El regreso de Uruguay a la “lista negra” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reavivó viejas polémicas entre el gobierno y las cámaras empresariales. La visión oficial es que la postura desmesurada e inapropiada de los empleadores -que fueron los promotores del ingreso- daña la imagen del país al colocarlo a la par de otros que violan derechos humanos laborales.
La 114ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que se desarrolla en Ginebra, fue el escenario que marcó el retorno de Uruguay a la “lista corta” (o negra), en la que se incluyen países que incumplen convenios del organismo. Este año, por ejemplo, Siria la integra por aplicar las peores formas de trabajo infantil. El convenio de referencia señala que entre esas formas está la esclavitud, la venta y trata de niños o el reclutamiento forzoso u obligatorio de menores para utilizarlos en conflictos armados.
A su vez, Yemen y Kirguistán se encuentran por no respetar la libertad sindical. Este año, la “lista negra” está compuesta por 23 países y Uruguay la integra por una queja promovida por las cámaras de Comercio e Industrias hace 17 años que todavía no ha sido resuelta. Los empleadores afirman que el gobierno incumple el convenio 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva.
International_Labour_Organization_flag (1)
El origen del conflicto fue la ley de negociación colectiva -aprobada en 2009- que otorgó a los Consejos de Salarios la potestad de fijar ajustes de sueldos para todas las categorías del sector privado y también las condiciones de trabajo. Eso provocó la queja de los empresarios que se fundamentó en que los Consejos de Salarios deben limitarse a la fijación de los ajustes y dejar que el resto de las condiciones de trabajo se negocie de manera bipartita, libre y voluntaria.
El regreso de Uruguay a la lista negra
Por esa diferencia es que Uruguay retornó este año (ya había estado en 2019) a una lista que incomoda y en la que ningún país quiere estar incluido.
Y esa es, justamente, la visión del gobierno que a través de una delegación encabezada por el subsecretario del Ministerio de Trabajo, Hugo Barreto, deberá defender su posición este miércoles ante la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT.
“Las cámaras admiten que los Consejos de Salarios pueden determinar los salarios mínimos y las categorías, pero manifiestan que las condiciones de trabajo no deben acordarse en ese ámbito porque entienden que eso significa una injerencia del Estado en la negociación colectiva”, dijo Barreto en diálogo con El Observador.
“Lo que hemos explicado históricamente, y este miércoles lo vamos a reiterar, es que el Estado no interfiere en la negociación de condiciones de trabajo; son resueltas entre trabajadores y empleadores”, en cada una de las mesas de negociación, añadió.
Barreto expuso que los casos que van a la lista negra son verdaderamente lesivos de la dignidad humana y por tanto es correcto que sean sometidos al escrutinio internacional. “Lo que no está bien es que se recurra a ese mecanismo por un asunto jurídico, casi técnico”, expresó el jerarca.
Por eso entiende que la actitud tomada por la Cámara de Comercio y la de Industrias es “desmesurada y que daña la imagen del país” en el escenario mundial.
“Es inapropiado que el caso sea analizado en esta instancia; Uruguay es muy respetado por el cumplimiento de los derechos humanos, por su contribución a la paz, su tradición democrática”, dijo Barreto. “No puede estar en una lista con países que tienen trabajo forzoso, peores formas de trabajo infantil o discriminaciones muy serias, sobre todo con las mujeres y las niñas”, añadió.
Desde su visión, las cámaras empresariales tienen una postura internacional contradictoria con la que aplican a nivel local. En ese sentido mencionó que las rondas de Consejos de Salarios finalizan con un altísimo porcentaje de acuerdos tripartitos, pero ese nivel de consenso “no se compadece luego con la actitud de colocar a Uruguay en un lugar ciertamente incómodo”.
El subsecretario de Trabajo expuso que la negociación de condiciones de trabajo en el ámbito tripartito no es nueva y se remite a la creación de los Consejos de Salarios en 1943. “Esto siempre se hizo; no lo inventó la ley de 2009. Lo que hizo la ley fue incorporar esa negociación a la competencia formal de los Consejos de Salarios”, afirmó.
Este miércoles, la Comisión de Aplicación de Normas tratará el caso uruguayo y un día después presentará sus conclusiones, entras las que puede haber alguna recomendación al gobierno.
