El Pleno del Congreso rechazó los dos decretos de vivienda, incluyendo la prohibición de desahucios a personas vulnerables y la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año, con los votos del PP, Vox, Junts y UPN. Y luego, en una votación aparte el PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y UPN también han juntado sus votos en el Congreso para rechazar el decreto ley aprobado por el Gobierno para renovar automáticamente los contratos de alquiler y que obligaba al propietario a indemnizar al inquilino con doce mensualidades si decidía romper el contrato.
Con ese resultado, el primer decreto ley de Vivienda que el Gobierno aprobó el pasado martes ha quedado derogado, con lo que su vigencia ha sido de poco más de 24 horas, las transcurridas desde su entrada en vigor a las cero horas de este jueves.
La derrota parlamentaria se convirtió en un problema para Pedro Sánchez que deberá decidir si adelanta las elecciones o ignora su debilidad hasta el 2027.
Y es que los decretos de Sánchez fueron una respuesta directa a las protestas generadas por el desahucio de Maricarmen, una vecina de Retiro de 87 años que se convirtió en un símbolo de la crisis de vivienda en España. La sobreactuación no funcionó: terminó en fracaso político y ahora el presidente español deberá lidiar con su propia crisis de gobierno, cuando los casos de corrupción y la invasión de Ceuta ya lo hacían pender de un hilo.
El debate en el Congreso
En la sesión, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, había pedido a los grupos de oposición y especialmente a Junts que se movieran a la abstención para permitir la convalidación de la norma. "La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan", avisó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Al final, el resultado ha sido de 172 votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG, CC y Compromís, frente a 178 del PP, Vox, Junts y UPN. "En consecuencia, queda derogado el decreto ley", ha zanjado la presidenta del Congreso, la socialista, Francina Armengol.
Segundo decreto
El PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y UPN también han juntado sus votos en el Congreso para rechazar el decreto ley aprobado por el Gobierno que obligaba al propietario a indemnizar al inquilino con doce mensualidades si decidía romper el contrato.
Con ese resultado, este segundo decreto ley de Vivienda, impulsado por Sumar a instancias del Sindicato de Inquilinas, ha quedado derogado tras haber estado en vigor apenas unas pocas horas, las transcurridas desde su entrada en vigor a las cero horas de este viernes.
El resultado ha sido de 166 votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos, BNG y Compromís, frente a 184 del PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y UPN.
A instancias de PSOE y Sumar, la votación ha sido pública y por llamamiento, con lo que cada diputado se ha ido poniendo en pie desde su escaño para decir su voto a viva voz. El líder de Vox, Santiago Abascal, y algunos de sus correligionarios, han aprovechado para añadir también "No a la traición" o "No al gobierno corrupto".
Calendario y plazos legales ante un posible adelanto electoral
De confirmarse el escenario barajado por el equipo del presidente Pedro Sánchez, la fecha con mayor probabilidad para las elecciones generales es el próximo domingo 29 de noviembre de 2026. En caso de no producirse un anuncio inmediato tras la sesión parlamentaria, otra alternativa en análisis situaría los comicios en la semana posterior, el domingo 6 de diciembre, coincidiendo con el día de la Constitución.
El marco legal que rige el procedimiento electoral está determinado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). En concreto, su artículo 42 establece que los decretos de convocatoria deben señalar la fecha de las elecciones para el día quincuagésimo cuarto (54) posterior a su entrada en vigor, la cual se efectúa de forma inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Para fijar la jornada electoral en el 29 de noviembre, el cronograma oficial de plazos de la LOREG se estructuraría de la siguiente manera:
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Viernes 2 de octubre: Posible anuncio público de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones generales. Si el anuncio no se realiza este viernes, la firma y expedición del decreto tendría lugar como fecha límite el lunes 5 de octubre.
Martes 6 de octubre: Publicación oficial del decreto de disolución y convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrada en vigor. A partir de este día se inicia el cómputo de los 54 días fijados por ley.
Miércoles 7 de octubre: Constitución formal de las juntas electorales provinciales y de zona conforme a la normativa vigente.
Del 21 al 26 de octubre: Plazo de presentación de candidaturas electorales.
Viernes 13 de noviembre: Inicio oficial de la campaña electoral a las 00:00 horas, con una duración legal de 15 días.
Sábado 28 de noviembre: Jornada de reflexión.
Domingo 29 de noviembre: Celebración de las elecciones generales.