Hugo Wortman Jofre, vocal y director del área de litigio estratégico de Poder Ciudadano, confirmó esta mañana en Majul 107.9 de El Observador 107.9 que la organización solicitó ser querellante en la causa que investiga los audios del ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien fue echado tras revelarse grabaciones donde habla de presuntas coimas del 8% en la compra de medicamentos.
En diálogo con Luis Majul, Wortman Jofre explicó que la decisión de intervenir en este caso se debe a que involucra "compras directas de medicamentos destinados a poblaciones vulnerables", un tema que consideran central para su lucha contra la corrupción. El abogado aclaró que aún dependen de la decisión del juez para ser aceptados como querellantes, recordando que ya no fueron admitidos como tales en el caso de los planes sociales con Roberto Baradel y Esteban "Gringo" Castro.
Embed - Causa Spagnuolo: Poder Ciudadano se presentó como querellante - Hugo Wortman Jofre
"Poder Ciudadano no litiga todos los casos de corrupción, no tendríamos capacidad", explicó Wortman Jofre, quien detalló que eligen casos que les permitan luego plantear a los gobiernos modificaciones de políticas públicas. En este expediente particular, la organización considera preocupante que las compras se realizaran por fuera de la plataforma Comprar Argentina, que está auditada por la SIGEN.
Audios obtenidos ilegalmente pueden ser prueba válida
Consultado sobre si los audios obtenidos de manera presuntamente ilegal pueden servir como indicio y futura prueba, el abogado se remontó a jurisprudencia consolidada desde los años ‘40. "Los funcionarios a partir del momento en que deciden ser funcionarios tienen una intimidad limitada", explicó, citando el precedente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que revocó una condena contra periodistas en el caso Menem vs. Perfil.
Wortman Jofre detalló que la Corte Suprema estableció en el fallo "Fiscal c/ Fernández" de 1940 que cuando una persona "desnuda su ilicitud frente a otra", corre un doble riesgo: que esa persona se convierta en testigo en su contra y que use medios de grabación para registrar la conversación.
El letrado enfatizó que lo importante es el testimonio de la persona que declara bajo juramento y que las grabaciones pueden analizarse mediante peritajes. Citó como precedentes casos de Telenoche Investiga y un caso del año pasado con una jueza de La Rioja. "Acá lo importante es la persona que bajo juramento va a ir y se va a sentar y decir: para comprar, para ofrecer medicamentos en ese organismo hacía falta poner el 3%", explicó.
En cuanto al funcionario involucrado en las grabaciones, Wortman Jofre señaló que "la primera persona que tiene que dar explicación a este expediente es el ex funcionario", en referencia a Spagnuolo, quien según los audios revelados habría participado de reuniones donde se discutían estos mecanismos de retornos.
Cautelar del gobierno: "Censura previa inconstitucional"
Respecto a la medida cautelar concedida por el juez Juan Maraniello en el fuero civil y comercial federal para impedir la difusión de más audios vinculados a la intimidad de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, Wortman Jofre fue categórico: "Claramente la medida es un caso de censura previa, absolutamente inconstitucional".
El dirigente de Poder Ciudadano explicó que en esta presentación "no se invoca la Ley de Inteligencia Nacional, se invoca simplemente la intimidad de una funcionaria de alto rango". La medida fue solicitada por el gobierno en el marco de una estrategia para blindar a Karina Milei tras los audios que la mencionan junto a Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional.
Para fundamentar su posición, Wortman Jofre recordó el caso del periodista Thomas Catán del Financial Times, a quien el juez Claudio Bonadio le secuestró los teléfonos para acceder a sus fuentes en una investigación de sobornos en el Senado. "¿En qué medida un juez tiene la facultad de avanzar sobre la libertad de prensa y avanzar sobre el secreto de la fuente, que además el secreto de la fuente tiene rango constitucional?", se preguntó.
El abogado explicó que la jurisprudencia establecida en el caso Catán determinó que estas medidas son "excepcionalísimas" y sólo se justifican "en delitos en curso de ejecución" cuando está en riesgo la vida de una persona, como en casos de secuestro extorsivo.
Diferencias entre el caso civil y la posible denuncia por espionaje
Wortman Jofre diferenció claramente entre la cautelar civil y una eventual denuncia por espionaje. "Si la conversación fue de un interlocutor de la funcionaria que grabó, ahí la funcionaria expuso su intimidad y es el riesgo de que alguien hable con un interlocutor que después va y denuncia", explicó.
Sin embargo, advirtió que la situación sería diferente si hubiera "un sistema de inteligencia con pinchadura de teléfono y micrófono en la Casa de Gobierno", donde sí podría configurarse una violación a la Ley de Inteligencia Nacional.
Los audios revelados por el canal de streaming Carnaval involucran a Spagnuolo hablando de presuntos retornos del 8% en compras de medicamentos para la ANDIS, mencionando a Karina Milei, "Lule" Menem y a la droguería Suizo Argentina como intermediaria en los pagos. Tras la difusión, tanto Spagnuolo como Daniel Garbellini, director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, fueron echados de la agencia.
