Además, el presidente de Gobierno Pedro Sánchez informó que el decreto incluirá también una regulación estricta para alquileres de temporada y por habitaciones.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que el Consejo de Ministros aprobará en las próximas semanas un real decreto ley con tres medidas urgentes orientadas a intervenir el mercado del alquiler.
El paquete incluye bonificaciones fiscales para propietarios, limitaciones a los contratos de temporada y nuevas normas para el alquiler de habitaciones.
La primera medida contempla una bonificación fiscal del 100 % en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para aquellos propietarios que renueven sus contratos sin subir el precio a sus inquilinos. Según Sánchez, esta compensación equivale al incremento que recibirían si subieran el alquiler, lo que busca evitar subidas "desproporcionadas".
Durante el acto de demolición del antiguo acuartelamiento de Campamento en Madrid, el mandatario afirmó que esta política beneficiará a propietarios, inquilinos y a la sociedad en general, dado que en 2026 se renovarán cientos de contratos de alquiler en un contexto de fuerte presión en el mercado.
Según detalló Sánchez, la nueva norma buscará poner fin a prácticas especulativas, frenar las subidas de precios en las renovaciones de contratos y combatir el fraude y los abusos detectados en modalidades como el alquiler de temporada o el alquiler por habitaciones.
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un tributo que deben pagar al Estado los ciudadanos que perciben rentas salariales o cualquier otro ingreso residentes en España. El impuesto se divide en dos tarifas principales con diferentes tramos, una estatal y otra autonómica, lo que permite a las comunidades establecer los tipos máximos y mínimos de este tributo en los tramos autonómicos.
El tipo general del IRPF se compone de una tarifa estatal común para todo el país, con seis tramos progresivos que van del 9,5 % al 24,5 %, dependiendo del nivel de ingresos. Sin embargo, cada comunidad autónoma establece su propia tarifa complementaria, lo que genera diferencias notables en la carga fiscal efectiva entre territorios.
En comunidades como Madrid, donde el tipo máximo autonómico es del 20,5 %, el gravamen total sobre las rentas más altas alcanza el 45 %, siendo el más bajo del país. En el otro extremo, regiones como la Comunidad Valenciana aplican un tipo máximo agregado del 54 %, seguidas de Navarra (52 %), La Rioja (51,5 %) y Cataluña, Asturias y Aragón, con un 50 %.
También figuran entre las más moderadas comunidades como Castilla y León (46 %), Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha y Murcia, donde el tipo máximo ronda el 47 %. Esto implica que el ahorro fiscal para los propietarios beneficiarios de la bonificación del 100 % en el IRPF será diferente según la región en la que tributen.
Esta bonificación no afecta los tipos establecidos, sino que reduce a cero la carga tributaria sobre los ingresos derivados del alquiler renovado sin incremento, lo que representa un incentivo proporcionalmente mayor en las regiones con tipos más altos.
La segunda medida del decreto busca poner fin al uso fraudulento de los contratos de temporada, estableciendo condiciones estrictas para su validez legal y un régimen sancionador en caso de incumplimiento. Sánchez explicó que muchas personas viven en la incertidumbre permanente por contratos temporales usados de forma irregular, con el único fin de evitar la normativa de control de rentas.
Según datos compartidos por el presidente, en ciudades como Cádiz, Barcelona o San Sebastián, ocho de cada diez anuncios son ya de alquileres de temporada. En Madrid, este tipo de publicaciones se ha triplicado desde 2023.
La tercera medida se orienta a limitar el alquiler por habitaciones, una modalidad que, según el Ejecutivo, se ha masificado con el objetivo de incrementar las rentas totales de forma artificial. El Gobierno establecerá que la suma de las rentas de las habitaciones no podrá superar la del alquiler de la vivienda completa.
En zonas declaradas como tensionadas, se aplicarán también los mecanismos de control de precios previstos por la Ley de Vivienda, tanto en el alquiler completo como por habitaciones. Sánchez sostuvo que se trata de proteger a quienes necesitan un hogar estable, evitando que la vivienda se utilice como instrumento de especulación.
El presidente del Gobierno reafirmó que su Ejecutivo seguirá interviniendo el mercado del alquiler con medidas "urgentes y contundentes", dado que más de tres millones de hogares en España viven de alquiler. Reiteró que se combatirá a quienes utilicen la vivienda para enriquecerse "a costa del sufrimiento de cientos de miles de familias".
Frente a la resistencia de algunas comunidades autónomas a aplicar los instrumentos de la Ley de Vivienda, Sánchez sostuvo que el Gobierno actuará "para frenar los abusos" y garantizar la vivienda como un derecho y como el "quinto pilar del Estado de Bienestar".
Durante su intervención, el mandatario también anunció el inicio oficial de las obras del Nuevo Barrio de Campamento, proyecto urbanístico que contempla 10.700 viviendas asequibles. Las obras se desarrollarán sobre 211 hectáreas, de las cuales el 75 % se destinará a usos públicos y equipamientos urbanos.
A través de la nueva Empresa Estatal de Vivienda, Casa 47, y con el Plan Estatal de Vivienda dotado con más de 7.000 millones de euros, el Ejecutivo busca restablecer el parque público de vivienda. Las viviendas estarán disponibles en régimen de alquiler o propiedad, y serán accesibles para personas con ingresos de entre 2 y 7,5 veces el IPREM, sin otras propiedades a su nombre.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, subrayó que se garantizará que los precios del alquiler no superen el 30 % de la renta mediana de la zona, mientras que en el caso de la compra, los precios estarán por debajo del valor de mercado. La totalidad de las viviendas serán promovidas por entidades públicas y destinadas exclusivamente a personas con ingresos medios o bajos.
Rodríguez destacó que este es el mejor proyecto presentado en cuatro décadas para esa zona de Madrid, y que la prioridad del Ejecutivo es ofrecer vivienda digna, estable y asequible, tanto en el presente como en el futuro.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, cuestionó el anuncio del presidente Pedro Sánchez, calificando la medida como un "regalo fiscal" que podría provocar movilizaciones sociales. Belarra expresó su rechazo en redes sociales, señalando que estas decisiones favorecen a los propietarios en medio de la crisis habitacional.
La eurodiputada Irene Montero se sumó a las críticas y aseguró que la política del Gobierno “no tiene perdón”. Consideró que las medidas no buscan bajar el alquiler sino proteger intereses de rentistas, y denunció que con fondos públicos “se enriquecen los mismos de siempre”.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, afirmó que Sumar no apoyará el decreto en el Congreso. Calificó la medida de “ineficaz” e “injusta”, y propuso en cambio prorrogar de forma obligatoria los contratos que vencen en 2026 para evitar subidas masivas en los precios.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también expresó su disconformidad. En redes sociales sostuvo que “regalar dinero público a los rentistas es un grave error” y remarcó que la vivienda “es un derecho constitucional, no un regalo fiscal”.
Portavoces de Sumar y Compromís, como Verónica Barbero y Alberto Ibáñez, señalaron que el único decreto que puede contar con mayoría parlamentaria es aquel que limite las renovaciones con subidas de hasta un 40% y proteja a los inquilinos.