La Cancillería informó este viernes que Argentina volverá a participar en la denuncia presentada en 2018 ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, la cual solicitaba una investigación sobre el régimen de Caracas por violaciones sistemáticas de derechos humanos. En marzo de 2021, durante la gestión de Alberto Fernández, se decidió retirar esta denuncia, lo cual fue bien recibido por el gobierno de Nicolás Maduro.
Esta acción se produce a una semana de las elecciones presidenciales en Venezuela. La decisión política, emanada directamente desde Casa Rosada, se comunicó hoy al órgano judicial, señalando la reincorporación de Argentina al proceso.
El comunicado desde Cancillería
“El día de la fecha, la República Argentina comunicó a la Corte Penal Internacional su decisión de reincorporarse a la remisión efectuada en 2018 sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela, de la que se había retirado en 2021. Esta decisión es congruente con las acciones y declaraciones que el Gobierno argentino ha venido adoptando desde el 10 de diciembre de 2023 frente al deterioro de la situación política y de derechos humanos en Venezuela. La República Argentina continuará bregando por el restablecimiento del estado de derecho y la defensa de los principios de la libertad y la democracia en ese país”, declaró el ministerio dirigido por Diana Mondino.
La reactivación de la denuncia ocurre en un contexto de creciente tensión, tras las recientes declaraciones de Nicolás Maduro, quien acusó a Javier Milei de ser parte de un supuesto complot para boicotear las elecciones del próximo 28 de julio. Además, Venezuela negó un salvoconducto a seis asesores de María Corina Machado, quienes están asilados en la residencia argentina en Caracas desde marzo.
Los comienzos de la denuncia
En 2018, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina (gobernada entonces por Mauricio Macri) presentaron la denuncia ante la CPI para investigar al régimen venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad. Fue la primera vez que un grupo de Estados demandó a otro ante dicho tribunal, cuyo objetivo es juzgar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra, agresión y lesa humanidad.
Sin embargo, en marzo de 2021, el gobierno de Alberto Fernández retiró el apoyo a la denuncia, coincidiendo con la salida de Argentina del Grupo de Lima, un foro regional alineado con Estados Unidos. En ese momento, el gobierno argentino argumentó que la retirada se debía a la inclusión de un sector de la oposición venezolana como miembro del Grupo de Lima, lo cual había llevado a "posiciones que nuestro Gobierno no ha podido ni puede acompañar". Además, criticó que las acciones del foro, liderado por Brasil y Colombia, no habían "conducido a nada" y abogó por un "diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular" y permita la realización de "elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional".
Esta decisión fue celebrada por Venezuela, con Tarek William Saab, uno de los máximos funcionarios del Palacio de Miraflores, destacando su "valor simbólico importante" en una rueda de prensa. Saab subrayó la relevancia de que el gobierno kirchnerista no apoyara las graves acusaciones de crímenes contra la humanidad contra el régimen de Maduro. “Se retira Argentina de esa denuncia, y eso es muy importante, tiene un valor simbólico importante que tenemos que fijar con mucha atención. Por algo lo hacen”, afirmó el Fiscal General de Venezuela en su comparecencia ante los medios.
De qué se trata la denuncia a Venezuela
Durante un período de nueve meses, un grupo de expertos internacionales independientes convocados por la OEA reunió información y escuchó a decenas de víctimas y testigos. También analizaron pruebas presentadas por organizaciones de derechos humanos. El informe resultante, de 489 páginas, examinó las agresiones contra líderes opositores al régimen y documentó "patrones sistemáticos y generalizados de persecución política, acoso a estudiantes, civiles y miembros de las fuerzas armadas". Estas tácticas fueron empleadas para intimidar a la población venezolana.
El informe incluyó 26 testimonios de testigos que participaron en cinco audiencias públicas organizadas por la OEA. Además, se recopilaron numerosos relatos de víctimas y sus familias, así como informes de más de 40 organizaciones no gubernamentales tanto de Venezuela como internacionales.
También se reveló que 131 personas fueron asesinadas durante las protestas de 2014 y 2017 por las fuerzas de seguridad del Estado y colectivos chavistas. Además, se registraron 8.292 ejecuciones extrajudiciales desde 2015. Más de 12 mil venezolanos fueron detenidos arbitrariamente, encarcelados o sometidos a severas privaciones de libertad desde las elecciones de 2013, cuando Maduro asumió la presidencia tras la muerte de Chávez.
Además, se señaló que más de 1.300 personas habían sido detenidas por su oposición política al régimen de Maduro, mostrando "un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil de Venezuela".
