En el corazón de la geopolítica mundial, Irán acaba de implementar un sistema de peaje “oficial” en el Estrecho de Ormuz. El régimen persa ha comenzado a exigir pagos en criptomonedas -Bitcoin o stablecoins- a los petroleros que cruzan esa arteria estratégica, por la que transita entre el 20% y el 25% del crudo mundial. El mecanismo, impuesto por la Guardia Revolucionaria Islámica para evadir sanciones internacionales, podría recaudar alrededor de un dólar por barril y sacudir los cimientos del comercio petrolero global.
La medida representa un bypass deliberado al sistema financiero basado en el dólar, apoyándose en criptoactivos y en el medio de pagos chino CIPS. Cada superpetrolero podría desembolsar hasta dos millones de dólares por el derecho a navegar esa ruta. La consecuencia para las navieras que realicen estas transferencias es igualmente grave: podrían enfrentar sanciones severas al interpretarse sus pagos como “apoyo material” a organizaciones terroristas.
Para comprender la dimensión real del problema, sin embargo, es necesario ampliar el horizonte. Corea del Norte se ha consolidado en los últimos años como el principal actor estatal en el uso de criptomonedas con fines delictivos. Pyongyang ha desarrollado una infraestructura sofisticada de cibercrimen que incluye el reclutamiento y la formación de hackers profesionales destinados a saquear carteras digitales en todo el mundo. Solo en 2025, el botín estimado superaría los 2.000 millones de dólares. El objetivo final del régimen de Kim Jong-un es financiar, a través de estos activos virtuales, su programa de armas nucleares y misiles balísticos, esquivando las sanciones que lo asfixian.
Entre los métodos empleados figuran el asalto al exchange Bybit en febrero de 2025 -el mayor robo de criptomonedas de la historia-, la infiltración de miles de especialistas en tecnología contratados por empresas globales cuyos salarios en criptomonedas son cedidos a Pyongyang, y el uso de stablecoins para pagar materiales estratégicos como cobre y equipamiento militar, eludiendo por completo el sistema bancario convencional.
Los reportes más recientes registran un incremento del 51 % en 2025 respecto al año anterior, con un acumulado cercano a los 8.000 millones de dólares en los últimos años. Para blanquear esos fondos, el régimen recurre a mezcladores de monedas, a puentes entre cadenas -herramientas tecnológicas que permiten transferir activos digitales de una red blockchain a otra- y a redes de corredores OTC concentradas principalmente en China y Rusia. Estos intermediarios operan al margen de los exchanges públicos, facilitando la compraventa de grandes volúmenes de criptomonedas directamente entre partes, como una suerte de banca en las sombras.
Lo integraron los cárteles del narcotráfico
El fenómeno, no obstante, desborda las fronteras de los Estados parias. Los grandes cárteles del narcotráfico han integrado plenamente las criptomonedas en sus operaciones financieras, convirtiéndolas en un engranaje central de sus estructuras de lavado. Organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, los cárteles colombianos y el Comando Vermelho en Brasil mueven millones de dólares en activos digitales bajo la atenta mirada de la DEA, - que entre 2020 y 2024 incautó 2.500 millones de dólares en criptomonedas -superando por primera vez los 2.200 millones confiscados en efectivo durante el mismo período.
Los cárteles mexicanos también utilizan estos canales para pagar a proveedores asiáticos, en particular chinos, los precursores químicos necesarios para producir fentanilo. Han perfeccionado además la técnica del smurfing; esto es, fragmentan grandes sumas ilícitas en pequeñas transacciones digitales para eludir los sistemas de alerta financiera. A ello se suman alianzas con redes chinas especializadas en el lavado de dinero, operadas a través de plataformas como WeChat y WhatsApp en combinación con criptoactivos.
Según el Crypto Crime Report 2026 de Chainalysis, los flujos ilícitos vinculados a sanciones y crimen organizado alcanzaron los 154.000 millones de dólares en 2025, una cifra que, por sí sola, ilustra la magnitud del desafío que enfrenta el orden financiero internacional.
