A partir del cierre de la Gerencia Zonal en La Pampa, las sucursales de esa provincia que continúen operando serán gestionadas desde la Gerencia Zonal de San Luis.
El conflicto por las tasas municipales no es exclusivo de La Pampa, y el ministro Caputo dejó entrever que este tipo de medidas podría replicarse en otros distritos que adopten políticas similares. “El pueblo argentino votó un cambio, y es nuestro deber cumplir con su mandato”, reiteró el funcionario, haciendo hincapié en la necesidad de eliminar lo que describió como "privilegios injustificados" en las políticas municipales.
