Como abogado y denunciante la causa del Vacunatorio VIP -impulsada en su inicio en silencio- dejo en claro desde dónde escribo: sostuve esta investigación cuando fue archivada y logré que la Cámara Federal revocara ese cierre prematuro y ordenara avanzar. Fueron casi seis años de insistencia, de sostener lo que otros preferían cerrar, para llegar a este punto.
Hoy, la causa llega a juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 6. Esto implica que la Justicia entendió que existen elementos suficientes para debatir en un juicio público si hubo un uso ilegítimo del poder en plena emergencia sanitaria.
No se trata de un error administrativo. Se trata de determinar si, en un contexto de escasez extrema, se montó un sistema de privilegios utilizando recursos del Estado.
Los imputados serán juzgados
- Peculado (penas de 2 a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua)
- Abuso de autoridad (penas de 1 mes a 2 años e inhabilitación especial)
- Incumplimiento de deberes de funcionario público
El eje es contundente: la utilización de vacunas -bienes públicos escasos y vitales- para beneficiar a terceros fuera de todo criterio sanitario. La investigación determinó desvíos concretos de dosis asignadas al Ministerio de Salud y al Hospital Posadas, aplicadas a personas seleccionadas por cercanía o afinidad, en abierta contradicción con el plan oficial.
No fue un hecho aislado. Fue, según la acusación, un mecanismo.
Dato central: Ginés González García fue procesado en esta causa y posteriormente sobreseído por muerte del imputado. Esto no es absolución. Implica que el proceso avanzó con entidad suficiente para atribuirle responsabilidad penal en esa etapa.
Pero este juicio deja expuesto lo más incómodo: lo que todavía no se investigó a fondo.
La Justicia aún debe responder
¿Quiénes se beneficiaron económicamente en la pandemia? ¿Hubo negocios vinculados a la provisión de vacunas? ¿Por qué se tomaron determinadas decisiones estratégicas, como la elección de proveedores o la falta de diversificación en momentos críticos?
Y, especialmente: ¿por qué se extendieron restricciones que destruyeron la economía y la vida cotidiana, cuando incluso se reconoció que las encuestas acompañaban esas decisiones?
El contexto agrava todo. Mientras algunos accedían a privilegios:
- Comercios quebraban
- Miles de personas se fundían
- Niños sufrían daños psicológicos y psiquiátricos que aún persisten
- Familias no podían despedir a sus seres queridos
Y en paralelo, la llamada fiesta de Olivos exponía crudamente la distancia entre quienes dictaban las reglas y quienes debían cumplirlas. Ese contraste no es solo político. Es jurídicamente relevante.
Porque cuando el Estado exige sacrificios masivos y, al mismo tiempo, administra beneficios en secreto, se configura un posible abuso de poder.
Este juicio oral es un avance. Pero no alcanza. Ahora que el Tribunal Oral Federal N.º 6 ya está sorteado, el debate debe realizarse sin dilaciones. No solo por una cuestión procesal, sino porque la sociedad necesita cerrar una etapa de dolor y obtener respuestas.
Porque el tiempo también construye impunidad.
Este no es solo un juicio sobre vacunas. Es un juicio sobre el uso del poder en una crisis. Quién decidió. Quién se benefició. Quién ganó mientras la sociedad pagaba el costo.
Esa es la verdadera dimensión del caso.
