La baja de la edad de imputabilidad no reduce el delito, según la evidencia. El problema empieza mucho antes.
Hay debates que vuelven una y otra vez. Siempre impulsados por la misma sensación de urgencia, por la misma indignación y por la misma promesa de una solución rápida. La reducción de la edad de imputabilidad penal es uno de ellos.
Cada delito grave cometido por un adolescente reabre la discusión. Es comprensible. La sociedad tiene derecho a exigir seguridad y las víctimas tienen derecho a reclamar justicia. Lo que no resulta razonable es transformar esa legítima preocupación en una política pública sin preguntarnos antes si realmente funciona.
La política democrática tiene la obligación de escuchar a la sociedad. Pero tiene también una obligación aún mayor: resistir la tentación de ofrecer respuestas simples a problemas complejos.
La evidencia internacional es sorprendentemente consistente: reducir la edad de imputabilidad, por sí sola, no disminuye la delincuencia juvenil.
El caso de Dinamarca merece especial atención. En 2010, uno de los países con mejores indicadores sociales del mundo redujo la edad de responsabilidad penal de quince a catorce años. La expectativa era sencilla: más castigo produciría menos delito. Los estudios posteriores mostraron otra realidad: la criminalidad juvenil no disminuyó y aparecieron señales preocupantes de mayor reincidencia entre quienes ingresaban tempranamente al sistema penal. Dos años después, la reforma fue revertida.
Vale la pena detenerse en esa experiencia. Si una medida de esa naturaleza no produce los resultados esperados en una sociedad caracterizada por instituciones sólidas, escuelas de calidad y bajos niveles de desigualdad, resulta difícil sostener que constituya una solución para países donde las condiciones sociales son mucho más adversas.
No se trata de una discusión ideológica. Se trata de una discusión sobre evidencia.
Anthony Petrosino, uno de los investigadores más respetados en criminología comparada, concluye que los adolescentes enviados al sistema penal de adultos presentan mayores niveles de reincidencia que aquellos tratados por sistemas especializados de justicia juvenil. Laurence Steinberg demuestra que la adolescencia constituye una etapa de intenso desarrollo neurológico y que la capacidad de cambio es precisamente uno de los argumentos más sólidos a favor de políticas de rehabilitación. En Brasil, Miriam Abramovay ha documentado durante décadas cómo la violencia juvenil nace mucho antes del primer delito: comienza con el abandono escolar, la exclusión social, la ausencia del Estado, la fragmentación familiar y la falta de perspectivas.
Cuando un adolescente llega a una organización criminal, casi nunca llega solo. Alguien lo reclutó. Alguien ocupó el lugar que dejaron vacante la escuela, la comunidad o las instituciones públicas.
Por eso, el verdadero fracaso no ocurre cuando un joven entra en una cárcel. Ocurre mucho antes.
Las cárceles, especialmente en América Latina, difícilmente puedan ser consideradas espacios de reconstrucción de proyectos de vida. Con demasiada frecuencia funcionan como ámbitos de aprendizaje criminal, donde los adolescentes adquieren contactos, prestigio y nuevas habilidades para delinquir. La sociedad sale creyendo que castigó un problema, cuando en realidad muchas veces contribuyó a agravarlo.
Nada de esto implica impunidad. Quien comete un delito debe responder ante la justicia. Pero una sociedad inteligente no confunde sanción con eficacia. La pregunta no es cuánto castigo produce mayor satisfacción inmediata. La pregunta es qué política reduce efectivamente el número de futuras víctimas.
La mejor política de seguridad comienza mucho antes de un expediente judicial. Comienza en la primera infancia, en la escuela pública, en el deporte, en la cultura, en la salud mental, en la capacitación laboral y en comunidades capaces de ofrecer a los jóvenes un horizonte diferente del que ofrecen las organizaciones criminales.
La seguridad necesita menos consignas y más evidencia. Politizar la imputabilidad juvenil puede ofrecer ventajas en una campaña electoral. Difícilmente ofrezca una solución para una sociedad que reclama vivir con menos violencia.
Ese es el verdadero desafío. No decidir a qué edad un adolescente debe entrar en una cárcel. Sino construir un país donde cada vez menos adolescentes lleguen a necesitarla.