La Junta Electoral Central (JEC) tiene previsto pronunciarse este jueves sobre una serie de reclamaciones de gran calado político que podrían alterar el procedimiento de sufragio de los españoles residentes en el exterior. El organismo arbitral examinará la petición de Vox para suprimir la modalidad de voto por correo para los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Asimismo, la JEC estudiará más de una decena de escritos presentados por particulares y diversas organizaciones contra la aplicación de la conocida como 'ley de nietos', la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática que posibilita la obtención de la nacionalidad a descendientes de exiliados.
Vox solicita la suspensión del voto por correo para los residentes en el extranjero
La iniciativa principal, impulsada por la formación de Santiago Abascal, exige retirar la opción de voto postal para los electores que se encuentran fuera de España, de modo que estos ciudadanos solo puedan ejercer su derecho al sufragio de manera presencial en las sedes de los consulados o embajadas correspondientes. Para justificar esta petición, el partido señala una asimetría en las garantías de seguridad del proceso y argumenta que, mientras en el territorio nacional se exige la identificación plena del elector tanto al solicitar el voto por correo como al realizar su entrega, en el extranjero la documentación se remite de manera automática a todos los integrantes del censo CERA, sin que se requiera verificación de identidad alguna al depositar el voto en los sistemas postales de los respectivos países.
Denuncias de opacidad en el censo y la gestión de la 'ley de nietos'
El debate ante la JEC no se limita únicamente a la vía de remisión del voto, sino que afecta directamente a la legitimidad del censo de residentes ausentes. Vox ha reclamado la paralización de todo el procedimiento de acceso y admisión en el CERA al considerar que se está gestionando con una enorme opacidad, acusando al Gobierno de haber dejado en manos de autoridades extranjeras una parte sustancial del proceso de nacionalización y de incorporación de estos electores emigrados al censo. La formación justifica esta iniciativa en la necesidad de responder a lo que califica como un golpe de Estado a cámara lenta, el cual afirma que es impulsado por el Ejecutivo desde el año 2022 a través de la vía de concesión de la nacionalidad a hijos y nietos de exiliados y emigrantes contemplada en la Ley de Memoria Democrática.
Presión de organizaciones y particulares ante el organismo electoral
La Junta Electoral Central no solo analizará la postura de Vox en su sesión de este jueves, sino que también tiene sobre la mesa más de diez escritos de queja remitidos por ciudadanos particulares, el sindicato CSIF, la plataforma Hazte Oír y el partido Iustitia Europa. En esta línea, la asociación Hazte Oír se ha sumado a las denuncias tachando la situación de fraude electoral y golpe de Estado, respaldando su petición ante la JEC con la entrega de más de 126.000 firmas de ciudadanos en contra de la aplicación de la mencionada norma. Por su parte, Iustitia Europa ha requerido formalmente un pronunciamiento del órgano arbitral sobre esta vía de nacionalización, acusando al Gobierno de utilizar este mecanismo legal con el fin de manipular el censo electoral.
Reclamaciones de control sobre el empadronamiento de los nuevos nacionales
En el paquete de medidas de control remitidas a la Junta Electoral Central, se incluye una petición expresa orientada a regular el empadronamiento municipal de aquellos ciudadanos que adquieran la nacionalidad por esta vía y que ya se encuentren residiendo en territorio español. La propuesta exige que la Oficina del Censo informe a los ayuntamientos y a los responsables del Registro Civil para que solo se permita el empadronamiento de estos nuevos nacionales si acreditan de forma fehaciente que su familiar directo sufrió el exilio por los motivos previstos en la ley. De este modo, se busca impedir el registro en los padrones municipales en aquellos casos en los que dichas razones de exilio se hayan meramente presumido al amparo de la instrucción de la Ley de Memoria Democrática.
