El juez Juan Carlos Peinado ha adelantado al próximo día 10 la declaración como investigada por un delito de malversación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que estaba fijada para el día 11 y que su letrado había pedido aplazar por coincidir con un señalamiento previo en Canarias.
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, imputó a Begoña Gómez y a su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, por un delito de malversación y las citó a declarar de nuevo los próximos 10 y 11 de septiembre.
Pero el letrado Antonio Camacho solicitó poco después el aplazamiento por motivos de agenda, al mencionar que con anterioridad a este nuevo señalamiento, ya tenía fijada una declaración el día 11 ante el Juzgado de Instrucción 1 de Arona (Tenerife).
Y ahora Peinado ha dictado una providencia, en la que "quedando acreditada suficientemente la coincidencia de señalamientos", se acuerda modificar el señalamiento para el 10 de septiembre a las 12:00 horas.
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Pedro Sánchez y Juan Carlos Peinado
Los correos de Begoña Gómez desde 2018
Este mismo miércoles, el juez ha pedido a la Secretaria General de Presidencia del Gobierno "copia de los correos electrónicos recibidos y enviados" desde una "cuenta asignada" a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, desde julio de 2018 hasta hoy, para que los investigue la UCO.
El pasado 18 de agosto el juez Peinado dictó un auto en el que imputa a Begoña Gómez el delito de malversación por la contratación de Cristina Álvarez.
El magistrado ya investiga a la esposa de Pedro Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.
El juez recoge el auto de 12 de junio de la Audiencia de Madrid, en el que avalaba la investigación por un posible delito de malversación, relacionado con presuntas gestiones de la asesora en la cátedra que Gómez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
Ahora bien, el juez retoma esta investigación después de que el Tribunal Supremo archivase su petición de investigar al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por la contratación de Cristina Álvarez.
