El Departamento de Justicia de Estados Unidos se presentó este jueves ante la jueza Loretta Preska, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, para respaldar a la República Argentina frente al pedido de sanciones impulsado por los fondos demandantes en el juicio por la expropiación de YPF. La presentación, de 29 páginas, fue firmada por Sean S. Buckley, fiscal federal adjunto del Distrito Sur de Nueva York, y por Samuel Dolinger, fiscal federal asistente. Cabe aclarar que no se trata de un amicus curiae —figura en la que un tercero ajeno al litigio ofrece su perspectiva— sino de una declaración de interés (Statement of Interest) presentada de manera espontánea por el gobierno estadounidense en ejercicio de sus atribuciones legales.
El documento sostiene que "el litigio en tribunales de los Estados Unidos contra Estados extranjeros puede tener importantes implicancias en materia de política exterior para los Estados Unidos y afectar el trato recíproco que reciba el gobierno estadounidense ante los tribunales de otras naciones". En esa línea, el DOJ destacó los esfuerzos de Argentina por cumplir con los requerimientos de discovery —el proceso de revelación de documentos e información propio del sistema judicial anglosajón— y señaló que esas exigencias "resultan en sí mismas incompatibles con las consideraciones de cortesía y reciprocidad que surgen en litigios contra Estados soberanos".
Los tres ejes del respaldo estadounidense
El DOJ estructuró su presentación en torno a tres argumentos centrales. El primero cuestiona la legitimidad de los pedidos de discovery formulados por los demandantes —los fondos Petersen Energía y Eton Park Capital Management—, que incluyeron comunicaciones personales de altos funcionarios argentinos a través de plataformas como WhatsApp y Gmail, en dispositivos privados. El gobierno estadounidense consideró que esa clase de requerimientos excede los límites de la norma federal aplicable y atenta contra los principios de cortesía internacional.
El segundo argumento apunta contra el pedido de los fondos de que se declare a entidades estatales argentinas como Banco Central, Banco de la Nación, Aerolíneas Argentinas y la propia YPF como alter ego del Estado —es decir, extensiones directas del mismo, sin personalidad jurídica diferenciada—, lo cual habilitaría ejecutar los bienes de esas empresas para cobrar la condena. El DOJ rechazó que esa determinación pueda hacerse como sanción procesal, sin que los demandantes aporten pruebas suficientes.
El tercer eje es el más contundente: la oposición a la multa de al menos 1 millón de dólares diarios que Petersen y Eton Park solicitaron que se imponga a Argentina por desacato. El documento concluye que dicha sanción "no se ajusta a los principios de cortesía internacional y reciprocidad ni a la FSIA" —sigla en inglés de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras— "y debe ser rechazada". El DOJ argumentó además que esa multa sería de imposible ejecución bajo el marco legal vigente y que su imposición podría alentar a tribunales de otros países a adoptar medidas similares contra el propio gobierno de Estados Unidos.
El contexto del litigio y la posición argentina
El juicio tiene origen en la estatización del 51% de YPF dispuesta en 2012 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sin que se realizara una oferta de compra a los accionistas minoritarios según lo exigían los estatutos de la compañía. En septiembre de 2023, la jueza Preska dictó sentencia condenatoria por más de 16.000 millones de dólares, fallo que está actualmente apelado ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito.
Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, el DOJ respaldó en reiteradas oportunidades la posición argentina en esta causa. La Procuración del Tesoro de la Nación —el organismo que conduce la defensa del Estado en juicios internacionales— subrayó que durante más de dos años Argentina cumplió de buena fe con el proceso de discovery, con entregas periódicas que superaron las 115.000 páginas de documentación. "A pesar del amplio acceso a información, los demandantes no lograron encontrar evidencia que respaldara sus acusaciones", señalaron desde ese organismo.
En los últimos días, Argentina solicitó la suspensión del discovery ante la jueza Preska. Tras la negativa del tribunal, inició el proceso de apelación ante la Cámara del Segundo Circuito. Además de esa instancia, permanecen pendientes otras dos apelaciones vinculadas a la entrega de las acciones de YPF y al propio proceso de discovery.
