Este martes 1 de junio de 2026, Pedro Sánchez cumple ocho años como presidente del Gobierno en su momento de mayor vulnerabilidad política. El balance de su gestión deja una anomalía institucional difícil de sostener en un sistema democrático: gobernar el país habiendo aprobado solo tres presupuestos generales en casi una década.
Sánchez llegó al poder en 2018 de forma inédita mediante una moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy tras la sentencia del 'caso Gürtel'. Lo hizo prometiendo estabilidad, a pesar de contar con apenas 84 diputados en el Congreso. Ocho años después, el ciclo político nacido con vocación transitoria se ha convertido en uno de los periodos más prolongados y convulsos de la historia reciente de España, marcado por la inestabilidad parlamentaria, la polarización territorial y un severo desgaste judicial.
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Begoña Gómez y Pedro Sánchez.
El cerco judicial de la corrupción: de los rescates exprés a las causas del entorno presidencial
La narrativa de la "regeneración democrática" con la que Pedro Sánchez justificó la moción de censura de 2018 se encuentra hoy completamente diluida por una sucesión de escándalos y frentes judiciales que cercan al entorno del partido, de la sede federal de Ferraz y del propio palacio de la Moncloa:
La anomalía presupuestaria: el bloqueo como forma de supervivencia política
La andadura de Sánchez con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) evidencia una incapacidad crónica para tejer mayorías parlamentarias estables. En 2018 tuvo que gobernar con las cuentas heredadas del PP; en 2019, el rechazo de los partidos independentistas catalanes a sus primeros presupuestos forzó un doble proceso electoral que terminó alumbrando el primer Ejecutivo de coalición con Unidas Podemos (con Pablo Iglesias como vicepresidente).
Tras la tregua legislativa obligada por la covid-19, el Ejecutivo de coalición —conformado hoy junto a Sumar— logró sacar adelante únicamente tres presupuestos generales (2021, 2022 y 2023). Desde entonces, el bloqueo ha sido absoluto. Ante la imposibilidad de cerrar los apoyos necesarios con sus socios, el Gobierno ha renunciado a presentar nuevas cuentas públicas.
Como consecuencia, los presupuestos de 2023 se han convertido en los más longevos de la historia reciente del país. La Moncloa ha convertido la prórroga sistemática en una herramienta de supervivencia para intentar agotar la legislatura sin someterse al examen del Congreso.
El precio de los pactos parlamentarios y la agenda territorial
Para mantenerse en el poder tras las elecciones generales de 2023 —donde la imposibilidad del Partido Popular de reunir una mayoría suficiente le otorgó una nueva oportunidad—, Sánchez ha tenido que articular una compleja aritmética con formaciones ideológicamente contrapuestas como Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG.
Este ecosistema de alianzas ha convertido cada votación en una prueba de resistencia extrema y ha supeditado la agenda legislativa a las exigencias del nacionalismo:
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Los indultos y la amnistía: La estrategia de diálogo con Cataluña para mitigar las consecuencias del procés se tradujo primero en los indultos de 2021 y, posteriormente, en la polémica Ley de Amnistía. Esta última medida ha desatado una intensa confrontación institucional y social, siendo calificada por la oposición como una cesión inaceptable a cambio de votos de investidura.
Controversias institucionales: El mandato ha estado atravesado por debates de fuerte desgaste, como el espionaje mediante el programa Pegasus, la reforma del delito de malversación para favorecer a socios de investidura y las constantes fricciones con el Poder Judicial.
Un escudo social erosionado por la inflación y los parches legislativos
El Gobierno justifica la precariedad de sus apoyos exhibiendo una batería de reformas e indicadores macroeconómicos, fuertemente respaldados por la inyección de cerca de 80.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation. Tras la reforma laboral de 2022 y el aumento de la población activa impulsado por el flujo migratorio, el primer trimestre de 2026 cerró con récords de 22,3 millones de personas ocupadas.
Sin embargo, este escaparate de cifras choca con deficiencias estructurales y parches legislativos que no solucionan el día a día de los ciudadanos:
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El fracaso habitacional: Normas de gran carga simbólica como la Ley Estatal de Vivienda han visto vaciada su eficacia debido a que su aplicación práctica está fragmentada y depende de cada comunidad autónoma. El Consejo Económico y Social (CES) ya advierte en su memoria de 2025 que la vivienda es una amenaza directa para la cohesión social.
Inflación cronificada y devaluación salarial: La crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania en 2022 y el posterior conflicto en Irán (2026) dispararon los precios. A pesar de la moderación de la inflación general, la cesta de la compra sigue en niveles prohibitivos. Los salarios reales no han acompañado esta subida y siguen por debajo de los niveles previos a la crisis de 2008.
La trampa del SMI: Aunque el Salario Mínimo Interprofesional ha subido de los 735,90 euros en 2018 a los 1.221 euros en 2026, este repunte se ha ejecutado de forma aislada, sin arrastrar al resto de las escalas retributivas y comprimiendo los salarios medios en torno a la retribución mínima.
A pesar de las demandas de dimisión, el desgaste acumulado y el cerco judicial de esta última semana, Pedro Sánchez descarta un adelanto electoral y fía su supervivencia a resistir hasta el horizonte de 2027.
