Durante las últimas décadas, la narrativa global sobre la transición energética estuvo acompañada por la expectativa de que el avance de las fuentes limpias reduciría las disputas geopolíticas asociadas a los combustibles fósiles.
Sin embargo, la realidad mostró que la transición no elimina las dependencias estratégicas: las transforma.
A las vulnerabilidades vinculadas con el petróleo y el gas se suman ahora las relacionadas con los minerales críticos, las cadenas de manufactura, la tecnología y las redes eléctricas.
La invasión rusa a Ucrania, el cierre del Estrecho de Ormuz, la volatilidad estructural en Medio Oriente y la creciente competencia tecnológica entre Estados Unidos y China mostraron que la energía continúa siendo un componente central de las relaciones de poder.
Al mismo tiempo, la pandemia de COVID-19 y las interrupciones de las cadenas globales de suministro llevaron a los Estados a priorizar la diversificación y la resiliencia de sus sistemas energéticos.
Por eso, la seguridad energética, tradicionalmente definida como la disponibilidad de suministros suficientes a precios asequibles, pasó de ser un asunto principalmente técnico y comercial a ocupar un lugar dentro de las estrategias de seguridad económica y nacional.
Las tres fuerzas detrás de la nueva inseguridad energética
Tres factores están redefiniendo la seguridad energética: la rivalidad entre potencias, la vulnerabilidad de las cadenas de suministro y el impacto del cambio climático sobre la infraestructura.
El primero es el retorno de la rivalidad entre grandes potencias. El sistema internacional avanza hacia una multipolaridad fragmentada en la que la energía vuelve a ser utilizada como herramienta de coerción.
La competencia entre Estados Unidos y China está reconfigurando las cadenas de suministro globales y favoreciendo el regreso de políticas industriales estatales y medidas proteccionistas.
El segundo es la tensión entre la autonomía y la integración de los mercados. Tras la pandemia de COVID-19 y la desconexión del gas ruso en Europa, los Estados iniciaron una carrera por nacionalizar, diversificar y relocalizar sus cadenas de suministro mediante estrategias de nearshoring y friendshoring. El objetivo es ganar resiliencia frente a posibles interrupciones externas.
Sin embargo, la autosuficiencia total presenta límites. Incluso Estados Unidos, autoabastecido en términos netos gracias a la revolución del shale, continúa siendo vulnerable a shocks externos porque los impactos sobre el suministro en cualquier parte del planeta afectan inmediatamente a los precios dentro de un mercado global integrado.
La fragmentación de los mercados mundiales, además, reduce las opciones de respuesta ante emergencias climáticas o geopolíticas.
El tercer factor es el cambio climático como riesgo operativo. El calentamiento global dejó de ser únicamente una preocupación ambiental de largo plazo y pasó a representar una amenaza física sobre la infraestructura energética.
En 2022, California perdió la mitad de su producción hidroeléctrica debido a la sequía, y Brasil estuvo cerca de verse obligado a racionar electricidad después de perder gran parte de su energía hidroeléctrica
En América Latina, la hidroelectricidad representa el 45% de la generación eléctrica regional, por lo que los cambios en los patrones de precipitaciones, las sequías, las inundaciones y el aumento de las temperaturas tienen un impacto directo sobre la seguridad del suministro. La Agencia Internacional de Energía proyecta que el factor de capacidad hidroeléctrica regional podría disminuir alrededor de 8% entre 2020 y 2059 respecto del período 1970-2000.
La caída responde a los cambios en las condiciones climáticas e hidrológicas, entre ellos modificaciones en las precipitaciones y los caudales, alteraciones en los patrones estacionales de los flujos de agua y mayores pérdidas por evaporación asociadas al aumento de las temperaturas.
La exposición es particularmente relevante en Brasil, que concentra más del 55% de la capacidad hidroeléctrica instalada entre los 13 países latinoamericanos analizados por la IEA. En el escenario de mayores emisiones, la caída regional podría alcanzar 17% entre 2060 y 2099 respecto de la línea de base.
De los flujos de combustibles a los minerales y la tecnología
La transición hacia sistemas descarbonizados no elimina la dependencia externa, sino que modifica su naturaleza.
En el sistema energético basado en petróleo y gas, la vulnerabilidad esta principalmente asociada a una dependencia de flujo continuo. Si un chokepoint marítimo, como el Estrecho de Ormuz, o un gasoducto internacional es bloqueado, el suministro físico se interrumpe de inmediato, generando impactos económicos y sociales en los países importadores.
En los sistemas energéticos basados crecientemente en fuentes renovables aparece una dependencia de stock y tecnología. El viento, el sol y el agua son recursos vinculados al territorio y no pueden ser embargados o bloqueados de la misma manera que un cargamento de petróleo o un gasoducto. Sin embargo, su aprovechamiento depende de tecnologías de manufactura —paneles solares, turbinas y baterías— y de minerales críticos como litio, cobalto, cobre, níquel y tierras raras.
Esto genera una nueva dimensión de vulnerabilidad. Un bloqueo sobre el suministro de componentes no paraliza necesariamente las plantas ya instaladas, que pueden continuar operando durante sus 20 o 25 años de vida útil. Pero sí puede afectar la capacidad de expansión y modernización del sistema energético.
