Hay palabras que en la Argentina no necesitan definición. Cepo es una. Uno dice cepo y nadie piensa en un mecanismo de madera para inmovilizar a un preso medieval. Algún porteño más viejo recordará los cepos de las ruedas de los autos que ponía la ciudad. La realidad es que decimos cepo y pensamos en dólares. Restricciones, formularios, permisos, arbolitos, brechas. Pensamos en alguien diciéndonos que no podemos hacer con nuestra plata exactamente lo que queremos.
Por eso tiene algo exquisito y paradójico que el Gobierno que llegó prometiendo liberar, desregular y terminar con los cepos esté tratando esta semana de construir uno nuevo. Sólo que esta vez el cepo no es para nosotros. Es para ellos, la casta.
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que el oficialismo llevó a Diputados busca, entre otras cosas, prohibir por ley el financiamiento del Tesoro, concentrar el mandato de la entidad en preservar el valor de la moneda y reforzar la independencia de sus autoridades. La idea declarada es que los gobiernos futuros tengan menos posibilidades de utilizar el Banco Central para financiar el gasto público. Dicho en castellano, sacar el cepo del presente para ponerle un cepo al futuro.
La contradicción parece servida. Un cepo liberal o un cepo à la liberté. ¿Cómo puede un gobierno que hizo de la libertad una identidad política proponer una prohibición? ¿No habíamos quedado en que regular estaba mal, que las decisiones debían quedar en manos de quienes las toman y que nadie conoce mejor sus circunstancias que el propio individuo?
No caigamos en la trampa. La discusión interesante no es si la libertad necesita reglas. Esa discusión tiene algunos miles de años. La pregunta más incómoda es qué cosas estamos dispuestos a prohibirnos para seguir siendo libres.
La libertad y la vida cotidiana
En la vida cotidiana lo hacemos todo el tiempo. Cuando alguien programa una transferencia automática a una cuenta de ahorro el día en que cobra, está desconfiando del individuo en el que se convertirá el día 23. Cuando alguien deja de comprar cigarrillos, no elimina una opción comercial, trata de hacerle más difícil una decisión a su yo de mañana. Cuando firmamos un contrato, estamos aceptando hoy que quizás dentro de seis meses hay ciertas cosas que ya no podremos hacer sin pagar un costo.
Nuestra libertad presente es bastante aficionada a ponerle obstáculos a nuestra libertad futura. Casi parece una película de Doctor Strange donde observamos las distintas dimensiones posibles del futuro y tratamos de cerrar aquellas en las que hacemos estupideces.
El problema es que en política ese “yo del futuro” es mucho más extraño. No somos nosotros. Puede ser otro presidente, otra mayoría parlamentaria, otra crisis económica, otra sociedad. Puede ser incluso un gobierno que piense exactamente lo contrario al actual y que haya ganado legítimamente las elecciones para hacer exactamente lo contrario. Lo que vuelve el ejercicio más interesante.
La reforma del Central intenta decirle a ese gobierno futuro “hasta acá podés llegar”. Y ahí el debate deja de ser económico. Porque toda institución es, en algún sentido, una desconfianza organizada. Una Constitución existe porque una sociedad decide que hay cosas que ni siquiera una mayoría circunstancial debería poder hacer fácilmente. Los mandatos tienen duración porque no queremos que un gobernante pueda decidir cuánto tiempo merece seguir gobernando. Los jueces tienen ciertas protecciones porque suponemos que, llegado el momento, al poder político podría resultarle bastante cómodo reemplazarlos.
El diseño y las reglas
No diseñamos nuestras instituciones presuponiendo gobernantes virtuosos. Las diseñamos pensando en el día en que aparezcan gobernantes que no lo sean. La libertad moderna necesita procedimientos, límites, contratos, mayorías especiales, prohibiciones. Necesita reglas.
John Stuart Mill dedicó buena parte de su obra a encontrar una frontera entre la libertad individual y el daño a los demás. Mucho antes y mucho después de él, la filosofía política volvió una y otra vez sobre el mismo problema. Una sociedad donde todos pueden hacer absolutamente todo no produce más libertad. Puede producir simplemente la libertad del más fuerte.
Hasta el partido de fútbol más desregulado necesita una línea de cal. Sin ella no tenemos un partido más libre. Tenemos otra cosa.
Pero hay una segunda parte del problema que resulta menos cómoda para quienes celebran cualquier blindaje institucional. También debemos preguntarnos quién decide cuáles son las decisiones tan peligrosas que merecen quedar fuera del alcance del futuro.
Las reglas nos protegen de la arbitrariedad, sí. Pero también pueden preservar las preferencias del presente contra las preferencias de quienes todavía no llegaron. Y una puerta institucional muy difícil de abrir puede impedir que entre un ladrón pero también puede volverse problemática el día que haya un incendio.
Ahí vive la tensión verdadera. No entre libertad y regulación. Entre dos formas de libertad. La libertad del presente para establecer reglas duraderas y la libertad del futuro para revisarlas.
Argentina conoce demasiado bien el cepo tradicional. El de una autoridad que restringe nuestras posibilidades de elegir. Quizás por eso resulte tan extraña esta nueva versión. Este nuevo cepo ya no pretende inmovilizar al ciudadano sino inmovilizar determinadas tentaciones del Estado.
Y puede que eso sea exactamente lo que sus defensores entienden por libertad. La paradoja libertaria, entonces, no consiste en haber descubierto repentinamente las virtudes de regular. Consiste en que para que un individuo sea libre hay que ponerle un cepo a ciertas posibilidades del poder. Después habrá que discutir qué cepos son razonables, cuáles excesivos y quién conserva la llave.
Porque tal vez crecer, como persona, como democracia o como país, consista justamente en descubrir algo bastante menos heroico que hacer siempre lo que queremos.
Y descubrir que algunas veces ser libre significa poder elegir.
Y otras, haber elegido de antemano a qué cosas ya no queremos poder volver.