Contexto
¿Cómo comenzó la investigación y qué irregularidades fueron detectadas?
La investigación comenzó en 2017, cuando la Oficina Anticorrupción presentó una denuncia por irregularidades en la rendición de fondos públicos asignados al Órgano Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP). Estos fondos, que sumaban alrededor de 8.898.167 pesos, fueron destinados a un convenio firmado entre el ORSEP y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) para asesoramiento técnico en seguridad de represas hidroeléctricas. Sin embargo, una auditoría interna reveló que esos fondos no se utilizaron de manera adecuada, sino que fueron desviados a través de facturas falsas y contratos para servicios que nunca se prestaron.
El convenio firmado en 2012 establecía que la UNSAM debía brindar asesoramiento técnico sobre represas, pero las tareas acordadas no se llevaron a cabo, según las pruebas recopiladas por la justicia. Las facturas emitidas por la universidad eran, en su mayoría, apócrifas y no estaban registradas en la ex AFIP, lo que indicaba un intento deliberado de ocultar el desvío de los fondos.
¿Quiénes fueron procesados por el fraude?
La jueza María Eugenia Capuchetti procesó a varios funcionarios y docentes de la UNSAM, entre ellos el ex rector Carlos Ruta, quien ya había sido procesado en otras causas relacionadas con la universidad. En total, cinco personas fueron procesadas en relación con este caso: Román Martín González, Jonathan Bortnik, María Andrea Luján Fernández, Francisco Héctor Fernández y Juan Esteban Videla. Estos funcionarios están acusados de fraude a la administración pública, ya que habrían sido responsables de la manipulación de los fondos públicos y de la emisión de las facturas falsas.
Aunque la Cámara Federal había sobreseído a algunos de los imputados en el pasado, la jueza Capuchetti consideró que la nueva evidencia presentada en la investigación era suficiente para procesarlos nuevamente. Se descubrió que los fondos desviados habían sido canalizados a través de cheques de pago diferido, a nombre de consultores que negaron haber realizado los servicios que se les adjudicaron.
¿Qué tipo de irregularidades ocurrieron con los documentos y las facturas?
Las facturas emitidas por la UNSAM para justificar los pagos no solo fueron falsas, sino que además contenían serias irregularidades. En varios casos, las facturas fueron emitidas por profesionales que no realizaron las tareas que se les asignaron, como psicólogos, arquitectos y profesores de gimnasia, lo que sugiere que las facturas fueron fabricadas para encubrir el desvío de fondos.
Un detalle significativo es que algunas de las facturas fueron emitidas por una imprenta ubicada cerca de la universidad, lo que indica que hubo un esfuerzo organizado para falsificar los documentos. Además, muchos de los testigos que fueron consultados en la causa negaron haber prestado los servicios que se mencionaban en las facturas, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de un fraude sistemático.
¿Qué medidas tomó la jueza Capuchetti en relación con la investigación?
La jueza Capuchetti ordenó que se profundice la investigación para rastrear la "ruta del dinero" y determinar quiénes fueron los verdaderos beneficiarios del desvío de fondos. También destacó que ya se había recopilado información importante sobre las personas físicas y jurídicas que participaron en el cobro de los pagos fraudulentos, pero que la investigación aún sigue en curso.
El fallo también detalló que las tareas estipuladas en los anexos del convenio firmado entre el ORSEP y la UNSAM fueron imprecisas, no se asociaban a la función ni al objeto del acuerdo, y no se materializaron en la práctica. A pesar de estos incumplimientos, los pagos fueron efectuados, lo que demuestra la magnitud del fraude.
¿Qué implicaciones tiene este caso para la UNSAM y sus funcionarios?
Este caso ha puesto en la mira a la Universidad Nacional de San Martín, especialmente a sus directivos y docentes implicados en el fraude. El procesamiento de Carlos Ruta y otros funcionarios refleja la corrupción y las malas prácticas dentro de la institución, al desviar fondos destinados a fines específicos y aprovecharse de la falta de control sobre las contrataciones y la emisión de facturas.
Además, el caso podría generar un precedente importante en la lucha contra el desvío de fondos públicos en universidades y otras instituciones del Estado. La corrupción en el manejo de recursos públicos es un tema crítico para la transparencia de las administraciones y podría implicar reformas en la gestión de fondos en el ámbito académico y en otros sectores del Estado.
¿Qué más está siendo investigado en el caso?
La jueza Capuchetti ha delegado en la fiscalía la tarea de continuar profundizando la investigación sobre los responsables de recibir y utilizar los fondos desviados. Aunque los primeros indicios apuntan a los funcionarios de la UNSAM y al ex rector Carlos Ruta, la investigación se ampliará para esclarecer la participación de otras personas físicas y jurídicas que pudieron haber estado involucradas en el esquema fraudulento.
Cómo sigue
El caso sigue en desarrollo, con la investigación en curso para rastrear la ruta del dinero y determinar el alcance completo del fraude. Los procesados, entre ellos el ex rector Carlos Ruta, enfrentan graves cargos por administración fraudulenta, y podrían enfrentarse a penas de prisión si se demuestra su responsabilidad en el desvío de los fondos.
