18 de diciembre 2025 - 11:56hs

En medio de una creciente tensión por el acceso a la vivienda que atraviesa a toda España, el Parlamento de Cataluña aprobó este jueves una ley para regular el alquiler de temporada y de habitaciones, dos modalidades que en los últimos años se expandieron como vías alternativas —y muchas veces más caras— frente al alquiler tradicional.

La iniciativa salió adelante con la aprobación del proyecto de ley de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo, impulsado por el Gobierno de Salvador Illia y se enmarca en un contexto de suba sostenida de precios, escasez de oferta y dificultades crecientes para jóvenes y familias para acceder a una vivienda estable, especialmente en las grandes áreas urbanas.

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La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, defendió el texto en el debate final, que llegó al pleno con enmiendas de Junts, PP y Vox, mientras que PSC-Units, ERC y Comuns consensuaron modificaciones al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), solicitado por Junts y el PP.

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El CGE avaló la constitucionalidad de la regulación del alquiler de temporada, una de las principales novedades de la norma, aunque puso reparos a la prórroga automática de las viviendas de protección oficial (VPO) en zonas declaradas tensionadas, uno de los puntos más sensibles del proyecto.

La nueva ley introduce cambios en distintas normas urbanísticas y de vivienda y fija que, en los municipios con fuerte demanda residencial, el uso predominante de las viviendas deberá ser el de residencia habitual y permanente. En ese marco, el alquiler de temporada quedará vinculado a planes especiales que deberán justificar su interés público y social, así como su localización y duración.

Límites de precio en el alquiler de las habitaciones

También se regula el alquiler de habitaciones, estableciendo límites de precio: la suma de las rentas por habitación no podrá superar el valor máximo del alquiler del piso completo, una práctica que hasta ahora funcionaba sin apenas controles y que había generado fuertes críticas de organizaciones sociales.

Entre otras medidas, la ley crea un registro de grandes tenedores, que dependerá de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, y una comisión de supervisión de contratos de arrendamiento. Además, refuerza el rol de la inspección, declarando a los inspectores agentes de la autoridad, y amplía las posibilidades de que la administración ejerza los derechos de tanteo y retracto para incrementar el parque público de vivienda.

La norma se suma a una batería de iniciativas que buscan contener el impacto de la crisis habitacional en Cataluña, una de las comunidades más afectadas por el encarecimiento del alquiler.

Sin embargo, el debate de fondo —cómo equilibrar el derecho a la vivienda con el mercado inmobiliario en un escenario de alta demanda y baja oferta— sigue abierto y atraviesa hoy a todo el país.

FUENTE: El Observador

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