El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado este lunes que su Ejecutivo abrirá un "proceso jurídico contra el Estado" por el "abandono" al que considera que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sometido a las islas en materia migratoria.
Así lo ha explicado en una entrevista en la Radio Canaria en la que ha asegurado que Canarias "tomará decisiones" y, "si no hay lealtad y compromiso, el Gobierno de Canarias va a ponerse en su sitio".
Más tarde, este mismo lunes, aseguró que su gobierno defenderá a partir de ahora que los menores inmigrantes que llegan a sus costas en cayucos o pateras están bajo custodia policial, no abandonados ni desamparados, y son competencia del Estado.
Por eso, pidió a las ONG que gestionan sus centros de acogida que no acepten a ninguno más sin el permiso expreso de la comunidad.
Además, precisó que la nueva política con los menores no significa que Canarias se desentienda de ellos en esta crisis humanitaria, sino que seguirá ayudando en su acogida siempre que tenga recursos disponibles, pero como forma de "auxiliar" al Estado en su competencia.
Clavijo había anunciado por la mañana que el fin de semana ocurrieron cosas en El Hierro que "han marcado un antes y un después".
Tras la reunión del Pacto Migratorio, lo ha explicado: la Policía denunció ante la Fiscalía las reticencias de una ONG a acoger a media docena de menores porque no le quedaban plazas ni espacio físico tras la acumulación de llegadas en la isla y el Ministerio Público envió un requerimiento legal a su Gobierno.
Clavijo dice que no se cumplen los protocolos con los menores
Llegados a ese punto, ha añadido, el Ejecutivo canario considera que no se están cumpliendo los protocolos, que no prevén que la Policía pueda remitir a los menores directamente a las ONG que gestionan los centros de acogida autonómicos, y que le corresponde tomar medidas para proteger a los trabajadores de esas entidades legales y de la comunidad autónoma de posibles riesgos legales.
Clavijo ha reunido esta tarde en Las Palmas de Gran Canaria en la mesa del Pacto Migratorio de Canarias a los portavoces de todos los partidos representados en el Parlamento autonómico -incluido Vox, que no suscribió ese acuerdo ni forma parte de él- para darles cuenta de lo que ha aprobado este lunes su Consejo de Gobierno.
Ese acuerdo renueva la declaración de emergencia migratoria (lo que faculta a la administración a tomar decisiones de forma más ágil y rápida que por los procedimientos ordinarios) e "impulsa" como "máxima prioridad" la "concertación" de más plazas de acogida y la contratación de más personal para esas tareas, pero al mismo tiempo requiere al Estado para que cumpla el protocolo establecido antes de poner a su disposición a nuevos menores llegados en cayuco.
Su segundo punto es este: "Comunicar a las entidades colaboradoras (las ONGs que gestionan sus centros de acogida) que no reciban nuevos menores migrantes con cargo a esta Comunidad Autónoma salvo la previa comunicación de conformidad o autorización expresa de las autoridades autonómicas competentes".
Y, además, faculta a sus servicios jurídicos para "iniciar estudios y, en su caso, ejercitar las acciones interadministrativas y judiciales, incluidas en su caso las penales, en defensa de los derechos de los menores extranjeros no acompañados, así como de las competencias de esta comunidad autónoma".
En declaraciones a los periodistas, Clavijo ha explicado que se han cansado de oír hablar durante meses de este asunto "como un problema exclusivamente de Canarias", cuando, a su juicio, la acogida a los menores extranjeros compete al Estado y así van a hacerlo valer a partir de ahora con su posición.
FUENTE: EFE
