Las testigos desvelan ante el Tribunal Supremo el cobro de sueldos públicos sin asistir a su puesto y la financiación de gastos personales con fondos del arrestado exministro de Pedro Sánchez.
Las primeras sesiones del juicio por el caso Mascarillas en el Tribunal Supremo han dado un vuelco inesperado.
Lo que comenzó como una investigación sobre contratos sanitarios se ha transformado en un crudo relato sobre el uso de las instituciones públicas como agencias de colocación personal.
Los testimonios de Jésica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, y Claudia Montes, ex Miss Asturias, han apuntalado la tesis de la Fiscalía sobre un presunto delito de tráfico de influencias orquestado desde la cúpula del Ministerio de Transportes.
Jésica Rodríguez compareció protegida y de espaldas, pero su voz fue nítida al describir una relación de dependencia económica que trascendió a la ruptura sentimental en noviembre de 2019.
Ante el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, Rodríguez confesó que el exministro continuó asumiendo sus gastos porque "se sentía en deuda" tras promesas de futuro incumplidas.
Rodríguez desgranó cómo Ábalos, y no su asesor Koldo García, asumía costes de su vida privada:
Matrículas y tecnología: El exministro pagó su matrícula universitaria de Odontología en 2020 y la compra de un teléfono móvil.
Gastos domésticos: Incluso la operación de su gato fue costeada por el dirigente socialista.
Vivienda en Torre de Madrid: Rodríguez habitó un piso en Plaza de España hasta 2021. Aunque reconoció que el empresario Alberto Escolano le enseñó el inmueble y Koldo gestionaba los problemas prácticos, ella fue tajante: "Para mí siempre era el señor Ábalos quien lo pagaba".
Un momento de tensión -que provocó la risa de Ábalos en la sala- ocurrió al leerse un mensaje de la testigo al exministro: "En esta mierda me has metido por el puto piso", tras descubrir que el alquiler no se estaba pagando.
La UCO sostiene que Ábalos utilizó su influencia para colocarla en empresas dependientes de su departamento. Según datos aportados por Ineco, Rodríguez percibió 34.422,16 euros entre 2019 y 2021.
Absentismo: La testigo admitió que no acudía a su puesto en Ineco y que sus partes de trabajo consistían en "tareas administrativas para Joseba" (hermano de Koldo).
Trato de favor: Ignacio Zaldívar, ex cargo de Adif, admitió que Rodríguez era una empleada "especial" porque el propio ministro intercedía ante la presidencia de Adif si se le "molestaba" con trámites ordinarios, como la entrega de cheques comida.
La declaración de Claudia Montes, ex Miss Asturias 2017, reforzó el patrón de contrataciones por amistad.
Montes relató cómo conoció a Ábalos en un mitin en 2019 y, ante su situación de desempleo como madre soltera, el ministro le facilitó los enlaces para entrar en Logirail, filial de Renfe.
Lo más llamativo del paso de Montes por la administración pública fue la descripción de su jornada laboral:
Formación autodidacta: Reconoció que, al no tener escritorio en su oficina y estar "de cara a la pared", acudía en horario de trabajo a la biblioteca de Oviedo para leer libros sobre ferrocarriles.
Ascenso tras el absentismo: José Ángel Menéndez, ex gerente de Logirail, testificó que intentó abrirle un expediente por faltar ocho días al trabajo (falta grave).
Sin embargo, Menéndez fue cesado y su sucesor, Óscar Gómez Barbero, no solo frenó la sanción, sino que la ascendió a supervisora y mejoró su sueldo.
Montes, ante la evidencia de las pruebas, no descartó haber sido beneficiada: "No quiero ser falsa. Por las pruebas que hay en el procedimiento algo han hecho Jose y Koldo".
En ambos testimonios, la figura de Koldo García emergió como el ejecutor operativo de las órdenes del ministro. Jésica Rodríguez lo describió como "la sombra" constante de Ábalos, mientras que Claudia Montes lo identificó directamente como "su jefe" y la persona que la contactó para las entrevistas de trabajo.
La Guardia Civil sostiene que se creó una red de protección para ambas mujeres, donde directivos de Ineco, Tragsatec y Logirail recibían instrucciones para "encajarlas" en puestos de trabajo, a menudo sin funciones reales o con privilegios fuera de convenio.
La contundencia de estas primeras jornadas ha dejado a las defensas en una posición delicada.
El próximo 15 de abril será el turno de Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de Adif e imputada en la Audiencia Nacional, cuyo testimonio será clave para confirmar si las presiones del ministro para favorecer a estas mujeres constituían una práctica sistémica dentro del Ministerio de Transportes.