El cruce de acusaciones entre Interior y el CNI agrava la crisis institucional tras la entrada masiva en Ceuta, investigada ya por la Audiencia Nacional.
Miles de jóvenes marroquíes llegaron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla. EFE
La entrada masiva de más de 60.000 inmigrantes a través de la frontera de Ceuta ha desatado una profunda crisis institucional, política y judicial en España.
El episodio, registrado principalmente durante la madrugada del 30 de julio, ha dejado un trágico balance de cerca de un centenar de personas fallecidas en la zona fronteriza y en el espigón del Tarajal, con cifras de las fuentes de seguridad y municipales que sitúan las muertes entre 88 y 100 personas.
A la catástrofe humana se suma un severo cruce de acusaciones sobre la falta de previsión y medios. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha atribuido la falta de respuesta a que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no emitió ningún informe previo sobre la inminencia del asalto. Sin embargo, fuentes relacionadas con la seguridad del Estado consultadas por la Cadena SER desmienten categóricamente esta versión y afirman que el organismo de inteligencia emitió varias advertencias semanales antes del suceso, alertando de que la amenaza era real tras detectarse un “efecto llamada” derivado de una reciente resolución judicial.
Fuentes del CNI muestran un profundo malestar ante las declaraciones de Grande-Marlaska. Si bien reconocen que no disponían del momento exacto en el que se iba a ejecutar el asalto masivo, insisten en que advirtieron de manera continuada sobre el riesgo. Las alertas del servicio secreto se intensificaron tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 8 de julio, en la que se fijó la prohibición de efectuar devoluciones en caliente de quienes accedan a nado a Ceuta y Melilla. Este pronunciamiento generó un ángulo muerto administrativo que las mafias aprovecharon para movilizar y agolpar a miles de personas en el norte de Marruecos a través de llamamientos en redes sociales.
Desde el ámbito de la seguridad del Estado se critica duramente la gestión del Ministerio del Interior, sosteniendo que la frontera del Tarajal se encontraba infradotada de medios de seguridad para frenar la avalancha.
Por el contrario, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska reitera que no se recibió ningún tipo de aviso o de alerta formal por parte del CNI respecto a la jornada del 30 de julio. Pese a negar los informes de inteligencia, desde Interior sí admiten que desde mediados de julio detectaron un incremento significativo del flujo a nado y que comunicaron al Ministerio de Migraciones que la saturación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se volvería crítica, motivo por el cual se acordó el traslado urgente de 340 camas desde el centro de acogida Las Raíces de Tenerife hacia Ceuta.
Paralelamente, análisis de la Guardia Civil y de los servicios de inteligencia perfilan la estrategia aplicada al otro lado de la frontera. Aunque el CNI descarta que el régimen de Rabat planificara el asalto desde cero —considerándolo más bien una maniobra de oportunismo para presionar a España por sus pretensiones geopolíticas y su posicionamiento internacional—, el Instituto Armado ha detectado la presencia directa del aparato estatal marroquí en el propio perímetro.
A través del análisis en directo del sistema de videovigilancia y la red de cámaras instaladas en la zona, efectivos de la Guardia Civil identificaron a agentes de inteligencia de Marruecos camuflados entre los grupos de migrantes que cruzaban irregularmente a territorio español.
Mandos del cuerpo consideran que esta incursión responde a prácticas habituales de guerra híbrida destinadas a evaluar sobre el terreno la capacidad de respuesta, el despliegue y las debilidades de las fuerzas de seguridad españolas. Esta presencia se vio complementada por testimonios recogidos en la zona y videos difundidos en redes sociales que constatan una actitud pasiva e incluso colaborativa de los gendarmes marroquíes, quienes llegaron a indicar a la multitud las direcciones por las que debían avanzar para rebasar el paso fronterizo.
La dimensión legal de los hechos ha alcanzado la Audiencia Nacional. La magistrada María Tardón ha dictado un auto por el que inicia diligencias previas a raíz de una denuncia presentada por el partido Iustitia Europa.
La jueza ha ordenado a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional un informe urgente sobre la entrada masiva para comprobar si los acontecimientos responden a una acción concertada o dirigida por alguna red delictiva.
La investigación busca determinar la existencia de posibles delitos contra la Seguridad del Estado, tráfico de personas y organización criminal antes de que el juzgado resuelva definitivamente sobre su competencia para instruir la causa.
En el plano político, el impacto del asalto sitúa en una posición delicada a tres figuras clave del Ejecutivo: Fernando Grande-Marlaska en Interior, Margarita Robles en Defensa como responsable orgánica del CNI, y José Manuel Albares en Asuntos Exteriores.
La gestión de este episodio ha acrecentado la tensión política tras las críticas formuladas en una carta conjunta firmada por 22 líderes de la Unión Europea, donde atribuyen la crisis al efecto llamada derivado de las políticas de regularización del Gobierno, dibujando un escenario de severa tensión diplomática tanto a nivel comunitario como internacional.
