La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha dado un paso significativo en el marco del procedimiento judicial conocido mediáticamente como el ‘caso Begoña’.
La institución académica se ha personado formalmente como actor civil en la causa penal seguida contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid (procedimiento derivado del Tribunal de instancia de Madrid plaza número 41), bajo la dirección del magistrado Juan Carlos Peinado.
El objetivo central de la universidad pública es resarcirse por los daños y perjuicios económicos derivados de la supuesta apropiación indebida de un software desarrollado con fondos de la institución.
A través de un escrito de conclusiones provisionales presentado el pasado 13 de mayo, así como mediante acciones legales previas iniciadas en enero de este año con un “escrito de reclamación de daños y perjuicios”, la UCM cuantifica el perjuicio económico directo en una horquilla que oscila entre los 109.140,79 euros detectados en las auditorías iniciales de la intervención universitaria y los 113.509,32 euros fijados en sus conclusiones más recientes.
Esta última cifra incluye tanto los pagos a consultoras externas como los costes del personal técnico y administrativo involucrado en el proyecto.
Caso Begoña Gómez: el origen de la plataforma para pymes
El activo tecnológico en disputa estaba adscrito a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, una estructura académica que Gómez dirigió y codirigió en la universidad pública madrileña hasta el año 2024. El programa informático en cuestión fue diseñado específicamente con la finalidad de asesorar a pequeñas y medianas empresas (pymes) en materia de sostenibilidad, generando informes automáticos sobre el cumplimiento de parámetros de desarrollo sostenible indispensables para que las corporaciones pudieran captar financiación pública o privada.
Los problemas jurídicos se originaron cuando la intervención universitaria y un informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, hecho público recientemente, recopilaron una relación exhaustiva de gastos y servicios contratados entre 2021 y 2024. Según el escrito de la UCM recogido por El Español, parte del código y la estructura de este software desarrollado con fondos públicos acabó alojado en un sitio web propiedad de una empresa privada vinculada directamente a Begoña Gómez, portal comercial donde se ofrecía de forma gratuita una herramienta con funcionalidades prácticamente idénticas a las financiadas por la institución.
Irregularidades administrativas en los contratos con Deloitte y Making Science
Los informes de fiscalización interna y la investigación policial arrojan graves sospechas sobre los procedimientos administrativos empleados para levantar la plataforma. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó profundas irregularidades en la contratación pública. En sus informes, la Benemérita concluyó que las licitaciones se "amoldaron" de manera premeditada a las condiciones predefinidas por la consultora Deloitte Consulting, incumpliendo de forma flagrante la normativa de contratación pública vigente, calificando las adjudicaciones como premeditadas.
La auditoría pormenorizada de los gastos desvela una serie de contratos menores y adjudicaciones tecnológicas destinadas al desarrollo y promoción del software bajo la dirección de Gómez. Los desembolsos económicos reclamados originalmente por la universidad pública se desglosan en las siguientes partidas presupuestarias:
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Deloitte Consulting: Un contrato de 18.148,79 euros.
Deloitte Consulting: Un segundo contrato por un importe de 60.500,00 euros (sumando un total de 78.000 euros pagados a esta consultora).
Making Science Group: Servicios técnicos y prestaciones tecnológicas por valor de 24.200,00 euros.
Myriam Maneyro: Contrato menor de servicios por 3.025,00 euros.
Flat 101: Contrato menor por un importe de 1.815,00 euros.
Low Post: Contrato menor por valor de 1.452,00 euros.
La suma de estas adjudicaciones directas y contratos de servicios asciende exactamente a 109.140,79 euros, base económica sobre la cual la Complutense fundamentó inicialmente su "escrito de reclamación de daños y perjuicios" para exigir la reparación económica por el uso o apropiación de activos financiados con fondos de la cátedra de Gómez.
Contexto judicial y delitos imputados por el juez Peinado
Esta reclamación civil e institucional se integra en la instrucción penal principal pilotada por el juez Juan Carlos Peinado. El pasado mes de abril, el magistrado instructor dictó una resolución en la que propuso juzgar formalmente a Begoña Gómez por la presunta comisión de cuatro delitos de gravedad:
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Apropiación indebida (vinculada al uso del software de la cátedra).
Tráfico de influencias.
Corrupción en los negocios privados.
Malversación de caudales públicos.
El futuro de la causa penal y la validación de la apertura del juicio oral se encuentran actualmente pendientes de la resolución definitiva de la Audiencia Provincial de Madrid. Este tribunal superior deberá determinar si existen indicios suficientes para sentar a Gómez en el banquillo y si el procedimiento debe dirimirse mediante un formato de jurado popular.
En paralelo a la restitución de los fondos, la estrategia jurídica de la Universidad Complutense para blindar su acusación civil contempla la solicitud formal de comparecencia de altos cargos de la propia administración universitaria. Entre los testigos propuestos por la institución para declarar ante el juez Peinado se encuentran la interventora general de la UCM y la gerente de la Escuela de Gobierno, figuras clave para certificar el control de gastos y el desvío de los activos tecnológicos. Este nuevo episodio incrementa la presión sobre el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un caso que mantiene una alta tensión política y mediática en España.
