Lo que importa
- El Senado rechazó por un voto la creación de una comisión investigadora sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, promovida por la oposición.
- La iniciativa del radical Pablo Blanco necesitaba 48 votos afirmativos, pero solo obtuvo 47, debido a la resistencia del oficialismo, sectores del PRO y senadores radicales cercanos a gobernadores.
- La oposición acusa al Gobierno de presionar a mandatarios provinciales para bloquear la conformación de la comisión.
- El kirchnerismo anunció que insistirá con la interpelación de Karina Milei, en medio de sospechas de tráfico de influencias en reuniones con el Presidente.
- Martín Lousteau respaldó la propuesta y afirmó que sin la participación de Milei, la estafa no hubiera sido posible.
Contexto
¿Por qué se impulsó una comisión investigadora sobre el Criptogate?
El Criptogate, el escándalo generado tras la promoción de la criptomoneda $LIBRA por parte del presidente Javier Milei, llegó al Senado con un fuerte impulso opositor para crear una comisión investigadora especial.
La propuesta fue presentada por el senador radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y buscaba esclarecer si existió un fraude financiero vinculado al Gobierno y si funcionarios cercanos al Presidente obtuvieron beneficios económicos.
El objetivo de la comisión era analizar:
- El rol de Milei y su entorno en la promoción de la memecoin.
- Posibles vínculos entre funcionarios y empresarios cripto.
- Si hubo abuso de información privilegiada para manipular el precio del token.
- El impacto de la estafa en los inversores y la confianza en las instituciones.
El caso generó revuelo político luego de que la criptomoneda, que fue promocionada en redes sociales por el Presidente, se disparara en valor y luego colapsara, dejando a miles de inversores con pérdidas millonarias.
¿Por qué la comisión no fue aprobada?
El oficialismo logró frenar la iniciativa por un solo voto. La propuesta necesitaba 48 votos afirmativos, pero solo consiguió 47, lo que impidió su aprobación.
El bloque oficialista, con el respaldo de senadores del PRO y radicales cercanos a gobernadores, votó en contra. La presión del Gobierno sobre algunos sectores de la UCR fue clave para bloquear la investigación.
Uno de los casos más llamativos fue el del senador Eduardo Vischi (Corrientes), jefe de la bancada radical, quien había firmado el proyecto pero luego votó en contra, generando críticas dentro de su propio espacio.
¿Qué dice la oposición sobre la maniobra del Gobierno?
Desde el kirchnerismo y sectores de la UCR que apoyaron la comisión denunciaron que hubo presiones del Ejecutivo sobre los gobernadores para que sus senadores no acompañaran la propuesta.
"El Gobierno presionó a los gobernadores para que frenen la comisión investigadora", afirmó Pablo Blanco, impulsor del proyecto.
El senador Martín Lousteau también respaldó la iniciativa y sostuvo:
"Sin la participación de Milei, la estafa no hubiera sido posible. Muchos compraron la criptomoneda porque el Presidente la promocionó".
Por su parte, el senador José Mayans (Formosa) fue aún más duro:
"El Presidente confesó ser un corrupto y la hermana otra corrupta. No pueden hablar más de corrupción porque tienen un presidente corrupto. Vamos a pedir la interpelación de Karina Milei para que venga al recinto a dar explicaciones".
La senadora Juliana Di Tullio (Buenos Aires) también criticó al Gobierno y a la oposición dialoguista:
"Todos ayudan al Presidente. No deberían llamarse opositores dialoguistas, deberían llamarse como son: oficialistas, cómplices".
¿Cuál es la postura del oficialismo?
El oficialismo minimizó el escándalo y evitó pronunciarse sobre la votación. En lugar de impulsar una comisión investigadora, el Gobierno dejó en manos de la Oficina Anticorrupción y del Ministerio de Justicia la tarea de analizar el caso, lo que fue calificado como una "joda" por la oposición.
Además, el Gobierno sostiene que no hubo ilegalidad en la promoción de $LIBRA y que se trató de una opinión personal del Presidente en redes sociales.
¿Qué implicaba la comisión investigadora?
El proyecto de Pablo Blanco proponía la creación de una comisión de 17 miembros, con un plazo de 180 días para emitir un informe final.
Las atribuciones de la comisión incluían:
- Solicitar informes a organismos públicos y privados.
- Citar a testigos y funcionarios.
- Realizar allanamientos y peritajes a través de la Justicia.
- Denunciar penalmente a los involucrados en caso de encontrar pruebas de delitos.
Desde el peronismo y sectores del radicalismo consideraban que esta comisión era la única vía real para una investigación seria, dado que no confían en que el Gobierno investigue con imparcialidad el escándalo.
¿Qué pasa ahora con el pedido de interpelación a Karina Milei?
Tras la negativa a la comisión investigadora, el kirchnerismo anunció que pedirá la interpelación de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.
Se la acusa de tráfico de influencias, ya que hay sospechas de que se cobraba dinero a empresarios para gestionar reuniones con el Presidente.
La oposición también buscará interpelar a:
- Guillermo Francos, jefe de Gabinete.
- Manuel Adorni, vocero presidencial.
- Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia.
El peronismo apuesta a que, si el oficialismo bloquea la interpelación, el escándalo siga creciendo en el ámbito político y mediático, afectando la imagen del Gobierno.
Cómo sigue
Tras bloquear la comisión investigadora en el Senado, el Gobierno logró una victoria política en el corto plazo, pero el escándalo del Criptogate sigue abierto.
- La oposición insistirá con la interpelación de Karina Milei y otros funcionarios en el Congreso.
- En Diputados, Unión por la Patria y sectores dialoguistas del radicalismo podrían intentar avanzar con otra comisión investigadora.
- La Oficina Anticorrupción y el Ministerio de Justicia analizarán el caso, aunque la oposición desconfía de su imparcialidad.
- El impacto político del escándalo sigue creciendo, con sectores del radicalismo mostrando fracturas internas por su postura ante el Gobierno.
Mientras tanto, Javier Milei sigue en Estados Unidos, buscando cerrar su nuevo acuerdo con el FMI, en medio de la peor crisis política de su gestión hasta el momento.
