A través del Decreto 127/2026 firmado por el presidente Javier Milei, se dio curso a la designación en el cargo de ejecutor a César Augusto Lococo.
El Gobierno Nacional oficializó este miércoles una nueva intervención por 180 días de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA).
A través del Decreto 127/2026 firmado por el presidente Javier Milei, se dio curso a la designación en el cargo de ejecutor a César Augusto Lococo, quien desempeñará las funciones conforme a las facultades de administración que el Estatuto del Agente del Seguro de Salud le otorga al Consejo Directivo.
"El Interventor deberá cumplir con lo establecido en la “GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA INTERVENTORES DEL AGENTE DEL SEGURO DE SALUD”, aprobada por el Decreto N° 1045 del 25 de noviembre de 2024 y elevar a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD, un informe mensual de su gestión, tendiente a continuar con la normalización de la citada Obra Social, con el detalle de la situación institucional de la entidad y su evolución administrativa y prestacional", repasó el artículo 3° de la normativa.
La extensión de la acción dispuesta por última vez en noviembre de 2024, nominalizando a Marcelo Petroni como agente de comando tras registrarse "antecedentes de grave deterioro institucional, económico-financiero y prestacional", con "elevados niveles de litigiosidad y endeudamiento", se da días después de que la Justicia Federal dejara sin efecto la restitución del líder de los peones rurales, José Voytenco, al frente de OSPRERA.
Los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun, con la disidencia de Eduardo Farah, se hicieron eco de una apelación impuesta por Marcelo Andrada, el titular de la UATRE seccional La Plata.
Además, en uno de los tramos del texto, los magistrados advierten por las investigaciones en curso sobre el patrimonio de Voytenco: "El Presidente de la Obra Social tendría un patrimonio incompatible con sus ingresos lícitos. En dichas presentaciones identificó algunos de los bienes sospechados y, en particular, un inmueble ubicado en el Partido de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires”.
De esta forma, el fallo repuso la medida cautelar que definió la intervención, dejó sin efecto lo resulto por el magistrado federal Sebastián Casanello y volvió a inhibir al líder de los peones mientras se continúe la investigación, sin perjuicio de las prestaciones y del normal funcionamiento de la entidad.