El traspaso del 100% de los impuestos de Cataluña a la agencia tributaria de la región, parte del pacto político con el que Pedro Sánchez hizo posible la investidura del socialista Salvador Illa, tendrá un impacto económico que le garantiza un largo y sinuoso derrotero en los tribunales.
Un experto lo dice sin vueltas: “Quieren quedarse con todo el excedente fiscal posible que se genere en su territorio. Y en cuanto tengan realmente el dinero en la mano, irán negociando el aporte de solidaridad y podría tender a cero, con especial rapidez cuando la Generalitat esté presidida por los independentistas”.
Por eso será, ante todo, una batalla judicial infatigable que ofrecerán el resto de las autonomías desesperadas por impugnar una medida que consideran sencillamente inconstitucional.
Esto sin contar que antes debe sortear la dificultad de la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para poder aprobar las modificaciones en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
Los cálculos financieros sobre el impacto económico se complican cuando por el momento todo se ha dejado en el aire.
No se dieron detalles ni sobre el “cupo” al Estado por los servicios prestados en la comunidad, ni sobre la aportación de solidaridad para el resto de las regiones, ni cómo se manejará la transición.
Lo que sí se sabe es que la cesión de los grandes tributos estatales a la Generalitat (el gobierno de Cataluña) le reportará más de 11.000 millones de euros adicionales de Renta, 7.000 millones de IVA y unos 25.000 millones en total, hasta rondar los 50.000 millones.
Desde Fedea, su director ejecutivo, Ángel de la Fuente, reconocido especialista en la materia, asegura que podría haber un trasvase anual de entre 6.600 y 13.200 millones de euros desde la caja común del Estado hacia la Hacienda catalana.
"Esto elevaría la financiación homogénea de la Generalitat entre un 25% y un 50%“, afirma.
El cálculo surge de una contribución a la caja común que maneja escenarios de recortes del 20% y del 40%. Actualmente es del 32.445 millones de euros anuales. Y su financiación neta de 25.912 millones de euros.
Si se quisiera financiar al resto de comunidades en las mismas condiciones que a Cataluña serían necesarios hasta 62.000 millones de euros más.
Cataluña y cómo funciona el sistema hoy
- Las comunidades autónomas -salvo el País Vasco y Navarra, que tienen constitucionalmente reconocido su carácter foral- se financian con una caja común.
- Esa caja se alimenta de los principales tributos estatales (el 50% de los ingresos de IRPF, la mitad del IVA y un 58% de los Impuestos Especiales).
- También se nutre de los tributos cedidos a las autonomías, como Patrimonio o Sucesiones y Donaciones. Y recibe además fondos estatales.
- La reforma del régimen está pendiente desde 2014. En la práctica termina infrafinanciando a cuatro regiones: Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha.
- Por el contrario, hay sólo tres regiones que recaudan lo suficiente para hacer aportaciones netas a la caja común. La Comunidad de Madrid, Cataluña y Baleares, en ese orden. El resto recibe más de lo que recolecta en su territorio.
La pregunta es cómo reequilibrar la caja común. Si ninguna comunidad puede perder financiación, el Estado tendrá que ajustar a la baja su gasto -dejar de ofrecer prestaciones- o aumentar la presión fiscal sobre la parte de la población que siga estando sujeta a sus tributos.
Un problema no menor, además, sobre el que llaman la atención en Fedea, es un eventual reclamo por parte de Madrid y Baleares, las otras dos regiones que son contribuyentes netas.
El Estado perdería 37.500 millones de euros adicionales en ingresos tributarios y si hubiera una negociación con criterios similares a los que exigen los nacionalistas catalanes, los ingresos netos del Estado se desplomarían, señalan.
Una aproximación a la "solidaridad" catalana
Como punto de partida, en Fedea proponen tomar el cálculo nacionalista del déficit fiscal de la comunidad con el Estado.
De acuerdo con la última estimación del Govern, la brecha entre lo que la comunidad aporta y recibe del Gobierno central rondaría los 22.000 millones de euros, casi el 10% del PIB.
Por cuestionable que sea, será un condicionante importante a la hora de definir las variables del nuevo sistema. El Govern de ERC pretendía una reducción de su aportación a la caja común de entre el 60% y el 80% del déficit (desde el 10% del PIB hasta el 2-4%).
El PSC/PSOE debería tener una postura menos radical pero no se sabe hasta dónde pueden llegar sin tensar la relación con sus aliados.
Asumiendo un escenario optimista, el PSC podría aceptar reducir a la mitad la exigencia mínima de Esquerra, al menos en un primer momento, con el fin de hacer la propuesta más digerible para la militancia del PSOE, entre otros,según Fedea.
De esta manera, la aportación catalana a la caja común sufriría un recorte de entre un 30% y un 60% del objetivo máximo nacionalista de 22.000 millones anuales.
Paso a paso cómo podría beneficiarse Cataluña
- Hoy Cataluña tiene una financiación neta de 25.912 millones de euros. Esto es porque hace una aportación al sistema autonómico de financiación y al Estado de 32.445 millones de euros.
- Si aplicamos la hipótesis de una reducción de su déficit del 30%, eso se traduciría en un aporte a la caja común un 20% inferior al actual del 25.845 millones.
- En ese caso, habría un trasvase de fondos de 6.600 millones anuales, equivalente al 5,34% de la financiación del resto de las autonomías. Y el fondeo neto catalán mejoraría un 25% hasta 32.512 millones.
- Si utilizamos, en cambio, la hipótesis de un recorte del 60% del déficit, su contribución a la caja bajaría un 41% hasta 19.245 millones.
- La transferencia de fondos sería en este escenario de 13.200 millones anuales, el 10,68% de la financiación autonómica, mientras que la Generalitat tendría acceso a un 50% más de fondos: 39.112 millones.
