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La supuesta trama que usó Penadés para defenderse terminó siendo clave para que la Justicia determine su prisión: "Se utilizó el aparato del Estado"
Los tomó por sorpresa. El 5 de julio, cuando el senador Gustavo Penadés interrumpió su prolongado silencio en una entrevista con radio Universal en la que habló de una "trama" en su contra, los integrantes del caso estaban en feria judicial. El equipo fiscal y las defensas de las víctimas estaban de vacaciones y algunas de ellas, fuera del país. Si había un momento en el que no esperaban que Penadés jugara sus cartas, era ese. En el informe radial se señalaba a Jonathan Mastropierro —un joven condenado por dos estafas— como artífice de esa "trama". Tres meses después, esos hechos fueron pieza clave para que la jueza Marcela Vargas dispusiera su encarcelamiento preventivo.
Más allá de que a criterio de la Fiscalía que comanda Alicia Ghione —y que compartió la jueza Vargas— lo que hizo Penadés encuadra en un delito de desacato, dado que reveló el nombre de una víctima en contra de una disposición judicial (la de la reserva), todo lo que investigaron después a partir de eso fue lo que terminó pesando para que la jueza dispusiera la prisión.
Según relató la fiscal en conferencia de prensa tras la audiencia, a raíz de escuchas telefónicas y la incautación de los celulares, pudieron concluir que "es una estafa procesal porque el plan del que hablaba el senador Penadés desde el inicio es un plan que armó el propio senador por información pública, con colaboración de asesores y de policías". Así, confirmó que el director del exComcar, Carlos Taroco, está detenido desde las 19 horas de este martes.
Para definir si una persona va presa preventivamente (como en el caso de Penadés, que aún no tiene condena), el debate no se basa en la gravedad del delito imputado si no en los riesgos procesales. Es decir, qué riesgos corre la investigación y el proceso si la persona continúa en libertad mientras la Fiscalía lo investiga.
En este caso, Ghione señaló en audiencia que el senador utilizó recursos estatales para conseguir presuntas pruebas para fundamentar su teoría de que hay una "trama" en su contra. Una escucha telefónica, divulgada por El Observador, evidenciaba como Horacio Tejera, un colaborador de la estricta confianza de Penadés, pedía a Graciela de Vecchio, una funcionaria de la Corte Electoral, información sobre un joven de 22 años y su madre. El organismo electoral inició una investigación administrativa por este tema.
Además, la fiscal resaltó que hubo intervención de integrantes del Ministerio del Interior, especialmente en un "flujograma" (croquis). Es decir, realizaron un esquema que ponía a Mastropierro en el centro y buscaban sus posibles conexiones a otros jóvenes, intentando identificar supuestas víctimas, según reconstruyó El Observador.
"Un intento legitimo que tiene la defensa (plantear una teoría alternativa) se procuró llevarlo adelante con el aparato del Estado. Se usó a ciertos funcionarios en ciertos organismos, lo que determinó la gravedad de la situación”, dijo Soledad Suárez, abogada del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que representa a más de la mitad de las víctimas.
Según supo El Observador, había al menos un policía que ingresaba al Sistema de Gestión de Seguridad Pública para buscar antecedentes y cualquier información útil de los componentes de ese croquis. La imagen del esquema fue hallada en el celular de Penadés. A su vez, hay sospechas sobre personas que pueden estar involucradas en otro organismos del Estado.
"A través de una de esas víctimas trataron de armar un plan y para armar ese plan también había una persecución policial de esa víctima pero eso lo vamos a ir probando más adelante", advirtió.
También fundamentaron su pedido de prisión en las amenazas y persecuciones que sufrieron algunas de las víctimas, lo que es un riesgo procesal en sí mismo.
La jueza Marcela Vargas coincidió con el criterio fiscal y valoró que, a partir de estos elementos, debía disponer la prisión preventiva de Sebastián Mauvezín y el senador Penadés. En el caso del último, alegó tener dolencias de salud que impedirían su reclusión —una cardiopatía y diabetes— pero eso deberá ser constatado por el Instituto Técnico Forense, quien valorará si está en condiciones de ser encarcelado.
A Penadés lo imputaron por 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, así como cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravado, tres delitos de abuso sexual agravados por un delito de violación, otro de desacato, corrupción de menores y atentado violento al pudor. En el caso de Mauvezín —con quien trabaja, según detectaron, desde el año 2017 o 2018— los delitos que se le computaron son siete de contribución a la explotación sexual de menores.
Según la Fiscalía, él también participaba del "plan" porque "hay fotografías que se pasan de uno a otro, hay fotografías que después coinciden en el teléfono de Penadés, y en las escuchas que teníamos de los asesores". A su vez, en el caso del docente, hay una conversación "con una amiga que sí le presenta jóvenes a Penadés".
Los motivos por los que pidieron la suspensión
Javier Vega y Juan Carlos Fernández Lecchini, abogados de los imputados, pidieron la suspensión de la audiencia de este martes y alegaron, principalmente, dos motivos. El primero, refiere a que, según dijo el abogado de Mauvezín en audiencia, en las conversaciones extraídas del teléfono de su cliente estaban las que mantenía con él. Esas conversaciones son privadas y no pueden ser utilizadas como prueba.
Sin embargo, Ghione contrargumentó que cuando se extrae información de un celular no se puede discriminar qué se extrae y qué no. Indicó que luego se apartan las conversaciones que no se pueden utilizar y no se usan. Eso es lo que sucedió en este caso, dijo.
Por otra parte, ambos alegaron que hubo muy poco tiempo para analizar las escuchas telefónicas, las que se introdujeron en la carpeta investigativa en la última semana. Pero las contrapartes argumentaron que ese tipo de pruebas siempre se hacen "hasta último momento" y que es deber de los abogados hacer todo lo posible por analizarlas cuanto antes.
