El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un memorándum ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en respaldo de la moción de emergencia presentada por la gestión del presidente Javier Milei para frenar el proceso de discovery posterior a la sentencia en el caso YPF.
Según el gobierno de Donald Trump, los pedidos de los demandantes aceptados por la jueza superior del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska resultan “excesivamente intrusivos”.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación, que encabeza Sebastián Amerio, indicaron que la presentación busca suspender la etapa de producción de documentos, los pedidos de sanciones y la audiencia probatoria prevista entre el 21 y el 23 de abril próximo, mientras continúa el proceso de apelación.
“En su moción de emergencia presentada el 6 de marzo, la Argentina solicitó la suspensión de la etapa de producción de documentos (discovery), del requerimiento de sanciones y de la audiencia probatoria fijada entre el 21 y el 23 de abril de 2026″, expresó la Procuración en un comunicado.
Refirió que el Departamento de Justicia estadounidense “sostiene que el discovery actualmente en curso resulta excesivamente intrusivo y contrario a los principios de cortesía internacional y reciprocidad” y “señala que este tipo de requerimientos dirigidos contra Estados soberanos puede generar fricciones diplomáticas y abrir la posibilidad de que tribunales extranjeros impongan medidas similares contra los propios Estados Unidos”.
“Al evaluar el factor de interés público en una solicitud de suspensión, los tribunales deben considerar los posibles efectos sobre las relaciones exteriores y, en ese marco, otorgar especial deferencia a la posición del Poder Ejecutivo en materia de política exterior”, completó el escrito de la Procuración, que además agradeció el respaldo norteamericano y puntualizó que seguirá “ejerciendo la representación del Estado Nacional con rigor técnico y responsabilidad institucional, en defensa de los intereses de la República Argentina”.
El 26 de febrero pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos que encabeza Pam Bondi ya había presentado un escrito en respaldo de la posición argentina, en el cual puntualizó que el discovery resulta excesivamente intrusivo, que puede afectar principios de reciprocidad internacional y que plantea preocupaciones en materia de política exterior.
El juicio
El juicio se inició tras la estatización, en 2012, del 51% de YPF dispuesta por el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sin que se realizara una oferta de compra a los accionistas minoritarios, según lo exigían los estatutos de la compañía.
En septiembre de 2023, Preska dictó sentencia condenatoria por más de 16.000 millones de dólares, fallo apelado ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito.
Durante la gestión de Milei, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos respaldó siempre la posición argentina y la Procuración del Tesoro subrayó que durante más de dos años Argentina cumplió de buena fe con el proceso de discovery, con entregas periódicas que superaron las 115.000 páginas de documentación.
