La Justicia uruguaya imputó a al senador Gustavo Penadés por delitos sexuales a menores y dispuso que fuera a prisión preventiva por 180 días.
El senador, que fue separado del parlamento en junio de este año, estaba siendo investigado por abusar de manera sistemática a menores en el lapso de más de diez años. Las víctimas fueron aportando datos y pruebas que llevaron a la fiscal de Delitos Sexuales Alicia Ghione, la jueza Marcela Vargas a imputar a Penadés y pedir su detención.
En su declaración ante la Justicia Penadés alegó problemas de salud para evitar ir a la cárcel. Serán los médicos forenses lo que deberá determinar si puede ir a la cárcel o no.
Además a Penadés se le dispuso un embargo hasta cubrir la suma de $ 25 millones. También se lo inhabilitó para ejercer funciones públicas o privadas en el área educativa, de la salud y de todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia.
La investigación, de oficio, comenzó en abril cuando la militante trans Romina Celeste denunciara que fue abusada sexualmente por Penadés. Primero fue en sus redes y luego ante la Justicia donde afirmó fue explotada sexualmente por el exsenador cuando tenía 13 años.
Tras conocerse la experiencia de Celeste, la Justicia logró incorporar al expediente los testimonios de al menos diez victimas que en el lapso de los últimos años fueron abusados por el exsenador. En un documento al que accedió, en su momento, El Observador Uruguay, la fiscal Ghione detalló el modus operandi de Penadés, los lugares donde presuntamente levantaba menores de edad, la formas de contacto y, en algunos casos, detalles de los abusos.
En su pedido de desafuero Ghione argumentó que "de las declaraciones surgen acciones del senador respecto de adolescentes, que indican la existencia de delitos de explotación sexual de menores de edad (…) es decir, como presunto explotador de la sexualidad de adolescentes, a cambio de dinero”.
También hacia mención al presunto intermediario Sebastián Mauvezín, también imputado en la causa, quien reclutaba adolescentes y los ponía en contacto con el senador para realizar actos sexuales. “La mayoría de las víctimas” tenían entre 13 o 14 años en el momento del abuso y otros 15 o 16.
Durante la investigación la fiscal Ghione advirtió por amenazas y riesgos de las víctimas que han declarado.
"En este caso particular, la investidura de senador que reviste Gustavo Penadés, el haberse hecho públicas las presuntas situaciones de explotación, el respaldo público de algunas autoridades y el silencio de otros representantes del pueblo en general, aumentó el temor de las víctimas por acercarse a declarar, tal como manifiestan que se sienten desprotegidas y en riesgo. Por ello la mayoría de ellas están silenciadas y desconfiadas del accionar de las autoridades", dice la solicitud en uno de los pasajes.
El pasado 7 de octubre El Observador Uruguay publicó en exclusiva que Penadés pidió a sus colaboradores que "limpiaran" sus teléfonos antes de ir a declarar a Fiscalía.
Los dichos del exsenador surgen de las escuchas telefónicas de dos colaboradores cercanos al exsenador y una funcionaria de la Corte Electoral donde los tres manifestaron que Penadés les ordenó borrar conversaciones y "limpiar" sus teléfonos antes de comparecer ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6o Turno, que indaga al legislador.
Funcionaria de la Corte Electoral: No entendía nada porque yo citada...