El Ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, junto con la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, enviarán al Congreso de la Nación la nueva "Ley Penal Juvenil" para bajar la edad de imputabilidad a 13 años, con el fin de evitar la impunidad en los crímenes cometidos por menores ."Se le brindarán las herramientas al sistema judicial para terminar con la doctrina que beneficia a los delincuentes en perjuicio de las víctimas", expresaron.
"A partir de ahora, el delito, y lo peor que siempre es la muerte, tendrá consecuencias y estas consecuencias serán acordes a la edad de quienes lo cometen. La decisión del presidente Javier Milei y de los equipos conjuntos de estos ministerios de Seguridad y Justicia, es cumplir con una sociedad que pide respuestas", dijo Bullrich.
Este régimen comprenderá a los adolescentes entre 13 y 18 años imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.
"Se le brindarán las herramientas al sistema judicial para terminar con la doctrina que beneficia a los delincuentes en perjuicio de las víctimas. Es nuestro deber actualizar la normativa vigente para terminar con la inseguridad que sufren los argentinos de bien", expresaron en un comunicado.
"Las administraciones anteriores y la Justicia dejaron una gran deuda con la sociedad. La ley que rige actualmente es de la década del ‘80. La juventud de hoy no es comparable a la de hace más de cuatro décadas", advirtieron.
"Esta nueva ley combatirá el persistente crecimiento de la criminalidad juvenil, uno de los mayores desafíos para la prosperidad de nuestra nación. El crimen organizado se aprovecha de niños y adolescentes para delinquir sin restricciones, evadiendo así la responsabilidad penal. Los criminales ya no podrán valerse de menores como medio para violar la ley. Quien tenga la osadía de empuñar un arma y arrebatar una vida, debe enfrentar la ley y la justicia", concluyeron.
La ministra sostuvo que se busca que los jóvenes “no sólo tengan una sanción, sino que esta les permita darse cuenta y no seguir una carrera delictiva”. Bullrich explicó que para las penas que vayan de 3 a 6 años van a tener "alternativas concretas" y no estarán "simplemente encerrados sin salida". “Esto es importante porque el medio ambiente de ese menor es lo que lo lleva a volver a cometer delitos. Nosotros lo tenemos que extraer de esa situación para que no siga en la carrera delictiva”, señaló.
Cómo es la reforma que plantea el gobierno de Javier Milei
- La modernización y adecuación de la legislación a la realidad presente, producto de los "acelerados cambios sociales", de los que los jóvenes no están exentos en cuanto a la actuación y comprensión de la criminalidad de los actos.
- El desfasaje normativo con respecto a otros países de la región.
- La protección de los niños y jóvenes, amparados en la Convención de los Derechos del Niño", con jerarquía constitucional en nuestro país que establece que los adolescentes tienen derechos especiales que deben ser protegidos y respetados en todo momento, incluido el derecho a ser tratados de manera justa y equitativa en el sistema de justicia penal.
- La ley busca garantizar que las respuestas judiciales para los adolescentes imputados estén en consonancia con estos principios y debe ofrecer medidas diferenciadas que tengan en cuenta su edad, nivel de desarrollo y circunstancias individuales.
En esta línea, la necesidad de ampliar las herramientas con las que cuenta el Estado para reducir la incidencia de la criminalidad juvenil en la sociedad.
"Actualmente en Argentina, la edad de imputabilidad es de 16 años, por lo que los delitos cometidos por adolescentes menores de esa edad quedan impunes, generando una situación de injusticia tanto para las víctimas como para la sociedad en general", enfatizaron en el comunicado oficial.
Cómo es actualmente el régimen de imputabilidad de menores en Argentina y en Latinoamérica
La actual legislación argentina es minoritaria en la región. La mayoría de los países establecieron edades de imputabilidad más bajas. Solo Argentina y Cuba establecen en 16 años la edad mínima de responsabilidad penal. Mientras que Chile y Perú la fijan en 14, Guatemala, Nicaragua y Uruguay en 13, Brasil y México en 12, mientras que Granada y Trinidad y Tobago en 7.
Sin embargo, los adolescentes de entre 16 y 18 años tampoco son juzgados por el mismo sistema que los adultos. Sólo son punibles (es decir, que merecen castigo) aquellos que cometan delitos con penas mayores a 2 años (por ejemplo, homicidios dolosos) pero recién pueden empezar a cumplir su pena en una cárcel a los 18 años. Hasta ese momento, estos menores pueden estar privados de su libertad en institutos especializados llamados Centros de recepción y contención de menores.
“Hoy es un día importante para el país, es un día importante para tantas familias que han perdido a sus hijos en manos de un menor que después de cometer un delito, o peor, un asesinato, volvió a su casa como si nada hubiera pasado. La impotencia, la impunidad que genera que un delito o un asesinato no tenga ningún tipo de condena es la peor condena que podemos tener como país. Si no se reduce la criminalidad juvenil es imposible un desarrollo sostenible y la cohesión social de la Nación”, afirmaron.
Qué dicen los especialistas como UNICEF y el CELS
Unicef recomienda que la edad de imputabilidad no sea inferior a los 14 años y señala que existe evidencia internacional que demuestra que bajar este umbral no ha sido una medida efectiva en el combate a la inseguridad.
Fabio Fallavelli, abogado del equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) explicó: “Hay que separar 2 conceptos que son la edad mínima de responsabilidad penal y la posibilidad de establecer un sistema de justicia con enfoque diferenciado para menores, que habitualmente se llama fuero penal juvenil”.
