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El gobierno de Javier Milei implementó una serie de ajustes en la administración pública nacional, centrados principalmente en la reducción de personal. Según los informes más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), desde diciembre de 2023 hasta mayo de 2025, el gobierno eliminó 50.463 puestos de trabajo. Estos despidos reflejan la intención del gobierno de reducir el tamaño del Estado y optimizar el funcionamiento de la administración pública.

La comparación de los datos de diciembre de 2023 con los de mayo de 2025 muestra un descenso significativo en la dotación de personal estatal. Mientras que en diciembre de 2023 la administración pública, incluyendo empresas y sociedades del Estado, sumaba un total de 341.477 empleados, para mayo de 2025 esa cifra se redujo a 291.014. Este ajuste afectó a diversos ministerios y organismos, con algunos enfrentando recortes más drásticos que otros, siendo los más impactados aquellos en áreas como el control fiscal, salud y empresas estatales.

Ministerios con los mayores despidos

Varios ministerios clave experimentaron recortes significativos. Entre ellos, el Ministerio de Salud destaca como uno de los más impactados.

Ministerio de Salud: más de 1.700 empleados menos

El Ministerio de Salud sufrió una considerable reducción de personal. En febrero de 2024, contaba con 8.587 empleados, pero en mayo de 2025 la cifra descendió a 6.817 personas, lo que representa una disminución de más de 1.700 empleados. En este caso, los recortes se centraron en áreas administrativas y de apoyo, mientras que los recursos destinados a la atención directa de salud en hospitales y centros sanitarios no se vieron tan afectados.

Ministerio de Justicia: ajustes limitados pero notables

El Ministerio de Justicia también registró una fuerte baja de empleados, aunque en menor magnitud que otros sectores. La dotación pasó de 1.407 empleados en febrero de 2024 a 1.215 en mayo de 2025, lo que representa una disminución de 192 personas. La reorganización afectó a algunos organismos dependientes, como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Unidad de Información Financiera (UIF), los cuales también redujeron su personal.

Empresas y sociedades del Estado: un recorte de 16.899 empleados

Las empresas y sociedades del Estado también experimentaron importantes recortes. En febrero de 2024, estas entidades contaban con 109.241 empleados, cifra que disminuyó a 92.342 en mayo de 2025, lo que representa una reducción de 16.899 puestos de trabajo. Entre las empresas más afectadas se encuentran Aerolíneas Argentinas e YPF. Aerolíneas redujo su plantilla de 10.119 empleados en febrero de 2024 a 9.811 en mayo de 2025, mientras que YPF también implementó recortes significativos en su personal técnico y administrativo.

Ministerio de Economía: el aumento por la creación de la ANPYN

El Ministerio de Economía experimentó un aumento en su dotación de personal entre febrero de 2024 y mayo de 2025. La dotación de personal del Ministerio era de 7.959 empleados. Sin embargo, para mayo de este año, esa cifra ascendió a 8.703 empleados, lo que representa un incremento de 744 personas. Este aumento se debe a la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) por el DNU 3/2025, la cual fue constituida como un ente autárquico dentro del Ministerio de Economía. Al cierre del informe, aún no se disponía de datos sobre la dotación de esta agencia como entidad independiente.

Más números sobre ministerios con bajas y altas

El Ministerio de Defensa experimentó una reducción moderada en su personal. En febrero de 2024, la dotación era de 1.100 empleados, mientras que en mayo de 2025 la cifra bajó a 1.014, lo que representa una disminución de 86 empleados. Los recortes se concentraron principalmente en áreas no operativas.

Asimismo, el Ministerio de Seguridad Nacional también redujo su personal administrativo, aunque con un aumento en las fuerzas operativas. En febrero de 2024, el ministerio tenía 1.188 empleados, mientras que en mayo de 2025 la cifra subió a 1.232, reflejando un incremento marginal en el personal operativo debido a la necesidad de reforzar sectores clave, como las fuerzas de seguridad y la Policía Aeroportuaria. La reducción fue más pronunciada en áreas administrativas.

Una reducción significativa de personal en organismos

La disolución del INADI

El INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) fue disuelto en agosto de 2024 como parte de las reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Esta disolución fue una de las medidas clave dentro de la política de reducción del tamaño del Estado, que afectó a varias instituciones consideradas innecesarias o redundantes. Antes de su cierre, ya había experimentado una reducción en su personal, que para principios de 2024 se encontraba en 358 empleados. Aunque su disolución generó controversia, ya que era un organismo clave en la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad en el país, sus funciones fueron absorbidas por otros organismos del Estado.

Reacciones sociales y protestas por los ajustes

La implementación de ajustes en la administración pública nacional por parte del gobierno de Javier Milei causó una creciente ola de movilizaciones y protestas en todo el país. Diversos sectores de la sociedad, incluidos sindicatos, trabajadores informales, jubilados, estudiantes y organizaciones sociales, expresaron su descontento a través de manifestaciones, paros y movilizaciones masivas.

El miércoles pasado, más de un centenar de sindicatos conformaron un "Frente de lucha por la soberanía, el trabajo digno y los salarios justos", movilizándose en Buenos Aires contra el ajuste y el freno a los aumentos salariales. La protesta reunió a gremios del transporte, la industria, los servicios y de la administración pública, junto a organizaciones que representan a trabajadores informales y desocupados. Rectores, profesores y estudiantes de universidades públicas también se sumaron a las manifestaciones, destacando la participación activa del sector educativo en el rechazo a las políticas gubernamentales.

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Foto: ATE

En respuesta a estas movilizaciones, el gobierno desplegó un operativo policial en el centro de Buenos Aires, generando tensiones con los manifestantes. Sindicatos y agrupaciones sociales denunciaron intimidación y provocaciones por parte de las fuerzas de seguridad con el fin de restringir el derecho a la protesta.

Las protestas fueron acompañadas por declaraciones de organizaciones sociales y políticas que exigen la derogación de las medidas de ajuste y la implementación de políticas que garanticen los derechos laborales y sociales de los trabajadores y ciudadanos en general.

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