En el marco de una investigación por contrataciones irregulares en la municipalidad, el fiscal federal de San Martín, Paul Starc, ha solicitado la detención del intendente de San Martín, Fernando Moreira, junto con otras cinco personas. La causa, que investiga falsificación de documento público y defraudación a la administración pública, no solo congeló las cuentas bancarias de los implicados, sino que la sede comunal fue allanada el viernes pasado en busca de documentación y se le prohibió la salida del país al jefe comunal.
La fiscalía solicitó el arresto del intendente, pero la jueza Alicia Vence lo denegó, lo que llevó al fiscal Starc a apelar ante la Cámara Federal de San Martín para que se ordenen las detenciones. "La medida de coerción resulta necesaria y su no otorgamiento causa perjuicio a esta parte", argumentó en su escrito. Además de Moreira, las detenciones solicitadas apuntan a José María Fernández, Héctor Rey, Viviana Saluzzo, Lorena Altamira y Marta Beatriz Pastor.
La investigación comenzó en octubre pasado tras la denuncia de un hombre que perdió un plan social del Ministerio de Desarrollo Social al descubrir que figuraba como empleado municipal con un sueldo de 300 mil pesos, lo cual le impedía recibir el beneficio social. Este hecho desató una investigación que reveló que una persona del Municipio de San Martín tenía múltiples tarjetas de débito y retiraba dinero de los empleados en un cajero cercano al Concejo Deliberante.
Además, se descubrió que varias personas figuraban como empleados del municipio sin su conocimiento y sus salarios eran cobrados por otros, de hecho, el fiscal Starc destacó que uno de los contratados tenía antecedentes penales. En su dictamen, señaló que las filmaciones de los cajeros mostraban a Sergio González, el presidente del Concejo Deliberante de San Martín fallecido el pasado 9 de noviembre, realizando las extracciones y manipulando varias tarjetas.
El fiscal Starc describió que hubo delitos de administración pública y falsedad ideológica, responsabilizando a Moreira como intendente; a Fernández, jefe de gabinete; a Rey, director de administración de personal, por firmar el decreto de los empleados irregulares investigados. Saluzzo recibió tarjetas de débito de dos personas que fueron usadas, Altamira era coordinador general de jefatura de gabinete y Pastor era jefa de división en el área administrativa. Los dos últimos certificaron los documentos cuestionados.
Desde el entorno de Moreira, informaron que aún no han tenido acceso al expediente y subrayaron que el pedido fiscal ya había sido desestimado por la jueza Vence. Durante los allanamientos del viernes, el Municipio de San Martín comunicó que la denuncia involucra a dos personas que figuraban como empleadas del Honorable Concejo Deliberante sin saberlo, y afirmó que el municipio es el principal interesado en esclarecer el hecho. También rechazaron cualquier vinculación con la causa Chocolate.
