La Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió por unanimidad confirmar el sobreseimiento de Alejandro Roemmers en una causa por una falsa denuncia en su contra.
Fue en el marco de la causa n.° CFP 1052/2022, en la que se ratificó lo decidido en primera instancia y se cerró de manera definitiva la falsa acusación.
“Esta decisión convalida, ahora por tres jueces, lo que nuestro defendido sostuvo desde el primer día: se trató de una denuncia fabricada con fines extorsivos, sin ningún hecho real que la respalde”, dijo Juan Pablo Vigliero, abogado de Roemmers.
Quedó acreditado por la Justicia que el denunciante no tenía relación con Roemmers, que no aportó pruebas y que presentó supuestos testigos que, en realidad, habían sido instigados por el mismo denunciante para declarar falsamente contra el empresario, escritor y filántropo, al ofrecerles beneficios económicos a cambio de inventar testimonios en su contra.
“En los más de tres años que la causa estuvo abierta no se presentaron víctimas ni pruebas que puedan poner en duda el buen nombre y honor de Alejandro Roemmers”, señaló Vigliero.
Cada vez más denuncias falsas
Para el abogado, “esta causa deberá ser un caso de estudio que llame a la reflexión sobre un fenómeno cada vez más frecuente" como lo es "el uso malicioso del sistema judicial para montar operaciones mediáticas a través de denuncias falsas”.
Y explicó que en la metodología “se lanza una acusación sin respaldo, se la amplifica en titulares amarillistas, se monta un ecosistema de operadores que se benefician de esa narrativa y se pretende condicionar a los jueces a través del ruido mediático y social”.
“Este mecanismo genera un dispendio jurisdiccional que consume tiempo y recursos de fiscales, jueces y defensores y ralentiza al sistema judicial”, refirió Vigliero, y además “genera un costo social muy delicado” porque “banaliza delitos graves, desvaloriza la voz de las verdaderas víctimas y debilita la confianza pública en las Instituciones”.
Un daño reputacional irreparable
Vigliero manifestó asimismo que “lo que queda en pie es una operación pública que ha generado un daño gravísimo a la reputación de todos los denunciados falsamente”.
“A partir de ahora, con la ratificación judicial sobre la falsedad de la denuncia, se promoverán todas las acciones legales correspondientes contra quienes impulsaron y difundieron acusaciones falsas, con el fin de que se establezcan responsabilidades y así favorecer a que episodios extorsivos como este no tengan lugar en nuestra sociedad”, advirtió.
“Confiamos en que este fallo contribuya a reforzar la importancia de un sistema judicial plenamente orientado a dar respuesta a las verdaderas víctimas de delitos”, concluyó.