La esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid tanto su citación como investigada por malversación, en relación con el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, como la orden del juez Juan Carlos Peinado de requisar sus correos electrónicos desde 2018.
Begoña Gómez y su secretaria Cristina Álvarez
La defensa de Gómez, encabezada por el abogado Antonio Camacho, cuestiona la legalidad de las decisiones adoptadas por el titular del Juzgado de Instrucción número 41, considerando que las acusaciones y la intervención de su correspondencia carecen de fundamento y huelen a un intento de fabricar un caso de corrupción en torno a la esposa del presidente.
El recurso presentado por Camacho en nombre de Gómez solicita que se revoque la decisión judicial, que, según argumenta la defensa, se basa en interpretaciones "exorbitadas" y "alejadas de la realidad" del Código Penal.
El abogado rechaza la acusación de malversación, alegando que las acciones de Gómez y Álvarez, como la remisión de un correo sobre la cátedra patrocinada por Reale, son meros favores laborales y no un acto delictivo.
Favores personales
Sin embargo, el caso ha desatado nuevas sospechas sobre la posible implicación de la esposa del presidente en prácticas que podrían rozar la corrupción. El hecho de que una funcionaria en Moncloa realice gestiones personales a favor de Gómez y su entorno familiar ha generado una creciente inquietud sobre la opacidad de ciertas gestiones que parecen moverse entre los límites de lo permitido y lo indebido, dando pie a interrogantes sobre los usos y beneficios personales del poder político.
Además, la intervención de los correos electrónicos oficiales de Begoña Gómez, ordenada por el juez, también se encuentra bajo sospecha. La defensa ha criticado la falta de motivación legal en la providencia judicial que solicitó a la Secretaría General de la Presidencia la entrega de los correos electrónicos a la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil.
Según el abogado, la medida podría vulnerar derechos fundamentales de la investigada, como su derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, sin una justificación clara sobre la necesidad de acceder a dichos correos.
Riesgo de filtración masiva de información sensible
Camacho ha subrayado que no hay pruebas que vinculen a su cliente con delitos como la corrupción en los negocios, el tráfico de influencias o el intrusismo. Sin embargo, las críticas hacia el juez Peinado y el cuestionamiento de sus procedimientos legales han aumentado el clima de sospecha sobre un posible intento de judicializar políticamente la figura de Begoña Gómez.
La solicitud de la defensa tiene como objetivo frenar una medida que podría suponer una filtración masiva de información sensible y personal, generando un escándalo mediático aún mayor alrededor de la esposa del presidente.
Mientras tanto, la investigación continúa, dejando abierta la puerta a posibles nuevos desarrollos en este complejo caso que pone en tela de juicio el uso del poder y la transparencia de las instituciones del gobierno.
Begoña Gómez
FUENTE: El Observador
