El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos reales decretos ley destinados a la regulación del mercado residencial y la protección del derecho a la vivienda. Tras una intensa negociación al límite de los plazos entre los socios de la coalición y la presión de las movilizaciones sociales —impulsadas por el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años y acampadas en diversas ciudades con la mayor concentración en Puerta del Sol—, el Ejecutivo de coalición (PSOE-Sumar) acordó dividir las medidas en dos textos para evitar el fracaso del acuerdo. Además, ha solicitado formalmente al Congreso de los Diputados la celebración de un pleno extraordinario este mismo viernes para su convalidación inmediata, dada la urgencia e impacto social de la normativa.
Tensión en el Gabinete y retraso de la reunión del Consejo de Ministros
Las profundas discrepancias entre PSOE y Sumar sobre el alcance de las medidas provocaron un retraso en el inicio de la reunión del Gabinete, programada inicialmente para las 09.30 horas, comenzando finalmente a las 10.33 horas. Algunos ministros de Sumar pospusieron su incorporación al encuentro mientras mantenían conversaciones de última hora, sumándose sobre las 10.50 horas tras cerrarse el acuerdo definitivo.
No es la primera ocasión en que se produce un escenario similar; en marzo de 2026, la reunión del Consejo de Ministros se demoró casi dos horas y media por diferencias en materia de vivienda en el contexto de las medidas por la crisis bélica en Oriente Medio, saldándose también con la división en dos decretos.
Claves del primer decreto: protección social, desahucios y regulación del mercado
El primer real decreto ley reúne la mayor parte de las iniciativas acordadas con los grupos parlamentarios y cuenta, a priori, con el visto bueno de Junts. Entre las medidas incluidas destacan:
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Ampliación de la protección frente a desahucios: Se extiende el marco de protección social hasta el año 2030, superando la propuesta inicial del PSOE que lo fijaba en 2028.
Prórroga de contratos vigentes: Se aprueba una prórroga de dos años para los contratos de alquiler en vigor finalizados hasta 2019, así como para los que venzan antes del 31 de diciembre de 2028.
Freno a la especulación: Se prohíbe la compra de vivienda por parte de fondos buitre hasta el año 2028.
Alquiler de temporada y habitaciones: Se incorpora la regulación de los alquileres de temporada y el alquiler por habitaciones —esta última atendiendo a la exigencia de Sumar tras haber quedado fuera de los borradores previos—.
Segundo decreto: contratos indefinidos y renovación automática del alquiler
Para salvar el bloqueo, el Gobierno acordó tramitar en un segundo real decreto ley la medida relativa a la renovación automática de los alquileres mediante contratos indefinidos.
Esta iniciativa responde a las demandas planteadas por el Sindicato de Inquilinas y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, respaldadas por Sumar, que reclaman extender los contratos de forma indefinida y al mismo precio mientras el arrendatario cumpla con las cuotas, salvo causas justificadas.
Esta división busca evitar el bloqueo total de las medidas, dado que la regulación de los contratos indefinidos concentra las mayores reticencias por parte de las fuerzas conservadoras del Congreso, lo que anticipa un debate complejo durante la sesión plenaria de este viernes.