China y la concentración de las cadenas de la transición
La diversificación de las tecnologías asociadas a la transición energética presenta una dificultad adicional por el nivel de concentración existente en determinadas cadenas de valor.
Mientras los mayores productores de petróleo, Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia, controlan individualmente entre el 10% y el 15% del suministro global, China mantiene una posición dominante en distintas etapas de las cadenas vinculadas a la transición energética.
China controla el 85% de la capacidad de fabricación de módulos solares fotovoltaicos, el 80% de la producción de celdas de baterías de litio y el 95% de las obleas de silicio (PV wafers).
También concentra más del 60% de la extracción de tierras raras y más del 90% de su refinamiento y procesamiento a nivel global.
En materia de minerales estratégicos, China es el refinador dominante de 19 de los 20 minerales clave para la transición, con una participación de mercado promedio del 70%. Esto incluye aproximadamente el 70% del procesamiento mundial de litio y cobalto y el 98% del grafito de grado de batería.
Esta concentración dejó de ser solamente una vulnerabilidad potencial. Como respuesta a las restricciones comerciales impuestas por Occidente sobre semiconductores, el Gobierno chino implementó controles de exportación sobre galio, germanio y antimonio y, crucialmente en 2025, sobre tierras raras pesadas y tecnologías asociadas a imanes permanentes.
Los efectos alcanzaron a la industria automotriz: terminales de Europa y Estados Unidos debieron paralizar temporalmente sus fábricas por falta de imanes para motores eléctricos. La situación mostró cómo las cadenas vinculadas a la transición energética también forman parte de la competencia geoeconómica entre las grandes potencias.
La electricidad también es seguridad nacional
La transformación de la matriz energética también está trasladando el centro de gravedad de la seguridad energética hacia la electricidad.
De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA), el mundo avanza hacia una “Era de la Electricidad”. En todos los escenarios, la demanda eléctrica crecerá hacia 2035 a un ritmo cuatro veces mayor que la demanda energética general.
En las economías avanzadas, este crecimiento estará impulsado por la electromovilidad y por la expansión de las infraestructuras digitales. A esto se suma el desarrollo de la inteligencia artificial y de los centros de datos.
En 2025, las inversiones globales en centros de datos, estimadas en USD 580.000 millones, superaron a toda la inversión mundial en suministro de petróleo, estimada en USD 540.000 millones.
La creciente electrificación aumenta la importancia estratégica de las redes eléctricas. Los sistemas deberán integrar una mayor participación de fuentes renovables intermitentes y, al mismo tiempo, enfrentar una mayor digitalización y descentralización.
Esto también amplía la superficie de exposición frente a ciberataques híbridos, tanto estatales como no estatales, con potencial impacto sobre servicios críticos como la salud, el agua y las telecomunicaciones.
Argentina: el gas como ancla de seguridad energética
La matriz energética argentina es altamente gasocéntrica: el gas natural representa el 56% del suministro de energía primaria total y abastece a más del 60% de los hogares del país.
Sin embargo, la estacionalidad del consumo genera un desafío para la seguridad del suministro. Durante el invierno, la demanda alcanza los 150 millones de m³ diarios, frente a los 100 millones de m³ diarios del verano.
Ante la falta de almacenamiento subterráneo a gran escala, Argentina dependió históricamente de importaciones invernales desde Bolivia y de cargamentos de GNL por barco.
La declinación de la producción de Bolivia generó una urgencia adicional. En paralelo, el desarrollo de Vaca Muerta, considerada la segunda reserva de shale gas más grande del planeta, con 308 Tcf, abrió la posibilidad de sustituir esos flujos de importación y avanzar hacia mayores saldos exportables.
La estrategia planteada alrededor de YPF refleja este proceso de transformación y la coexistencia de distintos horizontes energéticos.
Entre 2023 y 2035, el objetivo es monetizar el petróleo de Vaca Muerta para financiar la caja corporativa y del Estado.
El litio y los nuevos recursos estratégicos
La transformación de la seguridad energética también aumenta la relevancia de los minerales críticos.
Argentina es uno de los países que integran el Triángulo del Litio, junto con Chile y Bolivia, y cuenta con vastas reservas de un recurso considerado estratégico para la electromovilidad global.
El país duplicó su producción de litio entre 2022 y 2024.
La relevancia de este recurso también se refleja en la competencia internacional por asegurar suministros. Potencias internacionales participan en el financiamiento y desarrollo de proyectos mineros argentinos, en un contexto en el que distintos actores buscan consolidar cadenas de suministro alternativas frente a la concentración geográfica de determinadas etapas de procesamiento y manufactura.
La seguridad energética del siglo XXI, por lo tanto, ya no se limita a garantizar el acceso a petróleo, gas o electricidad. También involucra la disponibilidad de minerales críticos, tecnologías, infraestructura y cadenas de suministro necesarias para sostener el funcionamiento y la expansión de los sistemas energéticos.
En este escenario, la energía deja de ser únicamente una cuestión de mercado. La capacidad de un país para garantizar su abastecimiento, proteger sus infraestructuras críticas y asegurar el acceso a los recursos y tecnologías necesarios para sostener su economía pasa a formar parte de su seguridad nacional.