El abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado suspender la declaración como investigada de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, prevista para el próximo 11 de septiembre. La razón es que ese mismo día debe comparecer en otro procedimiento judicial en Arona (Tenerife).
Compromiso previo del abogado
Según consta en un escrito presentado ante el Juzgado, Camacho explica que su citación en Canarias fue fijada con anterioridad a la resolución del magistrado que señalaba la comparecencia de su defendida. En concreto, debe acudir a un juzgado de Arona a las 10:30 de la mañana como letrado en unas declaraciones ya programadas.
“Este letrado tiene señalada, con anterioridad al señalamiento efectuado por el citado auto de 18 de agosto, declaración el día 11 de septiembre ante el Juzgado de Instrucción 1 de Arona”, precisa el escrito, alegando que cuando se le comunicó la citación ya tenía un compromiso legal.
Por ello, Camacho solicita que "la suspensión de las declaraciones testificales señaladas para el próximo 11 de septiembre" y se acuerde una nueva fecha.
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El abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho
La citación de Gómez como investigada por malversación
Fue el pasado 18 de agosto cuando el juez Peinado declaró a Begoña Gómez como investigada por un presunto delito de malversación y la citó a comparecer nuevamente. La decisión se adoptó tras el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid, que instó al magistrado a centrar la investigación y a delimitar los indicios de responsabilidad que podrían imputarse a la esposa del presidente, aunque descartó la malversación entre ellos.
Antes de esta decisión del juez, Gómez figuraba como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. La investigación se articula en torno a cuatro líneas principales: el presunto tráfico de influencias a favor del empresario Juan Carlos Barrabés; su papel en la cátedra y los másteres que codirigía en la Universidad Complutense; la supuesta apropiación indebida del ‘software’ vinculado a dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora personal en Moncloa.
Un cambio de criterio judicial
La decisión del juez Peinado de investigar por malversación a Gómez supone un giro respecto a lo resuelto en mayo pasado. Entonces, el magistrado imputó al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por la contratación de Álvarez como asesora durante su etapa en Moncloa, pero descartó investigar tanto a Gómez como a la propia Álvarez por ese delito al considerar que no tenían responsabilidad directa en el nombramiento.
