El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que cerca de medio millón de extranjeros que han obtenido la nacionalidad española a través de la conocida como 'ley de nietos' estarán en condiciones de ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones generales y autonómicas, previstas para el verano de 2027.
En una entrevista publicada este lunes en el diario El País, el titular de Memoria Democrática ha detallado el ritmo de tramitación de estos expedientes. "Ya tienen pasaporte más de 300.000 y cerca de 600.000 lo tienen reconocido", ha explicado Torres, matizando que el proceso completo de resolución "puede tardar años, como pasó con la Ley de Memoria Histórica". Sin embargo, las estimaciones del Ejecutivo apuntan a que para el término de la actual legislatura se alcanzará la cifra de los 500.000 nuevos electores.
El impacto de la 'ley de nietos' en las elecciones generales y autonómicas de 2027
La incorporación de este medio millón de nuevos ciudadanos coincidirá con un año clave en el calendario democrático español. En el verano de 2027 se cumplirán los cuatro años de la legislatura, fecha en la que están previstos los comicios generales.
Además de la votación a las Cortes Generales, este censo exterior tendrá un papel directo en los comicios de una decena de comunidades autónomas que previsiblemente convocarán elecciones ese mismo año. Los nuevos nacionales podrán emitir su voto desde el extranjero en las autonomías de Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares, La Rioja, Navarra, Asturias y Murcia.
Las provincias de inscripción y el peso del arraigo en Argentina
A pesar del volumen de nuevos ciudadanos, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática todavía no dispone de los datos desglosados para informar sobre las provincias o circunscripciones electorales exactas en las que serán inscritos estos votantes. Según adelantó 20minutos y ha confirmado el ministro, la adscripción se realiza en función del lugar de nacimiento del antepasado español. "Tiene que haber alguna razón objetiva y documentada de arraigo", ha recordado.
No obstante, Torres ha aportado un indicador relevante sobre la posible distribución geográfica del voto: casi el 50% de las solicitudes se han presentado en Argentina. Al tratarse de un país con una importante colonia histórica de emigrantes de origen gallego, canario y asturiano, el ministro deja entrever que Galicia, Canarias y Asturias podrían ser las comunidades que registren un mayor número de inscripciones en sus censos.
Torres responde al PP y rechaza las acusaciones de "ingeniería electoral"
El anuncio ha reavivado la confrontación política en torno a la normativa. El ministro ha cargado con dureza contra el Partido Popular (PP) y su líder, Alberto Núñez Feijóo, quien había denunciado una presunta "ingeniería electoral" por parte del Gobierno. Torres ha recordado que administraciones previas de distinto signo político actuaron de forma similar: "Felipe González hizo dos modificaciones legislativas en ese sentido y con Aznar se ampliaron los derechos para la adquisición de la nacionalidad española".
"Ni hemos acelerado ni hemos hecho nada que no se hubiera hecho en el pasado", ha subrayado el ministro para rechazar las críticas de la oposición.
Asimismo, Torres ha tildado de "bastante hipócrita" la postura de los populares, acusándolos de decir "una cosa en Madrid y otra en Buenos Aires". Ante los cuestionamientos sobre el sentido del voto de los nuevos nacionales, el titular de la cartera ha defendido la imprevisibilidad del electorado: "Cada uno votará lo que le dé la gana, ¿o es que el PP ya sabe lo que van a votar?".
Polémica por la instrucción que presume la condición de exiliado
Otro de los puntos de fricción con la oposición se centra en la ampliación del alcance de la 'ley de nietos' mediante una instrucción técnica que presume la condición de exiliado a todos los españoles que emigraron entre los años 1936 y 1955.
Frente a los reproches del PP por utilizar esta vía, el ministro ha aclarado que la medida busca amparar a "los que se fueron por cuestiones de carácter social y económicas producidas por una dictadura que hizo involucionar a España". Además, Torres ha manifestado su sorpresa por la idoneidad del debate actual, recordando que el marco normativo no es nuevo: "Esa instrucción es de 2022 y no entiendo por qué la polémica surge ahora".
