El Supremo rechaza la petición de Vox e Iustitia Europa para el 29-N pese a admitir que la medida cautelar sobre los 189.678 electores era de "pura lógica".
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado mantener en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a 189.678 personas que podrán ejercer su derecho al voto el próximo 29 de noviembre.
La decisión, adoptada por una mayoría de cinco votos a uno, desestima la pretensión de apartar cautelarmente a los hijos mayores de edad de los beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática, pese a que la propia resolución admite que su inclusión incurre en una contradicción jurídica con los criterios fijados previamente por el propio tribunal.
La Sala, con ponencia del magistrado Manuel Delgado (exdirector de la Secretaría Técnica de la Junta Electoral Central), rechaza así la solicitud presentada por los partidos Vox e Iustitia Europa. La resolución judicial concluye que la falta de margen temporal para ejecutar los trámites administrativos oportunos y la necesidad de priorizar el principio de seguridad jurídica impiden suspender de forma cautelar la participación de este grupo de electores en las urnas consulares.
El pronunciamiento se desvía del criterio seguido por el propio Tribunal Supremo durante los últimos dos meses, período en el que la Sala había defendido que resultaba prioritario "preservar el CERA de todo atisbo de irregularidad". El origen del conflicto se remonta al pasado 10 de septiembre, fecha en la que el alto tribunal acordó la suspensión cautelar del sufragio de más de 163.000 nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática que no habían probado la condición de exiliados políticos de sus ascendientes durante el franquismo.
Aquellos ascendientes —los denominados 'nietos'— obtuvieron la nacionalidad tras una Instrucción del Ministerio de Justicia que ordenó a las oficinas consulares presumir el exilio de los familiares que salieron de España entre 1936 y 1955. Al amparo de la citada ley, la concesión de la nacionalidad se extendió asimismo a los hijos mayores de edad de dicho colectivo, sumando los 189.678 electores objeto de la presente resolución.
A pesar de que los magistrados reconocen que la suspensión de los hijos constituye una "consecuencia directa y necesaria" de la medida adoptada sobre los progenitores —al ser la filiación su único título jurídico de acceso a la nacionalidad—, la Sala ha optado por mantenerlos en el censo ante la la imposibilidad de tramitar los requerimientos con garantías procesales antes de la jornada electoral.
En su fundamentación, la resolución precisa que la petición de ampliación cautelar por parte de Vox e Iustitia Europa se formalizó transcurrida más de la mitad del periodo electoral, a una semana del arranque de la campaña y a quince días del inicio del depósito de votos en los consulados.
El tribunal subraya que apartar cautelarmente a este grupo requeriría un complejo despliegue administrativo:
Requerimientos a los ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia para certificar la filiación y acreditaciones de exilio.
Traspaso de datos por la Oficina del Censo Electoral al CERA.
Emplazamiento formal a los interesados para presentar alegaciones.
Resolución de reclamaciones por la propia Sala y custodia de la documentación electoral.
Frente a la exigencia de "limpieza y pulcritud" del censo invocada en los autos de septiembre, la mayoría de la Sala concluye que en esta fase del calendario prima la estabilidad procesal. Según expone el texto, alterar la relación de electores sin el margen temporal indispensable resulta contrario a la seguridad jurídica, la cual exige que el censo permanezca cerrado con la debida antelación a la votación.
La decisión mayoritaria cuenta con el voto particular del magistrado Antonio Fonseca-Herrero, único integrante de la Sala que ha discrepado del fallo. En su escrito, el juez sostiene que la exclusión de los hijos de los 'nietos' sí resultaba ejecutable en tiempo y forma antes de la cita con las urnas del 29-N.
Fonseca-Herrero argumenta que la labor de comprobación se limitaba a cruzar el censo con los 901 descendientes que, según los datos aportados por la Abogacía del Estado, sí han acreditado documentalmente el exilio de sus ascendientes conforme a las exigencias de la Ley de Memoria Democrática.
El magistrado concluye en su voto que dicha verificación no presentaba una complejidad técnica capaz de paralizar la dinámica electoral y advierte de que, si la medida cautelar era imprescindible para asegurar la eficacia de la sentencia sobre los progenitores, resultaba "ineludible" aplicar idéntico criterio a los hijos con el objetivo de mantener una actuación internamente cohesionada.