El ministro de Salud habló sobre el hecho, que dejó al menos 87 muertos, y adelantó sanciones contra los responsables
El Ministerio de Salud de la Nación continúa investigando el caso de fentanilo contaminado, que ya dejó 87 víctimas fatales y se sospecha que otras nueve personas habrían perdido la vida a causa de esta droga.
En conversación con TN, Lugones profundizó sobre los detalles de la investigación y su perspectiva personal sobre los hechos ocurridos, y expresó su profunda preocupación por lo sucedido y la gravedad de la situación. “No tiene antecedentes en Argentina”, subrayó, haciendo hincapié en lo excepcional del caso, que involucra la contaminación de un medicamento con fentanilo, un opioide potente utilizado en contextos médicos específicos.
El funcionario, que es médico de profesión, no ocultó su angustia durante la conversación: “Me pongo muy mal cuando hablo de esto porque soy médico, y es un atentado a la gente”, afirmó, visiblemente conmovido. A lo largo de la entrevista enfatizó que el impacto de este hecho le resulta particularmente doloroso, dado su conocimiento y experiencia en la medicina.
Uno de los puntos clave de la entrevista fue la mención de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HBL, que se encuentra bajo investigación judicial por su presunta implicación en la fabricación y distribución del fentanilo contaminado. En sus declaraciones, Lugones no dudó en calificarlo como “delincuente” y “exconvicto”, y lo vinculó con presuntos negocios espurios. “En el ambiente siempre hubo un rumor de que había un grupo que estaba Furfaro y otra persona más, que se llama Jorge Salinas, que vienen haciendo negocios raros”, señaló el ministro.
Lugones también recordó que el laboratorio HBL había sido elegido por el gobierno de Alberto Fernández para traer la vacuna Sputnik contra el Covid-19, aunque ese proceso no se concretó debido a irregularidades en los papeles necesarios para la exportación. Según el ministro, el laboratorio fue auditado en noviembre, luego de que se recibiera una denuncia por la mala calidad de uno de sus productos. A partir de esas irregularidades, el laboratorio fue finalmente cerrado, una acción que fue concretada por la directora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, tras recibir un informe el 12 de febrero. Sin embargo, Lugones expresó sus dudas sobre las demoras en la detección de los problemas en el laboratorio.
“Nosotros estamos de acuerdo con lo que dicen los familiares: queremos que se resuelva lo antes posible”, afirmó Lugones, quien aseguró que el Ministerio de Salud está actuando como querellante en la causa judicial. La investigación fue impulsada por una denuncia de la ANMAT, y actualmente está bajo la supervisión del juez federal Ernesto Kreplak. El Instituto Malbrán, dependiente del Ministerio de Salud, fue solicitado como perito de parte para colaborar en la determinación de las pruebas genéticas relacionadas con el fentanilo contaminado.
El ministro también detalló las medidas que se están tomando para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro. Según explicó, su objetivo es modificar las licitaciones, exigiendo que se cumplan estrictas buenas prácticas de manufactura tanto por laboratorio como por línea de medicamento. “No es lo mismo la manufactura de un omeprazol que de un fentanilo. Unas pueden durar tres años y otras menos tiempo”, explicó.
Lugones subrayó que el laboratorio HBL no fue cerrado por capricho, sino por una acumulación de denuncias que habían sido ignoradas por anteriores gobiernos. Este hecho marca la diferencia, ya que, según el ministro, su administración es la primera en poner un “stop” al laboratorio. “Este es el primer gobierno que le pone un stop a este laboratorio”, indicó. En cuanto a la responsabilidad del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), que depende de la ANMAT, Lugones mostró su malestar por las demoras en el proceso de auditoría y control. Afirmó que, aunque el plazo formal para la investigación interna es de seis meses, está exigiendo que los resultados sean publicados lo antes posible.
Finalmente, en cuanto a las acusaciones de que ciertos sectores políticos podrían estar involucrados, Lugones expresó sus sospechas, señalando que "algo raro hay acá atrás" en relación con los vínculos de los acusados con distintos sectores del peronismo. “Esta gente llegó acá porque tienen cobertura política, sino no se llega de tener una verdulería en el conurbano a tener tantos negocios”, sostuvo.
A pesar de las dificultades y los cuestionamientos que enfrentó el Ministerio de Salud, el funcionario se mostró firme en su intención de esclarecer los hechos y tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población. “No tiene perdón de nadie esta gente, tienen que terminar presos ellos y todos los cómplices que pueda encontrar el juez”, concluyó. Con este mensaje, Lugones dejó en claro que la lucha por la justicia en este caso es una prioridad para su gestión.