El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enfrenta una situación política cada vez más compleja. Después de una sesión parlamentaria tensa, marcada por los escándalos de corrupción que salpican al entorno del PSOE y las demandas de sus socios de investidura, Sánchez se encuentra en una cuerda floja.
Ahora, los partidos que apoyaron su investidura están exigiendo una serie de medidas concretas, que de no cumplirse podrían desencadenar una crisis de gobernabilidad.
La agenda social de Sumar
Sumar se ha colocado en el centro de esta presión, planteando claramente sus demandas para seguir apoyando a Sánchez. La portavoz de la coalición, Yolanda Díaz, exigió al presidente que se aceleren las medidas sociales que quedaron en el aire tras su investidura. Desde el grupo parlamentario magenta consideran que el Gobierno no ha cumplido con su parte, especialmente en relación con la agenda social. Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Sumar, subrayó la falta de concreción en los compromisos asumidos por Sánchez y pidió un calendario claro de medidas, para garantizar que las promesas se conviertan en acciones concretas.
En particular, desde Sumar reclaman avances en áreas clave como la creación de la Agencia de Integridad Independiente, un organismo anticorrupción que debe ser impulsado directamente por el grupo parlamentario magenta, y que esperan que se constituya a partir de septiembre. Además, Díaz y otros miembros de Sumar han insistido en la necesidad de avances en derechos laborales, como la creación de un permiso parental retribuido de ocho semanas, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y la puesta en marcha de medidas anticorrupción, que ya fueron esbozadas por Sánchez en su comparecencia ante el Congreso.
Sin embargo, la coalición no está dispuesta a esperar más tiempo. Según fuentes de Sumar, el PSOE sigue ofreciendo plazos de entre doce y veinticuatro meses para implementar algunas de estas reformas, algo que ha sido criticado por los magentas. Desde este grupo, insisten en que el Ejecutivo debe actuar con "contundencia" y en menor tiempo, especialmente cuando dependa directamente del Consejo de Ministros. La falta de avances concretos en estas áreas socava la credibilidad del Gobierno ante sus socios, y la coalición teme que esta parálisis pueda desencadenar una pérdida de apoyo parlamentario.
Las demandas de ERC
En paralelo, ERC ha aprovechado la debilidad de Sánchez para poner sobre la mesa demandas que considera inaplazables.
El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha reclamado al Ejecutivo una celeridad en la transferencia de competencias fiscales a la Generalitat de Cataluña, en especial la gestión del IRPF.
Este reclamo se basa en el acuerdo alcanzado entre ERC y el PSC para permitir la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.
Según Junqueras, la cesión de la gestión del IRPF, que representa una gran parte de los ingresos fiscales en Cataluña, permitiría a la Generalitat disponer de hasta 25.000 millones de euros anuales adicionales, lo que supondría una mejora sustancial para las finanzas autonómicas.
En este sentido, ERC ha anunciado que presentará una proposición de ley en el Congreso para modificar las normativas fiscales y otorgar a Cataluña el control sobre estos tributos.
ERC no solo ha exigido avances en la cesión del IRPF, sino que también ha condicionado su apoyo a la financiación singular para Cataluña. La formación republicana ha señalado que la reunión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, prevista para el lunes, debe concretar los detalles de este acuerdo, que fue uno de los puntos clave del pacto para la investidura de Sánchez. Junqueras ha sido claro al señalar que, si no se avanza en estos temas, el futuro del Ejecutivo podría verse comprometido.
Las condiciones que puso Junts
Junts, otro de los socios de Sánchez, ha dejado en claro que su apoyo al Gobierno también está condicionado al cumplimiento de los acuerdos pactados en Bruselas. Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ha advertido que la "prórroga" de su apoyo al Gobierno no durará toda la legislatura.
En particular, Junts sigue exigiendo la aplicación efectiva de la ley de amnistía, que permitiría el regreso de Carles Puigdemont, y la oficialidad del catalán en la Unión Europea.
Además, Junts ha pedido avances en el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña, un acuerdo que se pactó en marzo pero que aún no ha sido implementado.
El mensaje de Junts es claro: si Sánchez no cumple con estos compromisos, la "prórroga" de su apoyo terminará antes de lo esperado.
La formación independentista también ha presentado enmiendas a la ley de Bolaños, centradas en la creación de un Poder Judicial catalán con capacidad para designar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y limitar el poder de la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas en los casos relacionados con Cataluña.
PNV, EH Bildu, Compromís y el BNG también se suman a la fila de reclamos
PNV y EH Bildu tampoco se quedan atrás en sus exigencias. El PNV ha pedido avances en el traspaso de competencias en materia de Seguridad Social, un compromiso pendiente que, según el partido, debe cumplirse según lo acordado en el Estatuto de Gernika. EH Bildu, por su parte, ha reclamado la derogación de la ley de secretos oficiales del franquismo, así como el cumplimiento del acuerdo para tumbar la ley mordaza.
A pesar de sus exigencias, EH Bildu ha dejado claro que, por el momento, no están dispuestos a hacer caer al Gobierno, aunque seguirán presionando para que se cumplan los acuerdos.
Por otro lado, Compromís y el BNG también han puesto sobre la mesa sus propias demandas. Compromís, liderado por Águeda Micó, ha expresado su frustración por los incumplimientos del Gobierno en áreas como la financiación autonómica y las inversiones en infraestructuras. El BNG, por su parte, ha exigido el traspaso de la AP-9, una modernización de las carreteras gallegas y la creación de una red de cercanías en Galicia. También reclaman que el Estado asuma el 50% del coste de la ley de dependencia, un tema crucial para las familias gallegas.
En este contexto, Podemos ha decidido romper públicamente con el Gobierno, posicionándose en la oposición y acusando al PSOE de estar al servicio de los intereses de las grandes empresas.
El escenario político para Pedro Sánchez es ahora más incierto que nunca. Si bien ha recibido el apoyo de sus socios para superar la sesión del Congreso, las tensiones internas dentro del Gobierno están en aumento. Los aliados de Sánchez han comenzado a presionarlo con sus demandas, y su paciencia tiene límites. En un contexto de creciente malestar por los escándalos de corrupción y el incumplimiento de algunos acuerdos, el presidente se enfrenta a un desafío mayúsculo: o cumple con las exigencias de sus socios o podría enfrentar el colapso de su Gobierno.
El tiempo corre, y las facturas pendientes están sobre la mesa.
